Por: Francisco Manrique. 

En los blogs de las semanas anteriores (Rol de la Academia en un post acuerdo, El rol de los empresarios y las Fuerzas Armadas en el post conflicto), he escrito sobre el rol de las universidades, los empresarios y las Fuerzas Armadas, en el escenario de un posible post acuerdo con las FARC en la Habana. En esta ocasión, me veo obligado a extender el concepto al sistema judicial, que hoy se encuentra en el ojo del huracán, cortesía del monumental escándalo que afecta a la Corte Constitucional, por los supuestos sobornos recibidos al interior de esta organización, por parte de algunos de sus magistrados.

A lo largo de la historia colombiana, nuestra democracia se ha caracterizado porque ha logrado mantener un equilibrio relativo, que aunque esta lejos de ser perfecto, nos ha permitido contar con un sistema democrático razonable, sustentado por los tres poderes que se han establecido para garantizar el funcionamiento del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En una visión ortodoxa de estas tres ramas del poder público, se espera que haya completa independencia entre ellas, y que los vasos comunicantes no existan. Bajo este supuesto, es que se a construido la institucionalidad del Estado. Sin embargo, en el caso colombiano, esto no ha funcionado.

Pero además, esta estructura institucional no ha sido capaz de resolver, desde la balas, las leyes o las sentencias, el conflicto ni las causas que lo originaron, y sobre las cuales hay tantas miradas como personas invitadas a opinar. Así mismo, los movimientos guerrilleros que surgieron en seis décadas de desastre, tampoco pudieron modificar la realidad utilizando la violencia indiscriminada y el uso del narcotráfico para financiar su “proyecto político”.

Nadie discute que el sistema democrático en Colombia demuestra una gran debilidad en la actualidad, en especial en el rol que juega el sistema judicial. El diseño institucional que se definió en la Constitución del 91 en este campo, quedó con una serie de fallas, como se ha evidenciado últimamente, y que lo expusieron a la politización del nombramiento de los cargos en las Altas Cortes y a una muy perjudicial corrupción.

Según expertos consultados para este blog, esta injerencia permitió la llegada de personajes de dudosa talla académica y moral como Alberto Rojas Rios y Jorge Pretelt. El resultado de esta situación: el más grande escándalo en la Justicia motivado por el tráfico de influencias y de dinero que socava la confianza ciudadana en las instituciones.

Pero más allá del diseño institucional, las regulaciones y las normas, el escándalo de la Corte Constitucional, pone de frente el problema más grave de nuestra sociedad: la pérdida de un norte ético por parte de quienes llegan a las más altas posiciones del Estado. La mentalidad mafiosa que se entronizó en Colombia desde hace tres décadas, ha tenido un costo altísimo en este campo. Ver mi blogs anteriores en noviembre: Ética y Corrupción, y en diciembre: la Justicia el eslabón perdido. También recomiendo leer el artículo en el Espectador http://www.elespectador.com/opinion/hans-kelsen-el-tropico

Pero estos no son los únicos problemas. No es la falta de leyes lo que impide que haya un buen sistema de justicia. De hecho, tenemos un exceso de ellas. El gran problema, es que no contamos con un aparato judicial creíble que las haga cumplir, y que sancione de manera severa a quienes las violan.

Hoy, es claro que el problema creado durante varias décadas, no lo pudimos resolver a punta de balas y leyes, ni mucho menos con sentencias que poco abundan. Para sustentar lo anterior, vemos con horror la monstruosa impunidad que ronda los niveles del 95% de los crímenes cometidos, y que hoy se quedan sin castigo en nuestro país. De seguir como vamos, ¿alguien piensa seriamente que podemos cambiar nuestra realidad, para aspirar a ingresar al club de los países desarrollados?

Y para agravar aun mas el problema, vemos con espanto avanzar el cáncer de la corrupción y como este ha invadido todas las instituciones. Para la muestra un botón: hoy tenemos los escándalos en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Concejo de Estado, la Fiscalía, la Policía, así como a la ex Contralora de la Nación huyendo del país. En estas condiciones, la sociedad colombiana es como un paciente, que se quedó indefenso sin los anticuerpos suficientes, para combatir efectivamente las múltiples enfermedades que la atacan.

Vale la pena señalar que el cuadro descrito de corrupción y de desmadre institucional, hoy se esta viendo en otras latitudes: en el Brasil con el escándalo de Petrobras, en Argentina con el asesinato del fiscal, en España con los dineros robados por políticos de todo tipo, en Venezuela con el narcotráfico en la cúpula militar, en Panamá donde el ex presidente Martinelli es prófugo de la Justicia, etc. Aquí se debe aplicar el refrán : el mal de muchos, consuelo de tontos.

En el caso colombiano, el cuadro clínico que hoy se evidencia no es tremendista, es simplemente la realidad. Tenemos un monumental problema en nuestras manos que hay que aceptar, si pretendemos transformarlo. Con el sistema de Justicia, que hoy no está funcionando, y la debilidad institucional que se ve por todas partes, estamos muy mal parados para enfrentar con éxito los retos actuales y futuros que tenemos como sociedad.

Las acciones que se tomen, hay que enmarcarlas dentro de una lógica donde se respeten los criterios fundamentales de una democracia moderna: la economía de mercado, la libertad de expresión, y el derecho a disentir, el imperio de la ley y el orden, entre otros. Pero también, se necesita contar con una institucionalidad mucho mas fuerte en las tres ramas del poder que sustentan el Estado de Derecho, para alinearlas con nuestro momento histórico . Este reto va a implicar repensar todos los modelos de verdad que hemos construido hasta la fecha y cambiar los instrumentos institucionales que hoy son caducos e inútiles.

Para mantener el estado de derecho dentro del marco anterior, cada uno de los poderes descritos tienen que ganarse el respeto de la gente. Escándalos como el de la Corte Constitucional hace un daño monstruoso, porque mina completamente la confianza de las personas en sus instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de representarlas. Ellas juegan un papel fundamental para que se respeten los derechos de los ciudadanos, pero también, para que se les recuerden a estos que igualmente tienen que cumplir con sus deberes. Este último tema es fundamental, sin embargo está totalmente ausente en el debate actual en Colombia.

En las sociedades avanzadas, donde el sistema democrático funciona bien, hay un equilibrio armónico entre todos sus poderes. En este entorno, el comportamiento de la gente tiene unos parámetros y unos controles acatados por todos. Pero lo mas importante, cuentan con las instituciones que los hacen respetar. En estas condiciones, los disensos, tienen un manejo no violento, hay libertad de expresión y de circulación de ideas. En estas sociedades hay menores costos de transacción que se traducen en mayores niveles de desarrollo.

Como decía Churchill, la Democracia, que opera bajo los parámetros descritos, es el menos malo de todos los sistemas que se ha encontrado, para garantizar el mejor funcionamiento posible de los seres humanos como sociedad. Cuando éste se distorsiona, como es el caso actual en Venezuela en donde el poder ejecutivo arrodilló al poder judicial, o no se utiliza, como en el caso de la China, las consecuencias son la violación sistemática de los derechos y la pérdida de las libertades de votar o de expresión. En estos casos, el orden se trata de imponer por la fuerza bruta del poder de las armas y la dictadura de un partido.

Las reflexiones anteriores llevan solo a una conclusión lógica y muy controversial: hay que cambiar los modelos mentales y las lógicas que sirvieron para sostener el andamiaje anterior, y pensar con valentía, innovación y mucha creatividad, sobre otras maneras de abordar el tema. Hay que abandonar las posiciones y los discursos, tan cuidadosamente cultivados por tantos años, para abrirse a explorar nuevas posibilidades. Este es el caso de Uribe con su seguridad democrática, que cumplió un papel muy importante, pero que a la luz de los hechos históricos actuales que ayudó a crear, es necesario revaluar y actualizar.

Si no somos capaces de crear nuevos imaginarios en Colombia, estaremos condenados a repetir la historia sangrienta de tantas décadas. Será muy difícil escribir un nuevo capítulo de nuestra realidad nacional, que nos permita sentirnos orgullosos a todos los colombianos de vivir en un país en paz, donde las diferencias se resuelvan de una manera no violenta y mas productiva para todos.

El comentario anterior es fundamental para entender lo que está en juego en la Habana. Allí, se está negociando el desmonte de uno de los grupos más peligroso que han atacado sistemáticamente nuestro sistema democrático por más de sesenta años. De materializarse estos acuerdos, saldrán una serie de compromisos que deberán de ser cumplidos por las partes.

Sin embargo, para que las expectativas cada vez más crecientes del acuerdo con las FARC no se frustren, así como las acciones correctivas que de ellas se deriven, insisto en que se necesitan unas instituciones fuertes, un sistema judicial creíble que sancione el incumplimiento y proteja a la sociedad contra las arbitrariedades, los abusos y las violaciones de los derechos de los ciudadanos. Y sobre todo, se necesitan servidores públicos que sean unos modelos de rol por su comportamiento ético, y por el cumplimiento de sus deberes con la sociedad que les paga para ello.

Para mi, es cada vez más evidente que, el proceso en marcha en la Habana, es un buen pretexto y una oportunidad, para enfrentar los problemas estructurales que han estado detrás de muchos de los males y que nos han afectado como sociedad. Para lograrlo, se necesita el compromiso de todos para construir una nueva narrativa para el mañana, en donde los valores de una sociedad justa, sean fruto de una construcción colectiva.

En el próximo blog continuaré con los retos de la Justicia en un post acuerdo, así como el rol de los medios de comunicación en la construcción de esta historia.