Por: Andrés Quintero Olmos. 

Colombia se ha empeñado, en las últimas décadas, en querer abrir las fronteras aceleradamente bajo el modelo de libre mercado (ej. Alianza del Pacífico y TLC’s). Sin embargo, éste ha mostrado sus límites y debe, hoy en día, adecuarse a las nuevas realidades macroeconómicas, ambientales y sociales de cada país. Es así que nos preguntamos ¿si un sistema de libre mercado global y total puede ser todavía eficaz e igualitario en un mundo donde no existe un sistema monetario internacional ni medidas internacionales coercitivas en materia de derechos humanos, ambientales o laborales?

China es el perfecto ejemplo de esta situación: ha promulgado producir, sin obstáculos sociales y medioambientales para su población, al menor costo posible y exportar –cómodamente- con la más ventajosa, controlada y subvalorada tasa de cambio. Esto ha conllevado a que algunos países hayan tenido que implementar medidas monetarias con el fin de proteger su industria nacional amenazada. Asimismo, el actual dumping monetario mundial engendra una guerra comercial violenta que da vía libre al proteccionismo monetario.

Puerto de Buenaventura. Wikimedia Commons. Foto de Jimysantandef, 2013. CC BY-SA 3.0

Ciertamente las compañías multinacionales han invertido en los países en vía de desarrollo para beneficiarse de sus potenciales y sus bajos costos de producción gracias al auge del libre comercio mundial. Pero, sobre todo, han creado, gracias al forum shopping, una competencia jurídica entre los países con el objeto de segmentar cada vez más su producción y mejorar a corto plazo sus utilidades: ¿cuál país tiene menor exigencias laborales y/o medioambientales? y ¿cuál país tiene el mejor sistema fiscal? Ya no solamente compiten las empresas sino que también rivalizan los trabajadores a miles de kilómetros de diferencia: ¿cuál trabajador hace más por menos? ¿El Chino, el vietnamita, el peruano? Esto ha instaurado una presión insoportable sobre el empleo, las remuneraciones y los sistemas de protección social, sin que los asalariados de los países en vía de desarrollo recauden una justa parte de las riquezas creadas.

Desde ya varios años, los países de la Unión Europea (UE) han intentado introducir el “Buy European Act”. Detrás de este concepto, que hoy parece ser “trumpiano”, está la siguiente lógica: los países exportadores hacia la UE deberían aplicar las reglamentaciones europeas sobre, por ejemplo, el respeto al medioambiente o a los derechos mínimos laborales para que haya, bajo el principio de reciprocidad, igualdad entre los productores y exista competencia en las mismas condiciones.

El libre mercado, por tanto, sólo puede funcionar equitativamente en el interior de agrupamientos regionales que comparten un mismo ordenamiento jurídico y en los cuales se corrigen las desigualdades naturales que crea este (ejemplo exitoso: la Política Agrícola Común de la UE).

Es imprescindible que Colombia abra el debate en torno a la posibilidad de instaurar un proteccionismo moderado que ponga en entredicho la simplista desregulación del comercio internacional que proyectan nuestros existentes modelos de TLC’s: la desregularización arancelaria no puede plantearse sin una recíproca regulación social, medioambiental y monetaria.