Importantes asociaciones ambientalistas violan los derechos de los pueblos autóctonos apoyando proyectos que los desalojan de sus tierras ancestrales en nombre de la protección de la naturaleza, denuncia un informe de la ONU.

Asesinatos, expropiaciones o uso de tierras sin el consentimiento de las poblaciones que viven en ellas, son algunas de las prácticas constatadas por la experta de Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz.

Representantes de varios grupo de indígenas en París protestando en COP21. París, noviembre 6, 2015. AFP / MARTIN BUREAU

Millones de indígenas son víctima de estos abusos en Africa, Asia y América Latina, según la alta funcionaria de Naciones Unidas.

“Proyectos apoyados por grandes organizaciones de protección del medio ambiente continúan desplazando poblaciones locales de sus hábitats ancestrales”, afirmó la experta al inicio de la semana en Honolulu (Hawai, EEUU), durante el congreso de la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN), la mayor reunión ambientalista.

La especialista no cita nombres en su  informe aunque comentó que entre las organizaciones cuestionadas figuran el World Wide Fund (Fondo mundial para la naturaleza), la Wildlife Conservation Society (Sociedad para la  conservación de la vida silvestre) y Conservation International.

Esas asociaciones “deberían ser responsabilizadas por lo que sucede”, declaró al margen del congreso, que reúne a unos 9.000 defensores del medio ambiente y jefes de Estado en Hawai durante 10 días.

Hombres o tigres:

El año pasado, Mme Tauli-Corpuz viajó a Honduras, Brasil y se reunió con poblaciones Samis (lapones) en las regiones árticas de Finlandia, Noruega y Suecia.

En Honduras, estuvo con la militante de la etnia Lenca, Berta Caceres, cuatro meses antes de que fuera asesinada en marzo “por haberse opuesto al proyecto de la represa Agua Zarca y pese a medidas de protección instrumentadas por la Comisión interamericana de derechos humanos”, explica el informe.

En Brasil, Tauli-Corpuz expresó su inquietud sobre la reiteración de los “asesinatos y expulsiones violentas de las poblaciones Guaraní-Kaiowa de Mato Grosso”.

Una de las principales amenazas que afectan los derechos de las poblaciones Samis en el Artico es “el incremento de la explotación minera y el desarrollo de las energías renovables” en la región, agrega el informe.

Según la ONG Rights and Resources Initiative, que defiende los derechos de los pueblos autóctonos, subsisten otras violaciones, como la expulsión de poblaciones locales de la reserva de tigres del parque de Kanha, en India, aunque está probado que los tigres y el hombre pueden vivir en la misma región.

Las poblaciones autóctonas “son más aptas para proteger los bosques más amenazados del mundo, habiéndolo hecho durante décadas”, recuerda el coordinador de RRI, Andy White.

Obstáculos o asociados:

“Sin embargo, muchas organizaciones ambientalistas y gobiernos todavía los consideran como obstáculos en lugar de socios”, constata White.

Los territorios de esas poblaciones son crecientemente integrados en esas “zonas protegidas”, que casi se duplicaron en los últimos 20 años, pasando de nueve  millones de kilómetros cuadrados en 1980 a 16 millones en 2000.

Esas tierras son particularmente valiosas porque representan un cuarto de la superficie terrestre, pero albergan 80% de la biodiversidad del planeta.

Con frecuencia estas tierras terminan en manos del Estado, pero las asociaciones medioambientales son “las que facilitan los fondos” y pueden presionar a las autoridades sobre el uso de las mismas, explicó Tauli-Corpuz.

Estas prácticas se remontan a la expulsión de los indígenas norteamericanos durante la colonización estadounidense de las tierras que se convirtieron luego en los parques nacionales de Yellowstone en 1872 y Yosemite en 1890.

John Robinson, vicepresidente para la preservación y la ciencia de la Wildlife Conservation Society, considera que “Esa es una vieja historia (…) no es lo que intentamos hacer hoy”.

Pero Tauli-Corpuz, ex-responsable de las poblaciones autóctonas Kankanaey Igorot de Filipinas, disiente. “Dicen que es historia vieja, por supuesto que no (…) eso continúa hasta hoy”, afirmó, “esa es la razón por la que hice el informe”.

El director de World Wildlife Fund (WWF), Marco Lambertini, estima que el informe es una “importante contribución para el avance de las buenas prácticas en materia de derechos de los indígenas en la protección del medioambiente”.

En definitiva, un derecho humano básico es tomar las opciones y decisiones sobre sus propias tierras: Peter Seligmann, presidente ejecutivo de Conservation International.

Tauli-Corpuz sostiene que los grupos conservacionistas “no hacen lo suficiente” y presentará su informe ante la Asamblea general de la ONU a fin de mes, con la esperanza de que los gobiernos pongan fin a los abusos. AFP