Por: Robert J. Samuelson.

WASHINGTON – El Ratoncito Pérez no existe. Republicanos y demócratas, estén conscientes de eso.

Los impuestos seguirán desempeñando un enorme papel en la campaña presidencial. Los republicanos sostienen que recortar las tasas resolverá la cuestión; el aumento en el crecimiento económico generará ingresos tributarios adicionales. Los demócratas responden que elevar los impuestos de los ricos proporcionará los ingresos necesitados para expandir un gobierno progresista. Es probable que ambos partidos queden decepcionados.

Es algo importante, porque esas creencias de los partidos—aunque drásticamente diferentes—tienen algo en común. Eluden la necesidad de aumentos fiscales para la clase media a fin de pagar los gastos del gobierno. La idea suena interesada y demasiado buena para ser verdad, porque lo es—tal como lo dejan en claro los estudios de dos centros de investigaciones de Washington.

Muchos candidatos republicanos ya emitieron planes detallados que reducen las tasas de los impuestos a los ingresos personales y corporativos. Por ejemplo, Jeb Bush reemplazaría la actuales siete tasas individuales con tres—10 por ciento, 25 por ciento y 28 por ciento—y recortaría la tasa corporativa más alta a un 20 por ciento, del 35 por ciento actual. Algunos de estos recortes quedan contrarrestados por la eliminación de exenciones fiscales personales y para las empresas. Pero no todos.

El grupo Tax Foundation, que no apoya a un partido en particular, evaluó siete planes fiscales republicanos y concluyó que en todos se pierden cantidades de dinero en ingresos tributarios. Algunas de las reducciones calculadas son gigantescas. En el curso de una década, el plan de Donald Trump tiene como resultado una pérdida de ingresos fiscales de 12 billones de dólares. Las otras pérdidas incluyen 6,1 billones de dólares para el plan del senador Marco Rubio, republicano por Florida (con el senador Mike Lee, republicano por Utah) y 3,7 billones en el plan de Bush.

Pero esas pérdidas se basan en suposiciones estáticas; se da por sentado el desempeño de la economía. ¿Qué pasaría si los cambios fiscales aumentaran el crecimiento económico? ¿No podrían revertirse así las pérdidas en las rentas públicas?

Para juzgar ese factor, el modelo económico de Tax Foundation también simuló aumentos “dinámicos” para las propuestas fiscales. Esos aumentos involucraron principalmente más inversiones empresariales, reflejando la capacidad de las empresas de considerar como incobrables edificios y maquinaria en el año que se compraron (la ley actual esparce las pérdidas en muchos años). Los avances simulados son grandes. Tras una década, la producción de la economía (producto bruto interno) crece un 15 por ciento bajo el plan de Rubio; un 12 por ciento, bajo el plan de Trump y un 10 por ciento, bajo Bush.

Pero el modelo es artificial; aísla los efectos de los incentivos fiscales y mantiene constantes otros factores que podrían reducir el crecimiento (el ciclo comercial, las tasas de interés, los efectos de los déficits presupuestarios). Incluso bajo esas suposiciones favorables y poco realistas, la mayoría de los planes fiscales republicanos aún pierden cantidad de dinero de ingresos tributarios. La pérdida en el curso de una década es 10 billones de dólares para el paquete de Trump, 2,4 billones de dólares para el de Rubio y 1,6 billones de dólares para el de Bush.

Sin duda, vale la pena debatir esas propuestas. Algunos aspectos de ellas pueden ser muy deseables, pero—para los republicanos—sus beneficios han sido exagerados.

Lo mismo puede decirse de la fe de los demócratas en hacer pagar a los ricos. Su narrativa política parece poderosa. Los ricos se han vuelto más ricos y no pagan su “porción justa” en impuestos. Elevar sus impuestos atenuará la desigualdad y financiará buenas causas. La redistribución se convierte en un motor de justicia social. El problema reside en que las matemáticas no coinciden con la retórica, tal como lo muestra un nuevo estudio de la Brookings Institution.

En él, los economistas William Gale, Melissa Kearney y Peter Orszag formularon la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría si la tasas fiscal más alta se aumentara de un 39,6 por ciento a un 50 por ciento? La respuesta—menos de lo que creen.

Para comenzar, recaudaría unos 100.000 millones de dólares en ingresos tributarios. Eso parece mucho (y lo es), pero en realidad representa un poco menos de un cuarto del déficit presupuestario de 439.000 millones de dólares para el año fiscal de 2015. Olvidémonos de pagar programas nuevos. Incluso si los 100.000 millones de dólares se distribuyeran entre el quinto más pobre de los norteamericanos (un promedio de 2.650 dólares por familia), el efecto en la desigualdad general sería “sumamente modesto”, dicen los autores.

Hay un mensaje más amplio en todo esto. Ambos partidos construyeron explicaciones para evitar los aumentos de los impuestos de la clase media, que serían sumamente impopulares. No se trata de que estas explicaciones sean ilegítimas: El efecto de las políticas fiscales en el crecimiento económico es claramente importante; en forma similar, la redistribución constituye una función central del estado benefactor. Pero las políticas fiscales que resultan de eso no cubren ni de cerca los costos realistas del gobierno.

Durante años, los déficits presupuestarios han eludido esas contradicciones. El problema es que debido a los costes crecientes de la jubilación de los baby boomers esa solución es cada vez menos sostenible. La retórica de la campaña actual probará ser finalmente hueca. Si los norteamericanos de clase media necesitan o desean un aparato de gobierno mayor, deberán pagarlo. Tarde o temprano, habrá un aumento fiscal. El Ratoncito Pérez no existe.

© 2015, The Washington Post Writers Group