Por: Erica Bosio

La gobernanza consiste en recaudar recursos y destinarlos a un uso público productivo y responsable. Pero las crisis recientes, que abarcan desde la pandemia y la guerra en Ucrania hasta los precios de la energía y la escasez de productos, han demandado un papel más importante del Gobierno, un aumento del gasto público y una mayor competencia por el financiamiento público debido a otras necesidades sociales. De estos patrones se desprende que las sociedades deben mejorar constantemente la gobernanza para reunir mayor cantidad de recursos y hacer frente a las crecientes necesidades.

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Definición de gobernanza

Inicialmente, se definió de manera muy amplia como “las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país” (PDF, en inglés). Con el tiempo, la definición se amplió considerablemente para incluir otros aspectos como la participación ciudadana, la fragilidad y el conflicto, la inclusión, el cambio climático, y la igualdad de género. Una definición tan amplia dificulta la adopción de medidas. Es difícil imaginar un proyecto que cambie el proceso político sin infringir el autogobierno democrático. Es aún más complicado influir en las normas informales que dan forma al comportamiento económico.

En este blog, defendemos una definición de gobernanza más precisa y práctica, como: La gobernanza es el proceso de recaudar y administrar los ingresos públicos de manera transparente y responsable para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia de servicios públicos.  Tales necesidades se definen de manera participativa y dinámica y su cumplimiento está sujeto al escrutinio constante de los medios de comunicación y la sociedad civil.

Usos en el proceso de reforma

Una definición que incluye la recaudación y el gasto de los fondos públicos y, al mismo tiempo, destaca el papel importante de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, ofrece el beneficio de mejorar el proceso mediante el cual se recaudan o gastan los recursos. Esto, a su vez, puede aumentar la rendición de cuentas. Proporcionamos ejemplos de Gobiernos de todo el mundo que han fortalecido su gobernanza mediante la mejora de los procesos tributarios, la gestión de los costos salariales y las adquisiciones públicas.

En los países en desarrollo, se recaudan pocos ingresos a través de la tributación tradicional, ya que gran parte de la actividad se realiza en la economía informal.  Se pueden utilizar nuevas tecnologías, como los drones, para ayudar a ampliar la base tributaria documentando los bienes y recaudando impuestos locales sobre la propiedad, o utilizando sistemas de facturación electrónica. Por ejemplo, México (PDF, en inglés) introdujo la facturación electrónica en 2011, y esto aumentó la recaudación de ingresos tributarios como porcentaje del PIB, del 9,4 % en 2010 al 10,4 % en 2012. En 2004, Georgia (PDF, en inglés) amplió el uso de los servicios electrónicos, simplificando así los requisitos para los contribuyentes y reduciendo la necesidad de reuniones presenciales entre los funcionarios de las oficinas de impuestos y los contribuyentes. Como resultado, los ingresos tributarios aumentaron del 12 % al 25 % del PIB. En los años 2000, Indonesia(i) estableció varias oficinas para contribuyentes medianos (MTO), es decir, establecimientos con una proporción de personal por contribuyente más elevada, para supervisar la administración tributaria de las grandes empresas en varias regiones. La asignación a una MTO, a diferencia de la tradicional oficina para contribuyentes primarios, aumentó significativamente los ingresos tributarios —en un 128 % para las empresas afectadas— a un costo inferior al 1 % del aumento de los ingresos.

Uno de los dos principales canales para utilizar el dinero fiscal es la contratación a través de adquisiciones públicas. Esfuerzos de reforma en esta área, en el último tiempo, se han centrado en la creación de plataformas de adquisiciones electrónicas. En los años 2000, Chile (PDF, en inglés) digitalizó su sistema de adquisiciones introduciendo ChileCompra. Esta medida condujo a duplicar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las actividades de adquisiciones públicas, y mejoró la eficiencia y generó ahorros financieros de alrededor del 3,5 % (USD 230 millones). La introducción de la Plataforma Prozorro en Ucrania (PDF, en inglés) generó ahorros estimados de hasta el 10 % del valor de las adquisiciones. Otros países (PDF, en inglés) se han centrado exitosamente en fortalecer la capacidad, mejorar las relaciones público-privadas, aumentar la transparencia y la equidad, y reducir los costos.

El otro canal importante para utilizar los fondos públicos es la administración del personal en la salud, la educación y los servicios de seguridad, ya que la mayor parte de sus presupuestos corresponde a la masa salarial del sector público. Las reformas en esta esfera incluyen medidas para hacer el seguimiento del personal existente, contener y reducir la plantilla, mejorar las políticas de remuneraciones, fortalecer la gestión de los recursos humanos, y poner en marcha programas de capacitación y de fortalecimiento de la capacidad. Varios países (PDF, en inglés) han implementado con éxito estas reformas, entre ellos Albania, Bolivia, Bulgaria, Etiopía, India y Tanzanía.

La definición que se propone aquí —y que se ilustra con estos tres ejemplos— permite que los proyectos de gobernanza se posicionen en el espectro más amplio del desarrollo.

Un área en la que este concepto se puede utilizar fácilmente es la transformación ecológica de la economía. En la transición hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2030, se debe gastar una cantidad considerable de dinero público y privado para reestructurar sectores completos, como la energía, la construcción, el transporte y la agricultura. Los cálculos de las necesidades de financiamiento superan con creces el gasto corriente o las promesas que los Gobiernos han hecho hasta ahora en varios foros relacionados con el Acuerdo de París. El papel de la gobernanza en la recaudación de ingresos y la asignación de estos a inversión pública verde es evidente, al igual que el papel del Gobierno en la movilización de dinero privado adicional.

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