Por: Carlos Francisco Guevara Mann.

Una real cédula emitida el 3 de junio de 1749 —266 años atrás en esta fecha— creó la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier, bajo la dirección de la Compañía de Jesús y gracias al esfuerzo del presbítero natariego Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, luego obispo de Panamá.

La universidad se organizó según el modelo tradicional, basado en la escolástica. “Ya en 1758”, explica el maestro Bonifacio Pereira Jiménez, “había las cátedras de Filosofía, Artes, Física, Metafísica, Animástica [anatomía aristotélica] y Lógica”.

En el desierto intelectual que era Panamá, la Universidad de San Javier fomentó un modesto desarrollo entre cuyos partícipes se destacan Isidro de Arroyo y Bartolomé López Ruiz, naturalistas; Víctor de La Guardia y Ayala, estadista y escritor; y Manuel Joseph de Ayala, primer jurista panameño, a quien el Colegio Nacional de Abogados debería honrar como corresponde en esta época de aniversarios universitarios.

Poco tiempo, sin embargo, duraría la aventura educativa, pues mediante la Pragmática Sanción del 2 de abril de 1767, Carlos III extrañó (expulsó) de sus dominios a los jesuitas, lo cual significó la clausura de la primera universidad panameña. De aquella experiencia solo quedan hoy las ruinas de la avenida A, las cuales, según comenta el doctor Manuel Cambra, serán objeto de una intervención patrimonial.

Esta actividad deberá efectuarse con escrupuloso respeto por el contexto histórico de la edificación, a fin de evitar los abusos característicos de nuestro medio.

Transcurrieron 168 años antes de que en Panamá operara nuevamente una universidad. En 1935, ocho décadas atrás, el presidente Harmodio Arias Madrid dio vida a la Universidad Nacional, creada el 29 de mayo e inaugurada el 7 de octubre. Su orientación y planes de estudio no corresponden a los de la escolástica, sino a los del liberalismo, el utilitarismo y el principio de la educación pública y gratuita.

Treinta años más tarde, el 27 de mayo de 1965, inició funciones la Universidad Católica Santa María la Antigua, fundada para recuperar la tradición universitaria del humanismo cristiano y ponerla al servicio de una sociedad poco motivada por la idea del bien común.

Este año de aniversarios encuentra al sistema universitario panameño en crisis. No solo no se cumplen los objetivos de la universidad, sino que sus propósitos han sido completamente desvirtuados.

La universidad de hoy existe como plataforma política de aprovechadores mafiosos o caja registradora de quienes han encontrado en la venta de diplomas un modus vivendi cómodo y lucrativo. Al servicio de estos sinvergüenzas hay un grupúsculo de seudointelectuales, a través de cuyo mediocre desempeño se intenta (vanamente) darle a la universidad un aire de respetabilidad.

Así como Carlos III extrañó a los jesuitas de sus dominios, la politización y mercantilización han extrañado de la universidad panameña al humanismo, la intelectualidad, la libertad y el compromiso social. Como lo resumió la doctora Marixa Lasso, historiadora panameña de la Universidad Nacional de Colombia: “No solo no hay libertad de expresión ni de cátedra. No hay concursos abiertos, el método de nombramiento de los profesores es un misterio. Un desastre”.

Es muy curioso que los sectores económicos y sociales predominantes, que dicen lamentar la pésima calidad de la educación, nada hagan por revertir la hecatombe universitaria que tiene estancado el progreso del país. Como es allí donde se forman los educadores, ninguna transformación social será posible en tanto la propia universidad panameña no recupere la orientación humanística y la vocación intelectual que alguna vez tuvo.

Por los niveles de degradación a los que ha llegado el sistema universitario, no queda más remedio que propiciar esta renovación desde la esfera jurisdiccional. La corrupción y la delincuencia universitaria han adquirido tales proporciones que solo el procesamiento judicial de los responsables puede sacar a la universidad del pantano de podredumbre en el que está sumida.

Una red de complicidades envuelve a los usurpadores del sistema universitario y a quienes dirigen los órganos de control democrático, lo que les impide ejercer sus funciones con autonomía y seriedad. La Contraloría General y el Ministerio Público deben sacudirse esos nexos funestos y asumir su papel en este impostergable proceso de saneamiento. Así debe exigirlo la ciudadanía en el marco de los aniversarios universitarios aquí reseñados.

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(Columna publicada en La Prensa, Panamá, el 3 de junio de 2015). Caricatura de Lowi)