Por: Andrés Quintero Olmos.

En la democracia colombiana pocas veces ha existido una real oposición al Gobierno de turno. En los últimos 3 años hemos podido observar, a través del Centro Democrático, una permanente -aunque ineficaz- oposición parlamentaria. Esta constante oposición ha llevado a muchos ciudadanos a pensar que el país estaba polarizado.

No señores, esto no es polarización, esto es democracia. Que los poderes públicos se enfrenten y estén en desacuerdo es lo más normal y hace parte esencial de los pesos y contrapesos del poder legítimo. El problema es que en la práctica estos balances no existen : uno, por la intolerancia del ejecutivo a la crítica y, dos, por el hecho que el Gobierno controle de manera abrumadora a las mayorías tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. He ahí el problema.

Montesquieu nos enseñaba que de la separación de poderes nace la verdadera legitimidad del poder. Hoy esta legitimidad parece estar en entredicho porque no existen de facto pesos y contrapesos al Gobierno: “el Presidente (…) (hace lo) que se le dé la gana”. Por eso, en estos días, algunos nos preguntamos si el Estado de derecho sigue vigente o si meramente subsiste en apariencia.

Que el Estado negocie con los terroristas (o actores del conflicto, para otros) una justicia jerárquicamente superior a la prevista por la Constitución, es un primer indicio de esto.

Que el Gobierno, con el parlamento de cómplice, establezca (mediante acto legislativo) que el Congreso sea un mero notario en cuanto a la implementación legal del proceso de la Habana, es una mala señal.

Que la Corte Constitucional vea reducir su poder de control general de constitucionalidad a un mero control de vicios de procedimiento, es más que una preocupación.

Que además se le dé al Presidente facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley que implementen el acuerdo con las FARC, es de mal agüero.

Pero que las altas Cortes y el mundo jurídico de este país sean indiferente ante esto, es realmente alarmante.

Archivo. Foto del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, concediendo una entrevista el miércoles 22 de julio del 2015 al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Foto PGN.

Esta semana el Consejo de Estado sancionó con nulidad la elección del Procurador Ordoñez. Los argumentos de la Corte parecen sólidos: algunos magistrados que ternaron a Ordoñez para la Procuraduría lo hicieron a sabiendas de tener un claro conflicto de interés con este, lo cual resulta naturalmente en la nulidad de su elección.

Ojalá que tal decisión haga jurisprudencia para todos y no solamente para los opositores del Gobierno. Es claro que el timing de la decisión deja un tufillo ideológico y puede acreditar aún más la sensación de persecución política. Lo que sí deja un sinsabor es que tal decisión intervenga unos pocos días después de que Santos haya pedido públicamente que se acelerara este proceso.

¿No les parece inquietante que un jefe de Estado pida celeridad judicial en contra de un claro contradictor suyo y que días después haya un fallo en contra de este?

Algo huele mal en el olvidado Estado de derecho.