¿Quién responde?

Por: Carlos Velásquez Muñoz.

Políticos y medios de comunicación señalan de manera reiterada que “Barranquilla está volando”, juzgando de manera principal, el boom inmobiliario experimentado en los últimos años.

Sin embargo, la paradoja es que mientras se muestra el crecimiento en metros cuadrados de construcción como un indicador positivo que vende ciudad, la alcaldía se enzarza en una discusión con los constructores por el cobro del 1.5% proveniente de la estampilla pro hospitales.

Esta polémica estampilla grava a todas las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que deban protocolizar actos u operaciones sobre bienes inmuebles que impliquen transferencia de dominio, o sea, tradición, donación, sucesiones y/o, liquidación de sociedades comerciales y conyugales.

Barranquilla es la única ciudad del país que la cobra, esa es la razón por la que los constructores están furiosos, pues señalan que a pesar de que el sector lleva a cabo grandes inversiones, el cobro les resta capacidad para hacer negocios.

En principio estoy de acuerdo con que la estampilla no se cobre más, pero para financiar los hospitales, por dos sencillas razones: 1. Nos han dicho que la infraestructura hospitalaria está completa y es suficiente para la población de la ciudad; ese es, incluso, otro de los “caballitos de batalla” de la “nueva Barranquilla” y, 2. No ha sido expedido, ni socializado aún, plan estratégico alguno para decidir el futuro de la infraestructura, dotaciones, mobiliario, etc. del sector salud. Que nos digan donde, a quienes, en qué dimensiones, se deben realizar las nuevas apuestas de pasos y caminos.

No es hacer por hacer; en nuestro contexto, plagado de limitaciones, es tan pertinente hacer, como mantener. Sin duda, el tema de la infraestructura hospitalaria pasó de ser una necesidad a convertirse en una consigna de campaña política y propagandística. ¿Dónde está la planeación estratégica en todo ello?

En lo que sí estoy de acuerdo es en que se siga cobrando la estampilla, pero para que el sector constructor responda por el deterioro de la infraestructura vial de la ciudad, pues es su principal deteriorador.

En mis habituales recorridos por la ciudad, pude comprobar el deterioro de las vías de la ciudad, incluso de las recientemente construidas, como consecuencia de las obras de construcción. Existe relación directa entre una obra en marcha y vías circundantes y aledañas con deterioros. El turupe en el semáforo de la carrera 46 con calle 100 o el deterioro de la recién entregada 51B entre las calles 87 y 90, donde se construyen un par de centros comerciales, son inaceptables.

Es posible seguir el rastro de los infractores: camiones que salen de las construcciones con las llantas llenas de material el cual queda incrustado en la vía; camiones “con capotas” que parecen hechas de una fina capa de lino o algodón y, que, por tanto, no impiden que la arena de esparza sobre la vía; camiones mezcladores que en cada Pare sueltan su mezcla, etc.

Y, ¿quién responde por todo ello?. Adivina adivinador.

Ya de por sí cuesta que la gente pague sus impuestos y contribuciones; que la administración realice obras que satisfagan los intereses de la ciudadanía; que alguien las mantenga en condiciones; que duren y presten su servicio durante el tiempo pretendido, para que ahora, además, los artífices del “desarrollo” de la ciudad, realicen negocios a costa de la infraestructura vial.

Por supuesto que hay normativa que regula el asunto, lo que no hay es autoridad que la aplique.

Por todo lo anterior, apoyo el cobro de la estampilla para la la recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial, es una forma de compensar la indolencia de quienes deberían ser los llamados a poner el ejemplo frente al cuidado y conservación del espacio que nos pertenece a todos.