Por: César Lorduy.

Hace muchos años, entre la antigua Clínica del Terminal y la Intendencia Fluvial de Barranquilla, había una callecita muy poco transitada, pero bastante conocida, ya que un letrero colocado en una pared de la misma anunciaba que en ese lugar se vendía mangle. El cotizado producto llegaba al lugar en las canoas que venían fundamentalmente desde el parque Isla Salamanca y era comprado para ser utilizado en apuntalar las losas en las construcciones. Por fortuna hoy ya no se usa con ese fin.

Con el surgimiento de las autoridades ambientales en 1995 y la declaratoria por la misma época del mangle como una especie protegida –por ser vital para la biodiversidad, para la protección de los  primeros estadios de vida de los recursos hidrobiológicos y, además, porque evita la erosión que producen las corrientes y las olas que golpean las costas– comenzó una lucha que, con sudor y lágrimas, habíamos venido perdiendo, pero que se empieza a ganar.

Los incendios en el ahora Vía Parque Isla Salamanca lo único que han dejado claro es que el mismo sigue siendo intervenido por los antiguos cortadores de mangle –que ya no lo pueden comercializar–, conocidos ahora como carboneros, a pesar de que la zona es objeto de todo tipo de protección por normas nacionales e internacionales, pero que había estado abandonada tanto como el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta.

Investigaciones iniciadas hace 18 meses por la Unidad de Protección a los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Fiscalía General han conducido a identificar a un grupo presuntamente responsable de las labores de extracción, transporte y comercialización a gran escala de carbón de mangle de la Isla Salamanca, lo que deja entrever la práctica de una actividad poco artesanal y menos dedicada a satisfacer una necesidad doméstica, sino producto de un cartel o de una empresa criminal, causante de muchas quemas ocurridas entre el 2013 y 2014 en ese lugar.

Doscientos bultos de carbón semanal, cuyo destino final no solo sería Colombia sino también Panamá, es uno de los señalamientos a más de 21 personas comprometidas en el delito de aprovechamiento ilícito y daño a los recursos naturales que fueron capturadas en flagrancia. Algunos de sus integrantes ya han sido condenados a penas que van entre 4 y 8 años de prisión, y otros están pendientes de la celebración de la audiencia de imputación de cargos, que por estos días fue aplazada.

Mientras se hacen las tres cabañas que les servirán de albergue a los nuevos carabineros de la Policía que ayudarán a la vigilancia del Parque, y mientras llegan las dos lanchas que estarán cargo de la Armada, se da la adquisición de un segundo equipo bambi para sofocar incendios en el área y se ejecutan los 30 proyectos productivos anunciados para las 165 familias que viven en la zona, es saludable y refrescante que autoridades como la Fiscalía hayan actuado, lo que en unión del reciente pronunciamiento de Parques Nacionales, consistente en que en el mismo existe una zona de amortiguamiento en la que no es posible construir puertos, demuestran que siempre las cosas terminan siendo lo que deben ser y que el parque sí puede ser objeto de protección, más allá de las simples declaraciones.