Por: Tarsicio Granizo.

La Amazonía sufre una serie de presiones sobre su integridad ecológica.

No solo la ampliación de la frontera agropecuaria para el cultivo de pastos en la producción ganadera, sino también para cultivos agrícolas de exportación, especialmente soya. Adicionalmente la región sufre los impactos de la construcción de obras de infraestructura como carreteras, y represas para la producción de energía hidroeléctrica. Por último, la explotación no sostenible de recursos renovables como la madera, o no renovables como el petróleo, gas y oro.

Las pérdidas de bosques en el bioma amazónico entre 2001 y 2012 se calcula que fueron de alrededor de 1,4 millones de hectáreas anuales en promedio, lo que resulta en una pérdida total de 17,7 millones de hectáreas en 12 años. Y quizá, desde una perspectiva regional, esas cifras resulten conservadoras.

EFE

Es claro que estos temas son muy complejos de resolver porque están relacionados con aspectos sociales, económicos y políticos que ocurren en los países que comparten la Amazonía. Su solución pasa, ante todo, por un debate regional, franco, abierto e incluyente, no solo sobre como mitigar los impactos de estas actividades humanas, sino, sobre el modelo de desarrollo que queremos para la Amazonía; y lograr consensos sobre lo que es bueno y lo que podría ser malo para el futuro de estos ecosistemas.

Pero mientras esto no ocurra es necesario al menos ir haciendo ajustes en la forma en la que se realizan las actividades que amenazan el bioma amazónico. Y uno de estos ajustes se relaciona con los financiadores de proyectos.

Sabemos que detrás de las actividades productivas o de infraestructura, hay una serie de empresas y bancos que por varios motivos y bajo distintos esquemas, las financian. Estos tienen una influencia directa sobre la salud del bioma amazónico, pues muchas actividades empresariales que se llevan a cabo en los bosques amazónicos no serían posibles sin los servicios que proporcionan estas instituciones financieras.

En los últimos años, importantes actores del sector privado se han comprometido a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministros. Ejemplos de ello son el compromiso del Foro de Bienes de Consumo para llegar a la deforestación neta cero hasta 2020; la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, cuyo objetivo es reducir la pérdida de bosques naturales a la mitad hasta 2020; acciones llevadas a cabo en un país en particular, como la moratoria de la industria de la soya brasileña para no comprar soya procedente de tierras que hayan sido deforestadas en la Amazonía; y los compromisos en materia de deforestación cero de los principales comerciantes de aceite de palma.

Hacer bien las cosas, es decir, de manera sostenible, tiene sus ventajas, no solo para los bosques, sino también para las mismas instituciones financieras, pues hay muchas razones comerciales para integrar la sostenibilidad en sus prácticas de préstamo e inversión. El impacto de la deforestación puede significar riesgos financieros importantes para las empresas, tanto de tipo operativo, como reglamentario, legal, de mercado y de reputación.

Así mismo, en la última década han surgido una serie de acuerdos internacionales y marcos de gestión de riesgos centrados en la sostenibilidad ambiental para el sector financiero. Los más importantes son los Principios del Ecuador (para que las instituciones financieras puedan determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales de sus proyectos), la Declaración sobre el Capital Natural y el Soft Commodities Compact (una iniciativa para que los bancos garanticen que las cadenas de suministros de materias primas agrícolas no promuevan la deforestación), entre otros.

WWF ha identificado a los principales inversores privados y públicos en la Amazonía a fin de comenzar acercamientos y diálogos para que estas instituciones financieras cuenten en sus operaciones con las salvaguardias necesarias, las políticas y los mecanismos de vigilancia adecuados, y así garantizar la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social en sus operaciones de inversión. EFE

Tarsicio Granizo, WWF-Unidad de Coordinación Amazónica

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