Un niño es cargado para atravesar la frontera en el río Táchira, agosto 25, 2015. AFP PHOTO/ LUIS ACOSTA
La tensión diplomática entre Colombia y Venezuela aumentó este jueves tras el llamado a consultas de sus embajadores en medio de la crisis fronteriza que deja ya unos 7.000 colombianos afectados, entre deportados y repatriados voluntarios, mientras en la ciudad de Cúcuta los expulsados intentan reencauzar sus vidas.
“Le he dado instrucciones a la canciller (María Ángela Holguín) para que llame a consultas a nuestro embajador en Venezuela y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur; queremos contarle al mundo (…) lo que está sucediendo, porque esto es totalmente inaceptable”, expresó el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
El mandatario dijo que tomó esta decisión luego de que el gobierno venezolano incumpliera un acuerdo alcanzado el miércoles según el cual el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Otálora, podría visitar en la tarde de este jueves la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira para verificar denuncias de abusos e irregularidades hechas por muchos expulsados.
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez informó a través de Twitter que su gobierno también llamó a consultas a su representante diplomático en Bogotá.
“Siguiendo instrucciones del presidente @NicolasMaduro hemos llamado a consulta a nuestro Embajador en la República de Colombia, Iván Rincón”, publicó Rodríguez en la red social.
Según el último balance oficial, 1.097 colombianos han sido deportados de Venezuela desde el viernes, cuando entró en vigencia un estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro en un sector de la frontera.
La medida estuvo motivada por un ataque de desconocidos a militares venezolanos ocurrido la semana pasada en medio de una operación anticontrabando en el fronterizo estado Táchira y que Maduro atribuyó a “paramilitares colombianos”.
Desde entonces, las autoridades estiman que entre 5.000 y 6.000 ciudadanos se han repatriado voluntariamente, en su mayoría cruzando el río Táchira, frontera natural entre ambos países y por donde este jueves seguía el éxodo de colombianos que salían con sus pertenencias a cuestas por temor a ser expulsados sin nada.
“Feo que la canciller de Venezuela (Delcy Rodríguez) diga que esto no está pasando, que es mentira”, dijo a la AFP Ernesto Chivatá, de 41 años, en alusión a la reunión celebrada el jueves entre las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países.
Chivatá refirió que llevaba una década en Venezuela pero se vio forzado a salir de ese país por amenazas de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Violación de derechos humanos”:
Desde Cúcuta la canciller Holguín dijo que, además de la reunión de Unasur, pedirá una cita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el diferendo con Venezuela.
Este jueves, los gobiernos de Brasil y Argentina dijeron a través de sus cancilleres que observan con “preocupación” la crisis fronteriza colombo-venezolana y se mostraron dispuestos a colaborar a solucionar la situación a través de los mecanismos regionales.
Holguín dijo además que el gobierno colombiano cree “que hay una violación a los derechos humanos de las personas” que han sido expulsadas de Venezuela de manera “indignante”.
La canciller hizo estas declaraciones tras visitar a los damnificados, un día después de que el presidente Santos hiciera lo propio y aseverara que los repatriados no son paramilitares, sino “familias pobres”.
El defensor Otálora, en tanto, explicó que existen unos procedimientos para realizar la deportación que están en la legislación venezolana y que no fueron “cumplida por las misma autoridades venezolanas y de ahí la violación flagrante de los derechos humanos de los colombianos”.
Desplazados reviven drama:
En los refugios, muchos revivían el drama de haber salido años atrás escapando de la violencia del conflicto armado en Colombia, que en medio siglo ha dejado seis millones de desplazados. “Me pesan los ojos de tanto llorar”, dijo Andrea Agudelo, de 33 años, cuyo estatus legal de refugiada y su cédula venezolana no la salvaron de tener que cruzar el río el sábado de noche.
“Éramos un grupo de 37. Los hombres salieron primero porque se decía que eran los primeros que iban a llevar para acusarlos de paramilitares. Y luego salimos todos, mujeres, niños, perros, gallinas, marranos”, contó.
Para dejarla salir con sus dos hijos, los soldados que marcaron su casa con una “D”, señal de que sería demolida, le cobraron 1.000 bolívares por cada uno. Además, le robaron celulares, electrodomésticos “y hasta la tintura para el cabello”, afirmó.
El drama de Agudelo se repetía en Cúcuta. Nicolás Campos, un trabajador rural de 46 años desplazado de Río Viejo, a orillas del río Magdalena, tenía cuatro años residiendo en Venezuela.
“Decidí irme con mi familia a Venezuela, pero en la finca donde trabajaba empezó a llegar (la guerrilla colombiana) ELN y vi que la GNB le daba víveres. Entonces (a comienzos de 2014) le dije a mi mujer: Vámonos para San Antonio antes de que nos pase lo mismo que en Colombia”, relató.
Pero debió salir el domingo, “en cholas (sandalias), camisilla y pantaloneta”, después de que la GNB entrara a puntapiés a su casa, también marcada con la fatídica “D”, relató. (AFP)
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