El ELN, la última guerrilla activa de Colombia y que negocia la paz, calificó de “fracaso rotundo” el acuerdo de 2016 entre el disuelto grupo rebelde FARC y el gobierno para superar medio siglo de conflicto armado.

Ningún otro momento como este puede ser más claro para ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria (…) luego del fracaso rotundo del camino de las negociaciones y los acuerdos entre las desaparecidas FARC y la oligarquía colombiana: Nicolás Rodríguez Bautista (“Gabino”), comandante máximo de la guerrilla guevarista.

“Gabino” aseguró que el pacto que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista deja “grandes lecciones” en momentos en que representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) negocian en Cuba un acuerdo similar con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Los que fueron FARC, ni son hoy fuerza insurgente ni un real partido legal y esa gran lección es para aprenderla en lo más profundo”, agregó el líder rebelde en una carta fechada el 4 de julio pero publicada este martes en páginas web de los insurgentes.

Archivo. Quito, octubre 2016. / AFP PHOTO / RODRIGO BUENDIA

Santos, que dejará el poder en agosto, busca con el ELN firmar un pacto semejante al acordado con las FARC que permita la “paz completa” para una nación ensangrentada.

Su sucesor, el derechista Iván Duque, ha prometido modificar lo suscrito con las FARC y endurecer las condiciones para continuar las pláticas con los “elenos”, que sin embargo han reiterado su disposición para mantener los diálogos.

“Después de las elecciones en nuestro país queda un presidente que representa los más rancios intereses oligárquicos”, aseguró el comandante del ELN.

Las FARC, que fueron la guerrilla más poderosa de América, firmaron un histórico pacto de paz a finales de 2016 tras cuatro años de conversaciones en la capital cubana. Por lo convenido, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas y formaron el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que tendrá diez escaños en el parlamento a partir del 20 de julio.

Los exguerrilleros han denunciado incumplimientos estatales en la implementación de lo acordado, entre ellos falta de garantías de seguridad para sus excombatientes y de participación política.

Además, han calificado de “perfidia” los cambios realizados en el Congreso al sistema de justicia para juzgar a exguerrilleros y militares por crímenes cometidos durante los enfrentamientos.

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