Por: Diana Marcela Zapata Pérez.

Gerente Genral de Aval Ambiental. ExDirectora Nacional de Licencias Ambientales, Viceministra de Ambiente Encargada, Gerente de Desarrollo Sostenible de OGX Petróleo y Gas.

Por fin los pobladores han encontrado un mecanismo, por ahora efectivo, para oponerse a los proyectos que afectan sus territorios y que hoy hace temblar las proyecciones macroeconómicas del Gobierno Nacional.

De nada han valido los demás mecanismos de participación ciudadana utilizados por décadas para expresar oposición frente a los proyectos porque, cuando al final se ejecutan, queda la sensación que poco o nada de lo expresado por las comunidades se tiene en cuenta.

Y es que basta con visitar los centros poblados de los municipios en donde se realizan explotaciones mineras y petroleras en el país para ver el contraste entre las grandes obras de ingeniería y el crecimiento desordenado de las poblaciones, entre la ejecución rigurosa del proyecto y el caos administrativo del municipio, entre la alta capacidad de compra de algunos y la miseria de otros.

Lo anterior por cuanto el Estado no ha sido capaz de traducir la riqueza del oro, del carbón y del petróleo en riqueza para sus habitantes. Tenemos el ejemplo de la Jagua de Ibirico; su alcaldía recibe al año más de 70 mil millones de pesos en regalías que financian los bolsillos de unos pocos en vez de invertirlo en todas las vías que aún están sin pavimentar y el mejoramiento de las viviendas que lejos están de ser dignas.

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Entonces surge la dicotomía entre oro y agua, extracción o biodiversidad, minería o agricultura, que en nada favorece la construcción colectiva de soluciones y que polariza aún mas el debate de fondo que debemos dar los colombianos que es el de encontrar cómo maximizar los beneficios que traen estas inversiones al país. Empresas multinacionales, con altos estándares de producción, con las mejores prácticas ambientales y sociales, exitosas en todos los países donde invierten, encuentran en Colombia un ambiente hostil para recibir los beneficios que generan. No es ésta una situación desconcertante?

El informe del Banco de la República de mayo de este año indica que “las rentas petroleras representaban cerca del 20% de las finanzas del Gobierno Nacional y para compensar este choque el Gobierno disminuyó el gasto y presentó una reforma tributaria al congreso para elevar la tarifa del impuesto al valor agregado IVA”, es decir menos petróleo, más impuestos para los colombianos, porque estos recursos se requieren para la construcción de carreteras, la construcción de escuelas, el pago de nuestras pensiones, salarios de funcionarios públicos y maestros por citar algunos ejemplos. Y estos ingresos están en riesgo, no sólo por los bajos precios de los ‘commodities’ a nivel internacional (oro, petróleo, carbón, etc), sino también por la inseguridad jurídica para las empresas y la falta de certeza para realizar inversiones cuantiosas en exploración si a la vuelta de unos años, los pobladores de la región deciden por consulta popular que no desean el proyecto.

Ante este panorama ¿cuál es la salida que tenemos los colombianos para beneficiarnos de nuestros recursos naturales de manera sostenible?. Tenemos la inmensa fortuna de tener minerales en el subsuelo y biodiversidad en el territorio y sería desacertado prohibir su beneficio en lugar de buscar hacerlo de manera ordenada y con un estricto control en la destinación de sus regalías. El Gobierno Nacional y las Altas Cortes deben equilibrar cuanto antes las funciones nacionales y regionales en cuanto al ordenamiento del territorio y la administración del subsuelo.

Las empresas deben ir más allá del pago de sus impuestos y regalías y generar mayores acciones hacia el fortalecimiento institucional de los municipios en donde se encuentran para acceder a recursos que beneficien a sus pobladores. Ya sabemos que las empresas no pueden reemplazar el estado pero sí pueden poner al servicio de su municipio el conocimiento que tienen para mejorar el entorno; más ahora cuando el nuevo Decreto Ley 886 del 23 de mayo de este año permite realizar obras por impuestos, lo que conducirá a que la situación de algunos municipios mineros y petroleros mejore ostensiblemente. Por último los pobladores deben convertirse en reales veedores ciudadanos, no sólo para verificar si las empresas están haciendo la tarea, sino para ejercer una real presión a los alcaldes en la correcta ejecución de sus presupuestos.

Lo que no nos perdonarían nuestras próximas generaciones es continuar malgastando y mal administrando los recursos económicos obtenidos por estas actividades productivas y no traducirlo en viviendas, vías, escuelas, infraestructura y demás obras para el bienestar presente y futuro de los colombianos.

1. Esta Ley que surge en el marco del desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto, permite a las empresas del sector minero y petrolero destinar parte de sus impuestos en proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los municipios definidos como “zonas más afectadas por el conflicto armado” – ZOMAC, en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial, entre otros propósitos.

Nota publicada en la Revista Ambiental Catorce6, reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: Revista Ambiental Catorce6