Por: Andrés Quintero Olmos.

Cerremos las facultades de derecho, cerremos las altas Cortes y convengamos que de ahora en adelante Santos sea la boca de la ley, como paradójicamente ilustraba Montesquieu. A veces, es mejor tener a un presidente que se muestre bajo su verdadero plumaje de tirano, al estilo Maduro, que tener a un solapado opresor que se camufla de Nobel cuando en realidad es un príncipe maquiavélico, intolerante con la crítica, que juega ajedrez con la democracia colombiana y hace –literalmente- lo que se le da la gana.

Hoy, no hay separación de poderes en nuestro sistema político; no vivimos en plena democracia. Por un lado, tenemos al Congreso entregado a las deliciosas almendras de Palacio. Y, por otro lado, tenemos a una justicia más comprometida con Santos y su acuerdo de La Habana que con la justicia y el Estado de derecho. No en vano, hoy, el ex presidente Pastrana tilda a la justicia de ser el brazo político del Gobierno, advirtiendo que estamos ante “una dictadura de FARC y Santos”. Esto no es un invento, no es una conspiración imaginada, es una realidad tangible, una opresión palpable. Porque mientras condenan injustamente a Diego Palacio por ofrecer dádivas a cambio de votos en la era Uribe, durante este Gobierno la empalagosa mermelada no ha causado ni la primera investigación.

AFP PHOTO / Efrain Herrera, Presidencia de la República de Colombia

Estamos ante una justicia ideologizada que le hace favores a Santos “por conveniencia política” (palabras de la Corte Suprema). Lo del auto de esta semana del Consejo de Estado que busca acallar el voto popular, es una ilustración más que aquí los jueces fallan, no en derecho, sino en política. ¿A dónde quedó la histórica dignidad de la justicia colombiana, que luchó valientemente contra los carteles, los paramilitares y las guerrillas, esa misma que decía, en boca de la magistrada Fanny González, “Muero pero no me doblego”?

El prevaricato ha sido latente y la indolencia de la sociedad ha sido la regla. Por eso, tiene razón Plinio Apuleyo cuando dice, en su libro “Cárcel o Exilio”, que “contrariamente a lo que ocurre en Venezuela, donde casos de presos políticos como Leopoldo López (…) sacuden a las redes sociales y son conocidos en el mundo entero, en Colombia iguales atropellos son ignorados por el grueso de la opinión política, que suele dar por ciertos los injustos fallos condenatorios”.

En Colombia existe una guerra jurídica en contra de la oposición y Santos ha sido uno de los artífices de esta. La manipulación judicial comenzó desde bien antes de su llegada a la Casa de Nariño, pero Santos supo aprovecharse de esta y mover sus fichas para fortalecerla. Hoy el monarca posa de demócrata ante la comunidad internacional, pero aquí sabemos que mientras allá se pinta de conciliador, aquí tilda a la oposición de neonazis y persigue a sus más grandes opositores con insólitos pedidos de extradición, como es el caso de Andrés Felipe Arias.

No es coincidencia que todos los que han sido obstáculo para el ascenso de Santos hayan sido aniquilados por la Fiscalía y altos Tribunales. Por ahí pasaron Arango Bacci, Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfredo Ramos, entre muchos otros, y créanme que no serán los últimos.