Por: Robert J. Samuelson.

WASHINGTON – Hillary Clinton acaba de darnos una lección práctica—supuestamente sin tener la intención de hacerlo—al demostrar por qué nuestro sistema fiscal es tan complejo y desordenado. El principal motivo es el siguiente: Los políticos de ambos partidos no pueden resistir la tentación de utilizar el código tributario para promover la última moda política o para agradar a electorado favorecidos. Como resultado, las exenciones fiscales (es decir, los “incentivos”, “lagunas” y “preferencias”) complican y recargan el código tributario. El comercio político abruma la simplicidad.

Un ejemplo es la propuesta de Clinton de proporcionar un crédito fiscal a empresas que adopten la participación en las ganancias para sus empleados. Como publicidad política, la propuesta se merece un 10. Como política pública, como mucho se saca un 6.

La participación en las ganancias no es una mala idea. Para empezar, enfatiza el interés mutuo de los trabajadores, gerentes e inversores en el bienestar de la empresa. Tal como lo expresara Clinton recientemente en un discurso: “La participación en las ganancias crea en todos un interés en el éxito de la empresa puede fortalecer la productividad y poner dinero directamente en los bolsillos de los empleados.”

Existe también un segundo beneficio que Clinton no mencionó. La participación en las ganancias otorga mayor flexibilidad a las empresas. Si la remuneración de los trabajadores está relacionada parcialmente con las ganancias, entonces los jornales y salarios declinarán en una recesión o cuando una empresa enfrente épocas duras. Una menor remuneración ayudará a las empresas a ser competitivas y sobrevivir.

Políticamente, la participación en las ganancias es una iniciativa astuta, especialmente para los demócratas. Las ganancias corporativas están acercándose a cantidades récord; ¿por qué no compartir parte de ellas con los trabajadores? Eso le hace el juego al ala populista de los demócratas, que convirtió el aumento salarial en una cruzada. Pero lo hace sin vilificar a las empresas, aplacando así a demócratas más moderados. Enfatiza el “sentido común” de Clinton, tal como lo expresa una “hoja de datos” de la campaña.

Su propuesta parece simple. Clinton proporcionaría un 15 por ciento de crédito fiscal—lo que es un recorte fiscal directo—para las ganancias que las empresas distribuyeran entre los trabajadores. En un pago de participación en las ganancias de 5.000 dólares a un trabajador, la empresa ahorraría 750 dólares en impuestos (es decir un 15 por ciento de 5.000 dólares). El crédito se acabaría en fases después de dos años, supuestamente luego de demostrar su valor. La campaña de Clinton calcula su valor en unos 20.000 millones de dólares en el curso de una década.

“Es beneficioso en todos los aspectos”, sostiene Clinton.

Bueno, quizás no. Crear la exención fiscal presentaría enormes problemas prácticos, y las ventajas económicas de la participación en las ganancias podrían haberse exagerado.

Redactar las normas no sería fácil. Un problema es qué hacer con empresas que ya ofrecen participación en las ganancias. En 2014, alrededor del 36 por ciento de los empleados trabajaron en empresas que tienen alguna forma de participación en las ganancias, informa el sociólogo Joseph Blasi, de Rutgers University. Eso crea un dilema. La política fiscal a menudo intenta evitar recompensar a los contribuyentes por hacer lo que ya están haciendo. Pero negar una exención fiscal a esas empresas sería ponerlas en desventaja con respecto a las que la obtengan.

Otro problema: Alguna empresas convertirían los aumentos salariales normales en participación en las ganancias para poder obtener el crédito fiscal. Eso ahorraría en impuestos, pero los trabajadores no se beneficiarían. La campaña de Clinton promete “desarrollar protecciones contra (tales) abusos.” Lo que implica más reglamentaciones complejas. En forma similar, la campaña dice que el crédito fiscal “se terminaría en fases para los trabajadores de ingresos más altos.” ¿Cómo de altos? Más reglamentaciones. El crédito también se limitaría para cualquier empresa determinada “a fin de impedir un crédito excesivo para corporaciones muy grandes.” Más reglamentaciones.

Todo eso supondría un trabajo no-productivo—interpretar y manipular reglamentaciones. Beneficiaría a los abogados fiscales y a los contadores. No está claro si su trabajo parasítico contrarrestaría las mejoras en productividad de una mayor participación en las ganancias.

La suposición es que esas ganancias ocurren automáticamente. Eso no es cierto, según investigaciones de Blasi y de los economistas Douglas Kruse, de Rutgers University, y Richard Freeman, de Harvard, quienes hallaron que, para que las empresas se vuelvan productivas, la participación en las ganancias debe ocurrir en combinación con otras prácticas laborales: altos niveles de capacitación, seguridad laboral y resolución de problemas en el trabajo. Lo que importa es el paquete total de las prácticas. (Honestamente, Blassi, Kruse y Freeman apoyan la propuesta de Clinton y piensan que debería aplicársela.)

Tenemos un microcosmos de política fiscal: Las mejoras de la propuesta de Clinton son sobrevaluadas, los costos, subvaluados. Estaríamos mejor con menos preferencias y tasas bajas. Dejemos que las empresas y los individuos decidan qué es lo mejor para ellos. Pero los políticos deben dejar de usar el código tributario como una agencia de publicidad y como una tienda para obtener beneficios baratos. No hay muchas probabilidades de que ocurra.

© 2015, The Washington Post Writers Group