Actividad de minería ilegal fue detectada en una zona selvática del noroeste de Colombia, en el mismo lugar donde la Corte Constitucional investiga la muerte de 37 niños por presunta contaminación por mercurio, informó la Defensoría del Pueblo.

El ente que vela por los derechos humanos en el país “constató un impactante panorama de minería ilegal en el departamento del Chocó, donde la Corte Constitucional alertó sobre la muerte de 37 niños”, dijo el organismo en un comunicado.

Imagen tomada de Defensoría del Pueblo-Colombia

“Tal como lo había advertido desde junio de 2014, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los devastadores efectos de la minería ilegal en el departamento del Chocó”, agregó el texto.

El miércoles, la Corte Constitucional aceptó una petición de tutela interpuesta por comunidades de ese departamento, que demandaron al Estado colombiano por la muerte de 37 niños por enfermedades presuntamente vinculadas al mercurio, insumo de la minería.

La Corte ordenó también la investigación del impacto medioambiental de la minería y la explotación forestal en la zona urbana y rural del municipio de Quibdó y la cuenca del río Atrato y sus afluentes.

El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de las autoridades indígenas y afrodescendientes de las comunidades afectadas por la contaminación de las aguas, expuso que 37 niños murieron y 64 fueron intoxicados en la zona entre 2013 y 2014.

La investigación del alto tribunal, que solicitó la participación de expertos colombianos e internacionales, tiene la finalidad de “indagar sobre las condiciones de contaminación y obstrucción del río (Atrato) como consecuencia de la realización de actividades de minería y explotación forestal y si estas afectan los derechos fundamentales de las comunidades”.

Como resultado de las primeras visitas realizadas por la Defensoría a Chocó, se constató la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buenavista, Bajogrande y Quiparadó, precisamente por la contaminación de los ríos a propósito de este fenómeno enquistado en varios regiones del país.

La Defensoría del Pueblo, que acompaña al colectivo en la demanda, lanzó en 2014 una emergencia humanitaria y alertó por la “crítica situación de los derechos humanos en Chocó por el impacto de la minería ilegal y los enfrentamientos entre grupos criminales”.

Mientras que en el país la minería legal representó un 2,3% del PIB en 2012, según el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), más de la mitad de los sitios explotados son ilegales y fuente creciente de financiación de grupos armados irregulares. AFP, Defensoría del Pueblo Colombia