Por: Andrés Quintero Olmos.

La crisis política recae sobre las instituciones pero, sobre todo, sobre quienes las encarnan. El problema no es tanto de creación legislativa o de mala organización del Estado, es realmente de personas. Está bien que nos quejemos de la inoperatividad o mala representatividad del Congreso de la República, pero no nos damos cuenta que este es una fiel representación de nuestra sociedad: integrado por personas de toda nuestra índole. Queremos que mejore el Estado y nuestros representantes, pero no queremos cambiar la sociedad. De ahí nuestro falso diagnóstico: el problema no es tanto político como sí lo es social.

Cuando digo social, me refiero a la falta de valores éticos, los cuales se perpetúan en nuestra nación en un círculo vicioso materializado en la muchedumbre de Cien años de soledad donde “no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca”. Más allá de la cultura mafiosa dada por el narcotráfico, Colombia sufre de una carencia de integridad, cristalizada en una falta de ejemplaridad de nuestras élites.

¿Pero cómo cambiar si nuestras élites económicas no son concomitantemente nuestras élites intelectuales y morales? Por ejemplo, en los departamentos de Magdalena o Cesar, la familia Gnecco es una de las principales élites económicas de la región, sin embargo es al mismo tiempo la antítesis de cualquier intelectualidad o probidad. Todos sabemos que estas familias nos gobiernan mediante extrañas fortunas y anómalos procedimientos electorales y, a pesar de esto, mientras algunos nos escandalizamos, la mayoría ni se inmuta: al contrario las admira y las considera sus modelos. ¿Cómo podemos reformar un país con esta indiferencia y estos modelos sociales? Ese es nuestro desastre: unos cambios sin cambios y unas élites sin poder de cambio.

Por eso es que los malos tiempos están volviendo a Colombia. No solo por el pesimismo reflejado en las últimas encuestas, sino también porque volvimos a sentirnos incapaz de cambiar la realidad; evaporándose a fuego lento nuestras esperanzas. Hoy nada parece funcionar: está en crisis la justicia, la educación, la agricultura, la representatividad, la economía, el proceso de paz, la seguridad, etc.

Para solucionar todos estos problemas, el Gobierno anuncia grandes cambios: implementa un Plan Nacional de Desarrollo que sólo tiene más impuestos, una reforma tributaria (en espera de la segunda) que no es más que confiscatoria, unas viviendas gratis de populismo barato que pronto serán guetos, unos subsidios agrícolas según la intensidad de los paros y una mal llamada reforma estatal de “Equilibrios de Poderes”. En esta última, el Gobierno elimina el Consejo Superior de la Judicatura reemplazándolo por un nuevo y monstruoso aparato burocrático: se crea la Comisión Nacional de Disciplina y la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial, la cual estará integrada por el Consejo de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Dirección de la Magistratura.

Ninguna función evoluciona pero todo cambia de nombre. Otro espejismo más de canjes y permutas, porque cuando no se logra transformar la realidad, se cambian los nombres.