El electorado estadounidense votó para elegir a 435 integrantes de la Cámara de Representantes.  Además, 34 estados escogieron a uno de sus dos senadores.  A lo largo y ancho del país fueron elegidos muchos otros funcionarios estatales y locales, incluyendo 36 gobernadores. 

Los comicios se llevan a cabo el martes siguiente al primer lunes de noviembre.  A partir de una disposición aprobada en 1845, se determinó que la votación presidencial ocurriría en esa fecha, como lo indica el texto electrónico American Government 3e. 

En 1872 se dispuso que ese mismo día se votaría para escoger congresistas. Una fecha en noviembre—una vez culminada la cosecha otoñal—convenía a muchos electores en un país cuya economía aún dependía considerablemente de las labores agrícolas. Se descartó instaurarla los domingos, día de observancia religiosa en la tradición cristiana, para no obstaculizar la concurrencia a los servicios litúrgicos. 

Para simplificar el proceso electoral, los cargos de elección popular estatal y local también se escogen—en la mayoría de los casos—en la fecha señalada. 

Según el artículo 1 de la Constitución de 1787, la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años, al igual que una tercera parte del Senado. Los representantes duran un bienio en sus cargos, mientras que los senadores tienen un período de 6 años, aunque cada 2 años se renueva un tercio de los miembros. 

Esto significa que cada período de sesiones del Congreso dura un bienio. El actual período de sesiones (2021-2023) es el número 117 desde que el Congreso inició sus deliberaciones en 1789 (por eso se denomina, en inglés, 117th Congress). 

Todos sus miembros—tanto diputados como senadores—pueden ser reelegidos indefinidamente y la mayoría de ellos alcanza la reelección a tasas mucho más altas que en otros países, en parte por el reconocimiento que logran en el ejercicio de sus cargos y, en parte, también, por los enormes aportes que consiguen para sufragar sus gastos de campaña. 

Mientras que a los diputados se los elige cada 2 años y a los senadores, cada 6, al presidente de la unión se lo escoge cada 4 años. Ello implica que todo presidente enfrentará al menos un proceso electoral en la mitad de su período. 

Estas votaciones se denominan “elecciones intermedias” y su propósito es contribuir al equilibrio de poderes. La sabia arquitectura constitucional de los padres fundadores previó que, para contribuir a moderar la influencia del ejecutivo, el electorado tuviese la oportunidad de pronunciarse cuando ha transcurrido la primera parte de la administración presidencial. 

Por eso, las elecciones intermedias equivalen a un referéndum sobre la gestión del mandatario y envían un mensaje importante sobre el grado de satisfacción con el gobierno de turno.  En esta ocasión, las elecciones a mitad del período han generado más interés que antes.  A simple vista, es claro que sus resultados pueden cambiar el balance de poder de manera importante. 

El partido Demócrata, al que pertenece el presidente Biden, tiene en la Cámara una modesta mayoría de 220 representantes, frente a los 212 miembros del partido Republicano. Hay tres curules vacantes, correspondientes a una diputada que falleció y dos que renunciaron. 

En el Senado, hay 50 miembros republicanos y 48 senadores demócratas, a los que se suman otros 2 independientes que votan con ellos (uno es el senador Bernie Sanders, de Vermont). El empate (50-50) lo rompe la vicepresidente Kamala Harris, quien, de acuerdo con la Constitución, preside el Senado. 

Esta distribución significa que una pérdida demócrata de tan solo 5 escaños al partido Republicano llevaría al predominio de esta agrupación en la Cámara de Representantes. En el Senado, la pérdida de uno solo de los 34 asientos en juego significaría la preponderancia republicana en la cámara alta. 

En vista de los altos niveles de polarización, que han producido una profunda ruptura en la sociedad estadounidense, la superioridad republicana en una o ambas cámaras del Congreso plantearía obstáculos a la agenda del presidente Biden. Los nombramientos que requieran confirmación del Senado—particularmente, los de la rama judicial, que abarcan no solo cualquier vacante que se produzca en la Corte Suprema sino, además, en los tribunales federales subalternos—podrían verse obstaculizados si lo que impera es el partidismo en vez de la sana consideración del interés nacional. 

Las medidas sociales que el gobierno intenta promover, incluyendo iniciativas concernientes a derechos sexuales y reproductivos, así como su política exterior—especialmente en lo que atañe al apoyo estadounidense a Ucrania—podrían verse comprometidas. 

Con una mayoría simple del partido Republicano, la Cámara podría aprobar el enjuiciamiento del mandatario, lo cual se ha propuesto ya, en represalia por los dos encausamientos del expresidente Trump aprobados en el período anterior de sesiones (116th Congress).  Una vez se encausa al presidente, su juicio se lleva a cabo en el Senado, donde, para destituirlo, se requieren dos terceras partes de los miembros que concurran a la votación. 

Aunque es difícil que los republicanos obtengan tantos senadores como sean necesarios para remover de su cargo al mandatario, no es descabellado pensar que ganarán un número suficiente de representantes para encausarlo y, con ello, ocasionar contrariedades adicionales al ejecutivo. 

Además de las divisiones sociales muy hondas y la acentuación del extremismo—cuyas expresiones electorales contribuyen a minar el prestigio y la credibilidad de Estados Unidos en el exterior, los comicios de ayer destacan por las escandalosas sumas de dinero invertidas. 

Según el portal electrónico Open Secrets, de comprobada seriedad, al 7 de noviembre el costo de las elecciones a cargos federales (representantes y senadores) ascendería al menos a 8.9 mil millones de dólares.  Esta astronómica cantidad pone en entredicho el carácter democrático de un proceso electoral que requiere la inversión de tantos millones para ganar un escaño en el Congreso estadounidense. 

El autor es politólogo e historiador; director de la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá; y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

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