Cerca del 14% del territorio de Colombia fue abandonado u ocupado por la fuerza durante el conflicto armado de más de medio siglo en el país, afectando en particular a comunidades indígenas y negras, según un informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado este miércoles.
“Al menos ocho millones de hectáreas de tierras (aproximadamente el 14% del territorio de Colombia) han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto”, señaló la ONG de defensa de los derechos humanos basada en Londres.
“Estos abusos y violaciones de derechos humanos han estado dirigidos sobre todo contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”, agregó en el reporte “Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz”.
Más de seis millones de personas fueron desplazadas durante el conflicto armado interno colombiano, que desde los años 1960 ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.
Los problemas de tierras de Colombia en cifras
48,2 millones: número de personas que viven en Colombia (estimación de 2015).
50: número de años que Colombia lleva inmersa en un conflicto armado.
260.000: número de personas, la mayoría civiles, que han perdido la vida desde que comenzó el conflicto armado en la década de 1960. Decenas de miles de personas han sido víctimas de secuestro o desaparición forzada desde entonces.
Unos 6 millones: número de personas que han sufrido desplazamiento forzado.
Al menos 8 millones: número de hectáreas de tierra que han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto, aproximadamente el 14% del territorio de Colombia.
Al menos 1,4 millones: número de indígenas en Colombia. Más del 70% viven en zonas rurales.
Casi medio millón: número de personas indígenas que no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra.
Entre 4 y 10 millones: número de personas en Colombia que se identifican como afrodescendientes.
Según AI, “el acceso a tierras ricas en recursos y el uso de esas tierras es una de las cuestiones más cruciales en las negociaciones de paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla activa, que se desarrollan en La Habana desde hace casi tres años. “Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que se prioricen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras”, dijo Erika Guevara, directora del Programa Regional para América de AI, citada en un comunicado.
La restitución de tierras adquiridas por medio de violencia, intimidación y corrupción “ha avanzado con gran lentitud”, indicó por otra parte la ONG sobre una ley de 2012 que busca retornar a sus dueños los terrenos ocupados durante la conflagración interna.
El informe destaca los dos únicos casos en los que la justicia retornó sus tierras a dos comunidades: el de Alto Andágueda (Chocó, oeste, de unas 1.400 familias), en septiembre de 2014, y el de Renacer Negro (Cauca, suroeste, de 762 familias), en julio de 2015.
“AI ha documentado numerosos casos en los que miembros de las comunidades que intentan oponerse a intereses mineros exteriores y reclaman su derecho a su propia minería artesanal y otros derechos territoriales han sido objeto de amenazas, desplazamiento forzado u homicidio”, dice el informe, que acusa a las autoridades de practicar una “política deliberada para expulsar a la población de las zonas ricas en recursos naturales”.
Muchas de las personas que abandonaron el campo lo hicieron “después de años de amenazas y homicidios”, agrega.
En Colombia hay 1,4 millones de indígenas, de los cuales más del 70% viven en zonas rurales, y entre cuatro y 10 millones de colombianos se consideran afrodescendientes, según los datos oficiales recogidos en el informe. AFP, Amnistía Internacional
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