Por: Alexandre Grosbois y Lissy De Abreu.

El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz, al que incorporaron aclaratorias y peticiones hechas por la oposición luego de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito el pasado 2 de octubre.

Las partes buscan terminar un conflicto armado de más de medio siglo, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Los representantes de los sectores que dijeron “No” en las urnas, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), aún no dan visto bueno al pacto construido en los últimos días en La Habana, donde las partes negociaron durante cuatro años.

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¿Qué posibilidad de éxito tiene el nuevo acuerdo de paz?

Para expertos como la politóloga Angelika Rettberg el nuevo pacto tiene mayor posibilidad de implementarse porque efectivamente incluyó “cambios importantes” y consideró las “preocupaciones de amplios sectores sociales”, con lo que quedó “fortalecido”.

“Este acuerdo tiene futuro porque el gobierno cuenta con mayorías en el Congreso como para lograr su aprobación (…) Habrá críticas, pero no las suficientes como para no poder implementarlo”, dijo Rettberg, de la Universidad de Los Andes, al señalar que no ve “el mismo potencial de beligerancia en la oposición” para frenarlo.

El también politólogo Marc Chernick, de las universidades de Georgetown (Washington) y Los Andes (Bogotá), se mostró optimista:

Hicieron las negociaciones con rapidez y firmeza. Siempre va a haber sectores recalcitrantes que no van a estar de acuerdo, pero tiene futuro y puede prosperar.

¿Cómo se refrendará y cómo se garantizará su cumplimiento?

El acuerdo de paz original debía refrendarse mediante plebiscito, un mecanismo que había sido previamente aprobado por la Corte Constitucional. Pero al ser rechazado en la votación del 2 de octubre, el asunto de la refrendación pasó a ser uno de los más complejos: el nuevo acuerdo ni siquiera lo definió y dejó abierto un amplio abanico de posibilidades, que van desde otro plebiscito, a una consulta o cabildo abierto; pasando por su aprobación en el Congreso, asambleas departamentales o concejos municipales.

Una vez refrendado, el texto original debía anexarse a la Constitución. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres periodos presidenciales (12 años), que señala que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido”.

¿Qué cambios se acordaron en la justicia?

El primer acuerdo de paz planteaba un sistema de justicia transicional conocido como Jurisdicción Especial para la Paz encargado de juzgar los delitos ocurridos durante el conflicto armado, con penas alternativas a la prisión, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado bien delimitado.

En el nuevo texto se establece un periodo de 10 años para presentar acusaciones, que mediante prórrogas podrían llegar a 15 años.

Como otra novedad, el gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de Ley de Amnistías, Indultos y Tratamientos penales especiales, que incluirá un apartado especial con tratamientos diferenciados para militares y policías, un asunto requerido por la oposición.

En cuanto a los guerrilleros, se aclaró un punto que también generaba críticas: delitos como el narcotráfico solo serán aceptados como crímenes conexos a los delitos políticos -y por lo tanto podrán ser sujeto de amnistía- en caso de que “no hayan derivado en enriquecimiento personal”.

La justicia especial determinará también las zonas donde los condenados pagarán sus penas alternativas y creará un mecanismo para verificar su cumplimiento. Asimismo se aclaró que los fiscales serán colombianos y que juristas extranjeros solo asesorarán.

¿Qué nuevos compromisos aceptó las FARC?

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluyendo integrantes de las milicias.

Los miembros de las FARC que hayan tenido relación con “cualquier eslabón de la cadena” de la producción de drogas deberán entregar un reporte de sus acciones y de todos los datos que sirvan para “atribuir responsabilidades”.

De los 57 temas en renegociación, solo el de la participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios, aunque líderes opositores se oponían a que los jefes guerrilleros tuvieran la posibilidad de presentarse a cargos de elección.

El gobierno mantiene el compromiso de garantizar, de forma temporal, un mínimo de 10 curules en el Congreso al partido de las FARC a partir de 2018. AFP