El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, consideró este sábado que la legalización de la estancia de los desplazados en Colombia es la prioridad más urgente para terminar con el drama del desarraigo que deja el conflicto armado.

Grandi, que inició una visita a Colombia el pasado miércoles, se reunió el sábado con la comunidad del barrio Altos de La Florida, del municipio de Soacha, centro del país, donde ACNUR trabaja desde 2006. El responsable mundial del organismo aseguró que reintegrar a la comunidad de los desplazados colombianos a través de acciones como la legalización de los terrenos que ocupan después de su desarraigo, “sigue siendo tal vez la prioridad más urgente”.

Reubicar a los más de seis millones de personas que fueron forzados a dejar sus hogares por la violencia es uno de los desafíos de Colombia. AFP PHOTO/Guillermo Legaria

Colombia, azotada por un conflicto armado de más de medio siglo, es uno de los lugares del mundo con mayor índice de desplazados forzados (6,9 millones), muchos de las cuales pertenecen a comunidades negras e indígenas y a poblaciones con protección especial como niños y mujeres.

Grandi enfatizó en que terminar con el fenómeno del desplazamiento requiere que las personas en esta condición y las comunidades que los acogen reciban los beneficios del desarrollo.

“Lo que es importante es que en un momento dado, y yo creo que va a tomar un par de años, podamos decir que no hay más desplazados en Colombia”, indicó Grandi y añadió que para que esto ocurra, las comunidades “deberán tener acceso a servicios, escuelas, atención de salud”.

Asumir la verdad:

Por su parte, Lina Mercedes Caro, víctima de desplazamiento forzado aseguró que el país requiere que los actores del conflicto asuman la verdad de las acciones para que exista perdón y paz en el país.

“Necesitamos la verdad, que la digan los victimarios, que diga la verdad el gobierno, que también ha fallado, y a los demás nos corresponde perdonar, porque eso no da paz interior y seguridad”, aseguró Caro, de 47 años. Esta afrocolombiana encarna el dolor provocado por el conflicto colombiano, pues fue desplazada dos veces, la última del municipio de Sincelejo, al norte del país, de donde salió para llegar a la conflictiva zona de Soacha.

Para Jaime Carvajal, de la Corporación gestora de paz Kairos, que ha trabajado en cooperación con Naciones Unidas, es necesario que el Estado trabaje con los jóvenes en la recuperación del tejido social, destruido por más de cinco décadas de conflicto armado. “Para construir paz, hay que atender necesidades de la gente, por ejemplo en Altos de la Florida no hay agua y desde hace un mes no viene el carro tanque”, dijo Carvajal.

El barrio se levanta en medio del polvo propio de un terreno árido de un amarillo pálido, donde los servicios públicos apenas llegan y el viento constante golpea a las cerca de 2.500 personas que habitan este sector de Soacha, de los cuales el 23% se registran como desplazadas.

Este municipio, vecino de Bogotá, alberga 522.000 personas de las cuales hay registradas 42,226 víctimas, convirtiendo a Soacha en uno de los principales receptores de desplazados internos de Colombia.

Grandi visitará Ecuador desde este domingo y hasta el martes para encontrarse con refugiados que huyeron del conflicto en la vecina Colombia, así como con familias desplazadas por el terremoto de abril de 2016.

El violento terremoto de magnitud 7,8, ocurrido el 16 abril pasado y seguido por más de 1.800 réplicas, dejó al menos 673 muertos, 6.274 heridos y 28.775 personas en albergues, según cifras oficiales.

Grandi también visitará San José, Costa Rica, donde instalará una mesa redonda de alto nivel sobre refugiados y desplazados en América Central.

El conflicto armado colombiano, que comenzó como una sublevación campesina en la década de 1960, ha enfrentado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas públicas y dejado 260.000 muertos y 45.000 desparecidos. AFP