Por: Andrés Quintero Olmos.

En los próximos días, el país experimentará cómo los parlamentarios y el Gobierno desconocerán la voluntad del pueblo. Que el Congreso refrende el nuevo acuerdo con las FARC es una afrenta a la democracia directa que se expresó hace pocas semanas en el plebiscito.

Muchos dirán que este nuevo texto es diferente y que la Corte Constitucional le dio vía libre al Gobierno para que escogiera el mecanismo de refrendación que se le diera la gana. Sin embargo, nadie podrá negar que este nuevo pacto es un recalentao del 90% del viejo que fue rechazado en las urnas: el pueblo no dijo que rechazaba el 10% de este, sino que rechazaba su integralidad. Otra cosa es que, a través de un acuerdo nacional, se hubiera podido mantener una parte significativa del anterior. El caso es que el Gobierno prefirió llegar primero a un acuerdo con las FARC que con los del No. Así es el talente del premio Nobel.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Presidente del Congreso, el Senador Mauricio Lizcano junto al Senador Armando Benedetti, Bogota, Colombia, noviembre 24, 2016. AFP PHOTO / STR

Los mismos que hoy dicen que el Congreso es legítimo para aprobar el nuevo texto de paz, son los mismos que mañana dirán que hay una crisis democrática porque ya la gente no vota por ideas o argumentos, sino por populismo. ¿Pero cómo no van a votar así si no respetamos su voluntad? El Gobierno no sabe la llama de frustración que está avivando. Como siempre los políticos tradicionales están más interesados en representar a sus intereses que al interés de sus electores. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación que parecieran estar más interesados en dar su opinión que en informar.

Lo que sucede es que la representación parlamentaria colombiana sufre de legitimidad para aprobar un tal acuerdo. Por eso, muchos hemos pregonado la necesidad de “democratizar la democracia”. ¿Cómo? Jean Jacques Rousseau, en el Contrat Social, avanzaba que la democracia tenía que ser lo más directa posible y que la elección de parlamentarios era un mal necesario que había que controlar para que no se aminorara la soberanía del pueblo. De ahí los necesarios mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, con el fin de ponerle un contrapeso a la “dictadura de los representantes”. Por eso causa temor que se quiera, hoy, no sólo desechar la voluntad mayoritaria, sino suplantar la democracia directa por la indirecta en un claro golpe de Estado de derecho.

Es normal que el Gobierno explore todas las vías constitucionales para refrendar su acuerdo con las FARC. Sin embargo, lo que es anormal, es que el Gobierno desconozca a la voluntad popular apelando a sus derechos.

Me explico: están dos bienes constitucionales encontrados. Está la voluntad popular versus el derecho del Gobierno de utilizar sus derechos constitucionales para aprobar un acuerdo con las FARC. ¿Cuál de los dos bienes debería prevalecer constitucionalmente? Obviamente la voluntad popular, por encima de cualquier derecho que la quisiera desvirtuar.

En suma: 280 mil millones de pesos gastados en el plebiscito y la voluntad de la mayoría del pueblo directamente a la basura. De paso, también botemos a la caneca todos los manuales de derecho constitucional colombiano que ya no sirven.