Por: Andrés Quintero Olmos.

En una muestra de coraje político, el Alcalde vallenato, Freddy Socarrás Reales, decretó que la circulación de motocicletas, salvo algunas excepciones, sólo se podrá realizar si su conductor es propietario y con la única posibilidad que el acompañante forme parte del núcleo familiar. También, estableció que las motocicletas no podrán circular, en los principales corredores de la ciudad, a partir de las 7 p.m. hasta las 6 a.m. Todo esto con el objetivo de disminuir los efectos negativos generados por el mototaxismo: la violencia, el desorden, la accidentalidad vial y la competencia desleal al transporte público.

Sin embargo, a la hora de limitar el derecho fundamental a la libre circulación de sus ciudadanos, el burgomaestre no puede caer en la tentación de la desproporcionalidad y generalización: la gran mayoría de los motociclistas no infringen descaradamente las normas de tránsito (aunque si una fuerte minoría) y no son delincuentes en potencia. Por eso, pareciese que la medida fuese excesiva.

Obvio es de reconocer que el mototaxismo ha sido, en la última década, debido al abaratamiento del precio de las motos, tanto un nuevo y asequible medio de transporte como una oportunidad de ingreso; siendo palpable que esta medida claramente afectará a miles de familias vallenatas (50 mil motocicletas en Valledupar se dedican principalmente a esta labor).

Este medio de transporte no es sólo un fenómeno vallenato, se propaga en todo el resto del país y en la mayoría de los países donde el transporte público es deficiente. Pero algunas ciudades del mundo han logrado implementar el mototaxismo formalizado. En París, por ejemplo, los ciudadanos tienen la opción de transportarse en moto-taxi certificadas sin traba.

Asimismo, pareciese que el problema fundamental del mototaxismo es que sea informal; siendo su falta de reglamentación lo que lo convierte irrevocablemente en una fuente de inseguridad y en una competencia desleal para los taxistas y buseteros que sí pagan impuestos y licencias. Sin embargo, mientras que el mototaxismo no se formalice en Colombia, parece necesario controlar de alguna u otra manera su uso. Para esto los alcaldes deben dialogar con sus conductores y llenarse de imaginación para fiscalizarlos.

Entretanto, los alcaldes, como el de Valledupar, no deberían decretar prohibicionismos abstractos, que enemistan y crean tensiones entre los ciudadanos, y que son sólo paños de agua tibia.

La inseguridad vial no se combate restringiendo el uso libre de motocicletas sino teniendo a policías en las esquinas fiscalizando a los conductores y a través de programas pedagógicos para crear consciencia ciudadana y, sobre todo, dándole al pueblo alternativas de transportes seguros, cómodos y asequibles. Lo mismo para la inseguridad criminal: esta sólo se combate instalando cámaras de seguridad y teniendo a una policía formada y focalizada en la verdadera delincuencia, más no luchando contra un fenómeno de transporte inevitable (siendo esto igualmente válido para las nuevas plataformas de transporte como Uber).

Alcalde, para subsanar inconvenientes, no caigamos en el facilismo de reducir las libertades.