Por: Robert J. Samuelson.

WASHINGTON – Le damos una B-menos (1).

El acuerdo presupuestario alcanzado por los líderes del Congreso tiene muchas cualidades. Su principal virtud, suponiendo que el Congreso lo apruebe y el presidente Obama lo firme como ley, es que acabará con la amenaza de un incumplimiento de pagos nacional. El techo de la deuda federal—que limita la capacidad del Tesoro para pedir préstamos—no se aplicará hasta marzo de 2017. En forma similar, la posibilidad de un cierre del gobierno, aunque no queda eliminada, se reduce enormemente, porque el Congreso tendrá un acuerdo sobre el gasto total. Eso facilita la aprobación de propuestas de gastos individuales.

También hay otras ventajas plausibles. Los límites de gastos, que muchos consideran muy apretados, tanto para desembolsos de defensa como de no-defensa fueron relajados. Los límites de gastos se aumentarán en 50.000 millones de dólares en el año fiscal 2016 y en 30.000 millones de dólares en 2017. Para minimizar el impacto de los déficits presupuestarios, el acuerdo impone recortes modestos en otros programas y eleva las tarifas e impuestos gubernamentales. Lamentablemente, estas virtudes van acompañadas de algunos vicios flagrantes, que bajan la calificación general del acuerdo.

El mayor, es la ausencia de un debate público serio. Lo que este país necesita desesperadamente—y ha evitado durante décadas—es un debate genuino sobre el papel del gobierno. En las décadas de 1950 y 1960, el asunto parecía menos importante, porque el crecimiento económico rápido prometía aumentos constantes en las rentas públicas para pagar los programas nuevos. Pero ahora, el crecimiento económico más lento y la explosión de la población de ancianos, que eleva los costos del Seguro Social y Medicare, crearon una gran brecha entre lo que la gente espera del gobierno y lo que está dispuesta a pagar en impuestos más altos. De ahí los interminables déficits presupuestarios.

¿Quién merece la ayuda del gobierno? ¿Qué programas están justificados? Hay poco esfuerzo para persuadir a los norteamericanos a que reconcilien sus preferencias contradictorias de gastos más altos e impuestos más bajos. Lo que no es de sorprender, este acuerdo fue negociado en secreto entre el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio, la líder de la Minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata por California, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky y el líder de la minoría en el Senado, Harry Reid, demócrata por Nevada. Se perdió otra oportunidad para modificar la opinión pública.

El resultado es que el paquete de los líderes del Congreso es modesto en sus ambiciones y recurre “al flagrante uso de trucos presupuestarios”—para citar al Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), un grupo no partidista. En cuanto a ambiciones limitadas, el plan del Congreso apenas trata el creciente coste de los jubilados, que ahora representa la mayor fuente de gastos federales. (En 2014, solo el Seguro Social y Medicare costaron 1,45 billones de dólares en un presupuesto de 3,5 billones de dólares.)

En cuanto a trucos, el mayor de ellos es una categoría del presupuesto conocida como Operaciones de Contingencia en el Exterior (OCO, por sus siglas en inglés). Originalmente, OCO involucraba gastos de conflictos en el exterior y la “guerra contra el terrorismo”. Como esas sumas no pueden predecirse fácilmente, no se imponen límites de gastos sobre OCO. Esa medida inicialmente tenía sentido, pero con el tiempo, OCO se ha corrompido. Se lo utiliza cada vez más para financiar gastos ordinarios, de defensa y no-defensa. Es una válvula de escape. En el acuerdo del Congreso, los gastos de OCO crecen 31.000 millones de dólares en el curso de dos años.

En conclusión, el acuerdo elevará el gasto del gobierno en alrededor de 111.000 millones de dólares en dos años, comparado con la ley actual. Eso representa la suma de 80.000 millones de dólares para aliviar los límites de gastos y 31.000 millones de dólares más en OCO. En conjunto, el aumento es alrededor de un 5 por ciento sobre los niveles actuales.

Lo que hace que el acuerdo sea especialmente confuso es que intenta satisfacer objetivos en conflicto—elevar los gastos y contener el déficit. Al final, el déficit quedó relegado a un segundo plano. Sin duda, algunos de los costos quedan contrarrestados en el presupuesto: primas más altas para la Pension Benefit Guaranty Corp.; ventas de petróleo de Strategic Petroleum Reserve; subsidios agrícolas más bajos. Pero los gastos extra de OCO no están contrarrestados y junto con el coste de intereses más altos en los gastos extra, sólo alrededor de la mitad del coste total del acuerdo está contrarrestado, calcula Marc Goldwein, del CRFB.

En nuestro confuso mundo político, es un acuerdo confuso. Estamos mejor con él que sin él, pero la mayoría de los asuntos serios se postergan. B-menos es una calificación generosa.

(1) Calificaciones en Estados Unidos: A: Sobresaliente (10), B: Muy bueno (9,8), C: Bueno (7,6), D: Regular (5), F: Reprobado.

© 2015, The Washington Post Writers Group