El proceso de paz en Colombia atraviesa su más dura prueba tras la negativa de la guerrilla de las FARC a pasar “un solo día de cárcel”, una afirmación que complica al gobierno de Juan Manuel Santos, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.

Desde Cuba, sede desde noviembre de 2012 de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de sus portavoces, Ricardo Tellez, aseguró el martes que “no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero”. Este tema ha obsesionado a los colombianos desde el inicio de las pláticas con esta guerrilla comunista, surgida de una rebelión campesina en 1964 y con unos 8.000 combatientes replegados en las zonas rurales del país, según cifras oficiales.

Artífice del diálogo con las FARC, el presidente Santos ha rechazado reiteradamente la idea de una “amnistía general”, que según él está “fuera de toda consideración” dentro del modelo de justicia transicional a aplicar, que deberá “respetar el derecho de las víctimas” y “al mismo tiempo conseguir la paz”.

Para Javier Ciurlizza, director para América Latina de la ONG International Crisis Group, especializada en la resolución de conflictos, la posición de la guerrilla obedece a una estrategia: “intentar conseguir el máximo” de concesiones. “No es realmente un ultimátum, porque el tema no ha sido discutido todavía en la Mesa, pero hace parte de su manera de negociar”, dijo Ciurlizza a la AFP.

A finales del año pasado, con acuerdos parciales alcanzados en reforma agraria, solución al problema de las drogas ilícitas y participación de los exguerrilleros en política, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, generó revuelo al abogar por una “sustitución de las penas privativas de la libertad”. El fiscal sugirió, por ejemplo, que los guerrilleros desmovilizados participen en “actividades de desminado” en el país, segundo en el mundo más afectado por las minas antipersonales después de Afganistán.

Bajo la lupa de la CPI:

Tras la aprobación de una ley que permite la suspensión de penas a cambio de confesiones, la decisión de crear una “Comisión de la Verdad”, según el modelo sudafricano, no logra convencer a los colombianos, golpeados por el conflicto más antiguo de Latinoamérica, que ha dejado oficialmente más de 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.

Según un sondeo divulgado en febrero, solo un tercio de la población se dice favorable al establecimiento de penas reducidas para los guerrilleros de las FARC, un mal augurio para un eventual referendo para validar un acuerdo definitivo de paz.

Otro obstáculo para el gobierno es la reacción de la Corte Penal Internacional (CPI) que, en su reporte anual de diciembre, recordó que un posible acuerdo debe “ser compatible” con los tratados internacionales, advirtiendo a las autoridades de Bogotá contra toda “condena que sea manifiestamente inadecuada para la gravedad de los crímenes”.

Durante una visita a las delegaciones de paz del gobierno de Santos y de las FARC en Cuba la semana pasada, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó que Colombia es signataria del Estatuto de Roma, que constituyó la CPI en 1998. Por lo tanto, “si el gobierno involucrado, en este caso el gobierno colombiano, no soluciona los asuntos de justicia, no establece un tribunal (…), la CPI interviene”, dijo Annan, Nobel de la Paz 2001.

Miembros de las FARC con Kofi Annan (R), febrero 26, 2015. AFP PHOTO/ADALBERTO ROQUE

Sin embargo, el responsable de Crisis Group estimó que la CPI espera en principio “sanciones creíbles para los crímenes más graves”. Para Ciurlizza, la prisión “no es la única opción, sino una opción entre otras”.

El experto mencionó también medidas de “restricción de la libertad” como el arresto domiciliario, “la limitación de los movimientos en un espacio geográfico”, o hasta “la privación de los derechos políticos”.

La imposición de servicios sociales sería también “una manera fuerte de contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto”, señaló. “Sea cual sea la decisión que tomemos en materia de justicia, será cuestionada, o por una parte de la opinión pública o por las instituciones internacionales”, resumió recientemente un alto responsable colombiano en un encuentro con la prensa extranjera en Bogotá. (AFP)