Por: Juan David Cárdenas.

La sociedad colombiana encierra un caso particular de relativismo moral que se sostiene sobre las bases de un conflicto armado que ha edificado unos parámetros variables de lo bueno y lo malo, los culpables, responsables, víctimas y victimarios de la violencia.

La falsa creencia de unas violencias menos malas, o al menos más justiciables que otras, nos tiene sumidos desde hace muchos años en una espiral de odios, rencores y venganzas en el marco de lo social y en una dinámica permanente, que se ha normalizado, de ocultamiento, impunidad y subestimación de todas las consecuencias de padecer este trastorno.

Con ocasión de la conmemoración de los 30 años de la toma del Palacio de Justicia han vuelto nuevamente a aparecer los síntomas de esta particular condición social. Las atribuciones de responsabilidad, los pedidos de perdón, las claras demandas de las victimas del acontecimiento, la reconstrucción de los hechos desde las distintas versiones y posiciones se apoderaron de la agenda pública centrando el debate mediático, al menos por unos días, en rememorar este fatídico hecho y darnos cuenta, de nuevo, de la incapacidad de nuestra institucionalidad para lograr cerrar este capítulo de nuestra historia con la correspondiente y necesaria dosis de justicia, verdad y reparación.

Una de las reflexiones, y enseñanzas, que este hecho debe dejarnos como sociedad es la de abandonar la creencia de que en el marco de sus funciones públicas las fuerzas armadas pueden trasgredir las normas en aras de supuestos “bienes superiores de la nación” como discursivamente se justificó este hecho terrible en aras de la “defensa de la democracia”.

No se trata de justificar a unos y condenar a otros. Es claro que en la toma del Palacio de Justicia todos cometieron atrocidades, se saltaron los más mínimos principios humanitarios y pusieron en peligro la vida de muchas personas. Lo que, si debe decirse, sin ningún tapujo, es que el estado y sus representantes, servidores públicos tiene un compromiso inquebrantable con el estado social de derecho.

La negación de los derechos de unas personas para la defensa de los derechos de otras no puede ser una premisa de acción pública, menos cuando la autoridad pública se respalda sobre la coacción armada.

Algunos dirán que no se puede opinar desde la comodidad de un escritorio que tomar decisiones en los campos de batalla. Pero resulta que, incluso esas decisiones que se toman en caliente, cuando se es servidor público, deben guardar respeto por las normas que toda la sociedad, a través de la constitución y las leyes, definieron como principios que guían la función pública y la convivencia social

Una de las cosas más valiosas que rescato de mi educación universitaria es el respeto absoluto y sagrado por lo público. Por eso para mí es inconcebible cualquier violación a la constitución y a las normas por parte de funcionario público alguno. Mientras en este país se siga creyendo que es justificable que el Ejercito se salga de las leyes para enfrentar a quienes combaten el orden establecido estamos condenados a seguir repitiendo nuestra historia repleta de impunidad, eufemismos y justificaciones de amplios sectores de la sociedad frente a la violencia estatal.

No hay violencias menos malas que otras, ni muertos justificables. Hasta que esto no desaparezca de nuestro imaginario colectivo seguiremos condenados a repetir nuestra historia.