Por: Alicia Bárcena.

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York y del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en el año 2015 se han producido grandes progresos en la cooperación multilateral en materia de desarrollo sostenible.

Son éxitos alcanzados a pesar de un contexto geopolítico ensombrecido por las tensiones entre potencias, dificultades en otros ámbitos de cooperación -como las negociaciones comerciales-, conflictos abiertos o latentes en muchas regiones, las crisis de los migrantes y el terrorismo.

En realidad sólo se trata de una paradoja en apariencia: tras la crisis económica y financiera de 2008, el regreso al modelo de crecimiento anterior es más que incierto. En este contexto inestable, el desarrollo sostenible constituye una oportunidad estratégica para darle un nuevo impulso a la economía mundial, así como para incrementar la cooperación internacional.

Si queremos reforzar esta dinámica excepcional, tenemos que pasar rápidamente de los compromisos a la acción: el tiempo se está agotando. Esto requiere definir el modo en que tanto colectiva como individualmente llevaremos a cabo las acciones necesarias para reducir la emisión de carbono de nuestras economías, para transformar nuestros sistemas alimentarios, para proteger el sustento para la vida que nos brinda la Naturaleza y proporcionar a todos el acceso a un trabajo digno y a la protección social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU

En nuestra opinión, ha llegado la hora de enfrentarnos a tres grandes desafíos:

1. Modificar el patrón de nuestras inversiones y nuestros hábitos de consumo para reorientar la economía hacia la sostenibilidad;
2. Establecer la reducción de la desigualdad como un objetivo prioritario; y
3. Trasladar los compromisos internacionales al núcleo de las estrategias y la agenda política nacionales.

Estos tres pasos hacia el desarrollo sostenible son el punto de partida de la conferencia “Desarrollo sostenible: ¡ha llegado el momento!”. Son desafíos esencialmente Aunque la respuesta depende fundamentalmente de gobiernos nacionales, las autoridades locales, el mundo empresarial y la sociedad civil también tienen que respaldar esta agenda de acción y tomar las medidas que se acuerden.

Modificar las inversiones —para conseguir destinar un 5% del capital inicial a la transformación de los sistemas de energía— es uno de los mayores desafíos para que la transición pueda producirse. No solo se trata de cómo reunir recursos financieros adicionales, sino de cómo reorientar los flujos financieros existentes hacia infraestructuras, desarrollo urbano y servicios que resulten sostenibles, así como asegurar la inversión en innovación.

Para que los inversores consideren inevitable esta modificación es preciso asegurar señales coherentes, como por ejemplo —en el campo de la lucha contra el cambio climático— un mejor conocimiento y transparencia sobre los riesgos financieros, la coordinación de políticas que pongan precio a las emisiones de carbono y asegurar la capacidad operativa inmediata del Fondo Verde para el Clima.

Asimismo, los distintos foros de coordinación de política económica y financiera, como el G20, deberían comprometerse a un calendario para lograr un sistema financiero compatible con la agenda de la sostenibilidad.

Algunos de los avances necesarios están siendo impulsados por grandes coaliciones que incluyen actores del sector público y del privado interesados en la innovación, como Mission Innovation, Breakthrough Coalition y Solar Alliance. Dichas coaliciones tienen un importante papel que desempeñar en cuanto a la canalización y concentración de los recursos. Pero debemos ir más allá y lograr una convergencia entre gobiernos en materia de instrumentos políticos, estándares, instrumentos de mercado y reglas de comercio que abran camino para la innovación.

Por otra parte, conviene recordar que aunque la reorientación de las inversiones a gran escala pueda ser positiva económicamente, también puede tener consecuencias negativas para las regiones, empresas o trabajadores especializados en los sectores económicos que se vean afectados, como la energía o el sector agrario.

Es necesario anticipar y gestionar adecuadamente tales consecuencias en el marco de una economía centrada en las personas, por ejemplo dotándonos de medios para la creación empleo y la inversión en las regiones afectadas. Por ejemplo, después del Acuerdo de París, las estrategias de desarrollo bajas en emisiones cuya preparación han de iniciar los gobiernos deberían incluir un capítulo que identifique medidas de transición justa sobre la base de una fuerte implicación de todos los actores afectados a nivel local.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean la reducción de la desigualdad económica y de género como objetivos prioritarios, junto con el acceso de las personas más pobres a los servicios básicos (agua, alimentos, sanidad, energía). Constituye un desafío, pero también una condición indispensable para el éxito, ya que de otra forma la transición simplemente fracasaría.

Por consiguiente, es crucial que, teniendo en cuenta las experiencias previas, los responsables de las políticas consideren el impacto potencialmente desigual de sus decisiones medioambientales y diseñen soluciones que garanticen una distribución equitativa de los beneficios y de los costes de la transición. También es hora de reflexiona sobre la respuesta colectiva que la comunidad internacional debe brindar a las personas más vulnerables, cuya situación puede verse empeorada por la degradación ambiental y climática.

Es responsabilidad de los gobiernos trasladar al nivel nacional los compromisos que adquirieron en 2015 y darles relevancia de cara a los actores interesados nacionales y a la ciudadanía. No solo los ministros de Medio Ambiente o Desarrollo deben situar estos compromisos en el centro de la acción política. Si queremos garantizar la coherencia política y el liderazgo también deben hacerlo quienes tienen responsabilidades con peso económico y financiero, así como los jefes del Estado y de gobierno.

Es necesario facilitar un debate activo entre actores nacionales sobre la senda y el modo más adecuados para la transición; por otra parte, la implicación de los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad civil es esencial para que los gobiernos rindan cuentas de sus promesas.

A nivel internacional, el seguimiento de los progresos en el marco de las Naciones Unidas y de otros procesos intergubernamentales, complementado con la sociedad civil y los think tanks, desempeñará un papel fundamental para garantizar la rendición de cuentas tanto de los responsables públicos como los actores privados, compartiendo sus experiencias y facilitando así el aprendizaje mutuo y una mayor ambición en el proceso de cambio hacia la sostenibilidad.

Cambiar el patrón inversor, justicia social y transposición al nivel nacional de los compromisos internacionales: esos tres desafíos marcarán nuestra agenda común de acción en los próximos años. El momento de actuar es ahora.

Firman este texto: Alicia Bárcena, Adnan Amin, Manish Bapna, Céline Charveriat, Connie Hedegaard, Yolanda Kakabadse, Johan Kuylenstierna, Pascal Lamy, Julia Marton-Lefèvre, Valli Moosa, Aromar Revi, Teresa Ribera, Nicholas Stern, Juan Somavia, Klaus Töpfer, Laurence Tubiana, Veerle Vandeweerd y Michael Zammit Cutajar, miembros del comité asesor de la conferencia de IDDRI “Desarrollo sostenible: ¡ha llegado el momento!”.

Nota publicada en CEPAL, reproducida en PCNPost con autorización

SOURCE: CEPAL