El que una mujer puede generar sus propios ingresos y recursos en América Latina está estrechamente ligado al territorio en el que vive, advierte un nuevo informe elaborado por RIMISP -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá (IDRC).
El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 que se lanza hoy en Bogotá (Colombia) analiza datos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. El texto explica cómo las desigualdades económicas en territorios específicos dentro de los países estudiados no solo afectan la calidad de vida de las mujeres, sino también el desarrollo integral del propio país.
Imagen cortesía de Radnatt en FreeDigitalPhotos.net
El nuevo informe, dirigido a responsables políticos, investigadores y tomadores de decisiones, demuestra que la desigualdad territorial es una realidad en América Latina en áreas tan diversas como la educación, la salud, el empleo, los ingresos, la seguridad ciudadana y la igualdad de género.
De acuerdo con el informe, el lugar en el que habita una mujer guarda estrecha relación con las posibilidades de que sufra una situación económica desventajosa. El informe muestra que las más vulnerables son a menudo las mujeres que viven en comunidades rurales pobres, especialmente las afrodescendientes e indígenas.
Esta desigualdad guarda relación no solo con los bienes y recursos personales de una mujer, sino también con factores fuera de su control, como el hecho de que el territorio en el que vive cuente o no con mercados dinámicos, sectores económicos productivos y políticas públicas que faciliten la integración de las mujeres.
Lo que este informe deja en claro es que las mujeres que más sufren la desigualdad económica en América Latina se encuentran sobre todo en las zonas rurales. Los proyectos de desarrollo rural deben adoptar un enfoque territorial y de género para reducir estas brechas: Joaquín Lozano, Director del FIDA para América Latina y el Caribe.
Para determinar el Índice de Equidad Territorial que maneja el informe, los investigadores utilizaron una serie de indicadores de bienestar para medir las diferencias de desarrollo entre los territorios de los países.
Dicho índice pone de relieve Bolivia como el país con la mayor igualdad territorial. Esto significa que las diferencias de desarrollo en sus territorios eran las más pequeñas de entre los 10 países analizados.
En el otro extremo, las regiones de Guatemala son las más desiguales en los campos del dinamismo económico, la inversión en capital humano y los ingresos.
Para enfrentar estos desafíos y subsanar las diferencias territoriales, especialmente en el campo de la igualdad de género, el informe hace una serie de recomendaciones sobre las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres más pobres de la región.
Éstas incluyen:
- Tener en cuenta las características de los sectores productivos y las posibilidades de inclusión de las mujeres en el diseño de programas de capacitación para el trabajo.
- Tener en cuenta el suministro de bienes y servicios públicos en cada territorio (disponibilidad de centros de cuidado de bebés, niños o mayores, etc.) en el diseño de políticas que tiendan a facilitar oportunidades de empleo de las mujeres.
- Apoyar el trabajo asociativo de las mujeres, tanto en el área productiva como en el campo de la política.
- Fortalecer y crear espacios colectivos de apoyo al desarrollo de las habilidades personales y la creación y la movilización de los activos de la mujer.
- Buscar estrategias para cambiar los sistemas de discriminación de género, y no sólo actuar sobre sus “síntomas” (necesidad de sistemas de atención a las cuidadoras, violencia de género).
- Diseñar políticas que afecten a las dobles desigualdades que afectan a las mujeres (mujeres indígenas, mujeres pobres, etc.), con especial atención a las características socio-demográficas de cada territorio.
- Diseñar políticas específicas para las favorecer el acceso de las mujeres rurales a los bienes económicos como la tierra y el crédito.
- Crear instrumentos de apoyo a las actividades productivas de las mujeres que vayan más allá de una mentalidad de subsistencia y la reproducción de los roles de género tradicionales.
El FIDA invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, les ayuda a reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia. Desde 1978, hemos destinado 17 600 millones de dólares estadounidenses en donaciones y préstamos a bajo interés a proyectos que han permitido llegar a unos 459 millones de personas. El FIDA es una institución financiera internacional y una organización especializada de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el mecanismo central de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura.
Prensa FIDA
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