Por haberse opuesto a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la oenegé Global Witness.
Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe “¿A qué precio?”, publicado el martes por la oenegé británica. La cifra supera además el récord de 2016, con al menos 200 muertos.
Caloto, Cauca, Colombia, julio 18, 2018. AFP PHOTO / Luis ROBAYO
Las víctimas eran líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o “personas corrientes” que defendían sus tierras.
Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas. Ese balance fue cuestionado por el gobierno brasileño, que acusó a la oenegé de utilizar “datos equivocados, inflados, fágiles y una metodología dudosa”.
El segundo país con más asesinatos de ambientalistas es Filipinas (48), seguido de Colombia (24 muertos) y México (15).
México y Perú, al alza
Global Witness alerta sobre el incremento espectacular de muertes en México (eran sólo 3 en 2006), donde el “aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno en proteger” a los defensores del medioambiente ha llevado al “brutal silenciamiento” de quienes se oponen por ejemplo a la explotación maderera o a la minería.
Perú también registró un salto significativo, de 2 a 8 muertos en un año, mientras que con respecto a su población, Nicaragua fue el país más afectado (4).
En cambio, en Honduras el número de muertos bajó de 14 en 2016 a 5 en 2017, si bien “la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer”, según el informe de la ONG, cuya actividad se inició en 2002.
En total, uno de cada cuatro asesinatos de ambientalistas en el mundo (al menos 46, el doble que en 2016), estuvieron vinculados con la industria agroalimentaria. Cuarenta debido a disputas mineras (33 en 2016), 26 relacionados con la deforestación y un récord de 23, sobre todo guardias forestales africanos, por tratar de proteger a animales de los cazadores furtivos.
Para Global Witness, el vínculo entre esta violencia y los productos de consumo habitual es claro: “La agricultura a gran escala, la minería, la caza furtiva y la tala producen artículos para el hogar, que utilizamos y consumimos: aceite de palma para el champú, soja para la carne, madera para nuestros muebles”.
También se produjo un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden sus tierras frente a una agricultura “destructiva”, según la ONG, que critica a los gobiernos “negligentes” y a las empresas “irresponsables” por anteponer “a la vida humana” los beneficios y la demanda de los consumidores.
El informe destaca, entre otras, la muerte del colombiano Hernán Bedoya, líder afrodescendiente del Chocó (noroeste), asesinado por un grupo paramilitar que le disparó 14 veces, por haberse opuesto a la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad, destruyendo el bosque.
Para la escritora canadiense Margaret Atwood, autora de la popular distopía “El cuento de la criada”, estas historias “son chocantes individualmente. Colectivamente, nos muestran una epidemia de violencia contra los defensores de la Tierra”.
Brasil acusa a la ONG de usar “fake news”
La oenegé advierte de que no sólo ocurren asesinatos, dando cuenta de todo un arsenal para amordazar a los oponentes: amenazas de muerte, detenciones, persecuciones, ciberataques, violencia sexual y desapariciones.
En Brasil, granjeros armados con machetes y fusiles hirieron a 22 indios Gamela, de quienes querían sus tierras. A algunas víctimas les cortaron una mano, señala el reporte.
Por este suceso, nadie compareció ante la justicia, “lo que refleja una gran cultura de impunidad e inacción por parte del gobierno brasileño para apoyar a las personas defensoras”, prosigue.
La Presidencia brasileña acusó a Global Witness de “distorsionar los hechos”, sin investigar presuntas “fake news usadas para atacar al gobierno” y atribuyendo a conflictos agrarios lo que en muchos casos habrían sido ajustes de cuentas entre narcotraficantes.
El comunicado de la Presidencia sostiene además que “el agronegocio genera buena parte del empleo y la renta del país” y que “no se puede generalizar sin fundamento, a todos los agricultores brasileños, crímenes que constituyen casos localizados”.
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