• ¿Para el Gobierno Nacional el acuerdo del 23 de junio de 2016 garantiza la desmovilización total de la FARC? es la primera pregunta del Procurador.
  
• ¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por desmovilización? ¿Las FARC comparten el mismo concepto? ¿Las FARC aceptan expresamente que se desmovilizarán?
  
• ¿Las FARC entregarán toda la riqueza ilícita acumulada durante años? Riqueza con la que podrían volver a comprar armamentos.
  
• ¿Cuántos exguerrilleros van a ser designados servidores públicos para el “cuerpo de seguridad y protección” que sería integrado por el personal de confianza del nuevo movimiento que surja de las FARC? ¿Cuánto se les pagará?
  
• ¿Qué sucederá con los miembros de las FARC el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país?
  
• ¿Estarán ubicados en lugares específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?”, señala.
  
• Con base en los resultados de una “revisión de antecedentes” ¿habrá purga en las Fuerzas Armadas? Entre el medio millón de sus integrantes y quiénes la han integrado desde 1964.
  
• ¿Qué mecanismo de control se va a implementar respecto a los 290 guerrilleros que saldrán de los campamentos?
  
• ¿Qué sucede si individuos de las FARC continúan adelantando acciones delincuenciales contra la población civil?

Ordóñez termina la misiva agradeciéndole al presidente Santos la respuesta a sus interrogantes a la mayor brevedad. EFE