Cuando era ministra de Finanzas de Indonesia, mi país de origen, vi de primera mano cómo un sistema fiscal débil erosionaba la confianza pública y permitía un capitalismo amiguista. Surgieron mercados paralelos para combustibles que recibían altos subsidios, las conexiones familiares permitían conseguir empleo y los sobornos ayudaban a los servidores públicos a aumentar sus salarios. La evasión fiscal fue algo común entre las élites y el país no pudo movilizar los recursos necesarios para construir infraestructura, crear puestos de trabajo y reducir la pobreza.

Imagen tomada de Voces – Perspectiva para el Desarrollo

Introducir el concepto de la transparencia y la rendición de cuentas en ese sistema corrupto fue difícil, y generó oposición política y provocó retrocesos. Buscamos hacer algunas mejorías de tipo técnico que podrían parecer básicas, pero que no existían entonces. Estas incluyeron auditorías de mejor calidad, controles internos más fuertes y nuevos sistemas informáticos para minimizar la interacción entre personas y, por ende, las oportunidades de aceptar sobornos. También creamos incentivos para los funcionarios públicos, elevamos su moral y promovimos la disciplina.

Indonesia es solo un ejemplo de cómo la ruptura de un contrato social obstaculizó el desarrollo. De hecho, la movilización de recursos para prestar servicios y fomentar el desarrollo es un desafío mundial en el que muchos países carecen tanto de una fuerte base tributaria como de la capacidad para crearla. El 50 % de los países en desarrollo recauda menos del 15 % de su producto interno bruto (PIB) en impuestos, y muchos de ellos dependen en gran medida de los recursos naturales. En cambio, el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de aproximadamente un 34 %.

Cinco años después de comenzar nuestras reformas en Indonesia, la cantidad de contribuyentes subió de 4,35 millones a casi 16 millones. Los ingresos tributarios aumentaron en un 20 % anualmente. Con estos ingresos, fortalecimos nuestro presupuesto, redujimos nuestra deuda, y aumentamos la capacidad del país de proporcionar servicios esenciales como carreteras, agua potable y salud. Una economía robusta sirvió de ayuda, pero también el hecho que la confianza aumentó, algo que el sector privado necesitaba para realizar inversiones y crear empleo.

Las repercusiones de los Panama Papers podrían inspirar un sistema fiscal internacional más fuerte y más justo basado en sistemas tributarios sólidos, buenas instituciones e integridad. Existen esfuerzos alentadores del Grupo de los Veinte (G-20) y otros foros internacionales destinados a implementar reformas fiscales sólidas y promover la cooperación internacional obligatoria. Ahora puede ser el momento de pasar de las palabras a la acción.

Para cumplir con nuestros objetivos mundiales de poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida, debemos ayudar a los países a superar desafíos extraordinarios en materia de políticas y administración tributaria. Nuestros clientes enfrentan una amplia gama de problemas, que incluyen empresas —tanto nacionales como extranjeras— que no cumplen con las normas tributarias; una gran cantidad de compañías informales que no están en los libros de contabilidad; sistemas de administración de los ingresos y de gestión de gobierno deficientes, y desconfianza de la opinión pública.

El Banco Mundial apoyó las reformas que encabecé en Indonesia y la institución está aumentando su capacidad de hacer más. El Equipo sobre Asuntos Tributarios Internacionales, recientemente formado, está recopilando información y conocimientos sobre los problemas específicos que enfrentan nuestros clientes y está colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones. Nos han dicho que les gustaría recibir ayuda en temas fiscales internacionales, como los precios de las transferencias, una práctica que las empresas internacionales pueden usar para enviar las ganancias a sus filiales y minimizar su carga fiscal. También buscan apoyo en materia de políticas tributarias, incluyendo el impuesto al valor agregado, y temas relacionados con la transparencia, como la recopilación de datos fiscales y la divulgación de los ingresos provenientes de los recursos naturales. Nuestros equipos ya colaboran con los Gobiernos de Pakistán, Colombia y varios países de Europa oriental para lograr avances en estos asuntos.

Aportaremos nuestras conclusiones en iniciativas conjuntas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos. Estas iniciativas tienen como objetivo ayudar a los países a fortalecer sus sistemas tributarios, coordinar la ayuda mundial relacionada con los impuestos, y garantizar que los intereses de los países en desarrollo sean escuchados en el creciente diálogo internacional sobre las reformas tributarias.

Como exministra de Finanzas, sé muy bien que la confianza es una parte fundamental de la ecuación. A nadie le gusta pagar impuestos y esa aversión solo aumenta si las personas sienten que sus contribuciones son malgastadas o robadas. Las reformas tributarias son una pieza vital de la construcción de sociedades equitativas en las que las élites siguen las reglas. Esas reformas pueden facilitar que los gastos de los Gobiernos sean eficientes, proteger a las personas pobres y vulnerables y, al mismo tiempo, combatir la corrupción.

Tal vez no logremos que las personas y las empresas disfruten el hecho de pagar impuestos, pero debemos crear sistemas que dificulten el ocultamiento de la riqueza y la evasión del pago de las obligaciones correspondientes. Esto es un aspecto fundamental de la lucha contra la pobreza.