Por: Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF

A medida que nos adentramos en el segundo año de la pandemia de la COVID-19 y los casos siguen aumentando en todo el mundo, no se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o para darles prioridad en los planes de reapertura.

Aunque existen pruebas contundentes acerca de los efectos del cierre de las escuelas sobre los niños y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no son la causa de la pandemia, en muchos países se ha optado por mantener las escuelas cerradas y algunas no abren desde hace casi un año.

El precio del cierre de las escuelas (que en el momento álgido de los confinamientos por la pandemia afectó al 90% de los estudiantes de todo el mundo y privó de acceso a la educación a distancia a más de una tercera parte de los niños en edad escolar) ha sido devastador.

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Se prevé que el número de niños y niñas que no van a la escuela aumente en 24 millones, un nivel que no se había registrado en años y contra el que hemos luchado intensamente.

La capacidad de los niños de leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas se ha deteriorado, y las habilidades que necesitan para salir adelante en la economía del siglo XXI han disminuido.

Su salud, su desarrollo, su seguridad y su bienestar están en peligro. Los niños más vulnerables sufrirán las peores consecuencias.

Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil.

Por estos motivos, cerrar las escuelas debe ser una medida de último recurso que solo podrá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles.

Evaluar el riesgo de transmisión a nivel local debería ser un factor determinante en las decisiones relacionadas con el funcionamiento de las escuelas. Además, el cierre nacional de las escuelas debe evitarse en la medida de lo posible. Allá donde existan altos niveles de transmisión comunitaria, los sistemas de salud estén sobrecargados y el cierre de las escuelas sea inevitable, deberán establecerse medidas de salvaguardia.

Para ello, es preciso garantizar que los niños que están en peligro de ser víctimas de la violencia en sus hogares, que dependen de los menús escolares y cuyos progenitores son trabajadores esenciales puedan continuar su educación en la escuela.

En caso de confinamiento, las escuelas deben ser de los primeros centros en reabrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. Las clases de recuperación deben tener prioridad con el fin de garantizar que los niños que no hayan podido estudiar a distancia no se queden rezagados.

Si los niños tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones.

Nota publicada en UNICEF para América Latina y el Caribe, reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: Unicef