Por: César Lorduy.

Un par de años atrás, la libre competencia parecía un asunto sofisticado, de uso exclusivo para abogados especializados y de poca utilidad para el ciudadano. Hoy el tema cambió: la actual Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha desenmascarado múltiples presuntos carteles empresariales como pañales, papel higiénico, azúcar, y ahora seguridad privada, mostrándole al país que los acuerdos anticompetitivos afectan al ciudadano de a pie al obligarlo a pagar más por los  bienes y servicios que adquiere, pero que también afectan el desempeño normal de empresarios honestos que están o pretenden entrar a un mercado.

¿Por qué solo ahora se están descubriendo tantos carteles empresariales? ¿Acaso antes no existían? Múltiples explicaciones.

En primer lugar, la SIC, a cargo del superintendente Pablo Felipe Robledo, ha demostrado ser efectiva en la aplicación de la ley y en combatir conductas que afectan los mercados. Hoy los empresarios cumplidores de la ley, confían y acuden a esa entidad para denunciar o reconocer conductas ilegales. Y los que hasta ahora no han cumplido, ya están empezando a autocorregir su conducta para evitar investigaciones o sanciones.

No es, entonces, que de un momento a otro los empresarios hayan empezado a celebrar carteles. Es más, por lo que se ha visto, los acuerdos anticompetitivos descubiertos han durado más de una década, cuestión que deja ver la estabilidad de la ilegal práctica. Como no existían sanciones severas o investigaciones, los que incurrían en estas conductas no tenían incentivos económicos para abandonarlas y mucho menos tenían dentro de su mapa de riesgos el ser “pillados” y menos sancionados con severidad. Enhorabuena la SIC se amarró los pantalones contra los carteles empresariales.

En segundo lugar, la formación de acuerdos tiene raíces culturales y económicas. Mientras que en USA las leyes de competencia empezaron a aplicarse hace más de 100 años, aquí hace apenas unos 15 años, y últimamente, con gran severidad. Es tal la desinformación sobre el tema, que algunos empresarios han firmado contratos con todo tipo de sellos notariales –e, incluso, los han elevado a escritura pública–, en los cuales se obligan a subir los precios o a repartirse los mercados y, cuando estos acuerdos no se cumplen, califican de traidor a quien los incumple. Para algún sector del empresariado, no cumplir un acuerdo ilegal es imperdonable traición de amigo.

El modelo de sustitución de importaciones que primó hasta los 90 no incentivó una cultura de competencia. Se creía que, cerrando fronteras, el país iba a crecer, y obvio, ocurrió lo contrario. Algunas empresas se concentraron, se adormecieron y crecieron con amiguismos que los hicieron propensos a cartelizarse y a solicitar protecciones estatales de todo tipo, que no permiten la “destrucción creativa” en la economía y evitan el rompimiento de carteles afectando al consumidor, cuestión que, sin duda, se debe combatir.

El nuevo aire que le está imprimiendo la SIC a la economía es una señal de que llegó la hora de la competencia, de empezar una franca lucha por el consumidor y de innovar, como lo ha dicho reiteradamente la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa. Bienvenida la competencia.