Según la MOE, para estas votaciones, "204 municipios (de los más de 1.100 del país) presentan algún nivel de riesgo"

En Colombia, la corrupción amenaza las elecciones regionales del próximo 25 de octubre más que la violencia del conflicto armado de más de cinco décadas, en medio de un avanzado proceso de paz y cuando rige una tregua unilateral decretada por la guerrilla FARC.

Por muchos años, los comicios para elegir a gobernadores y diputados departamentales, y alcaldes y concejales municipales, habían estado marcados por ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y otros grupos insurgentes surgidos en los años 1960, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero también por el impacto de grupos paramilitares de derecha, nacidos para combatir a los rebeldes, y que en las décadas de 1990 y 2000 presionaban, intimidaban y acosaban a votantes y dirigentes para forzar resultados a partir de las armas.

Sin embargo, en esta convocatoria, en la que al menos 33 millones de colombianos están llamados a las urnas, el fraude es el gran fantasma. “Más que los temas de violencia, que se siguen manteniendo en algunas regiones del país, (…) el tema de la corrupción y el intento de candidatos o campañas de no seguir las reglas del juego, terminan generando mayor riesgo”, dijo Alejandra Barrios, directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE).

Con la paz con las FARC anunciada a más tardar para el próximo 23 de marzo; los diálogos preliminares en curso con el ELN, segunda guerrilla de Colombia; la desmovilización de unos 32.000 paramilitares hace casi una década, y la detención de decenas de políticos por vínculos con esas milicias irregulares surgidas para combatir guerrillas, las alertas electorales cambian.

“Veníamos viendo este cambio de tendencia desde las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado”, apuntó Barrios.

Según la MOE, para estas votaciones, “204 municipios (de los más de 1.100 del país) presentan algún nivel de riesgo”.

Esto supone una disminución con respecto a las dos últimas elecciones -de 52,4% con respecto a 2007, el momento más álgido de la asociación entre grupos paramilitares y políticos, y de 15,3% frente a 2011-, pero sigue preocupando a la autoridad electoral.

Detección en tiempo real:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya anuló casi 51% de las nuevas inscripciones de cédula en 350 municipios (de los más de 1.000 del país) por trashumancia, el fenómeno por el cual un votante recibe dinero por sufragar en una jurisdicción donde no reside. Además, revocó preliminarmente la candidatura de casi 600 de los 113.426 aspirantes inscritos, por algún tipo de inhabilidad.

La clave para estas detecciones tempranas reside en un nuevo sistema de registro que permite verificar en tiempo real las inscripciones de cédula.

Basándose en esos datos, la Fiscalía citó al menos a 600 personas por “casos de corrupción electoral”, que pueden acarrear penas de entre cuatro y 12 años de prisión.

El fenómeno no es nuevo, aunque las investigaciones sí.  “Como son prácticas que existen desde hace mucho tiempo, y que nunca han sido sancionadas, se han vuelto banales, bastante normales”, señaló el politólogo Yann Basset.

Para el director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, “justamente el hecho de que ya no haya los tipos de delitos de antes, como las coacciones como el paramilitarismo, hace que los políticos estén recurriendo de manera muy importante a trampas ‘suaves’ pero efectivas para cambiar resultados”.

Violencia baja, pero persiste:

La corrupción es un flagelo mayor que los ataques vinculados a la conflagración interna pero la violencia en sí no desapareció: en 59 municipios coinciden el peligro de fraude electoral y de violencia, de acuerdo con la MOE.

Aunque “sin vinculación con organizaciones criminales visibles”, la violencia es “generalizada” y “recurrente” en todo el país y se presenta como “un medio de acción al que parecen recurrir campañas políticas en su búsqueda de acceso a la administración pública”, precisó el informe.

Cifras de la Fiscalía citadas este domingo por el diario El Tiempo dan cuenta de 2.817 investigaciones contra candidatos por narcotráfico, 1.076 por tráfico y porte ilegal de armas, y 822 por concierto para delinquir.

El desplazamiento y las amenazas a la libertad de expresión también generan inquietud, luego de que este mes una periodista que informaba sobre corrupción, elecciones y bandas criminales en el departamento del Huila (centro) fuera asesinada, al igual que un concejal-candidato de un municipio del departamento de Nariño (suroeste), días después.

“En Colombia, el ejercicio de la política sigue siendo una actividad peligrosa”, apuntó Barrios. AFP