FIAN Internacional, en conjunto con una amplia alianza de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, denuncia la instrumentalización de las Directrices sobre la Tenencia, aprobadas en 2012, e insiste en que la implementación de las mismas ha de basarse en los derechos y en las necesidades de las comunidades.

En esta línea, un grupo formado por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha denunciado que algunos Estados, instituciones de la ONU y algunas ONG, están desatendiendo los derechos y las necesidades de los grupos de población más marginados a la hora de implementar las Directrices sobre la Tenencia.  Según un reciente pronunciamiento de movimientos sociales y OSC, los Estados e instituciones implicadas están concentrando sus esfuerzos para ayudar a que el sector corporativo utilice las Directrices sobre la Tenencia en su propio beneficio.

Manifestación en París durante COP21. Foto: Salena Tramel. FIAN

Esta tendencia queda patente en un conjunto de guías o documentos recientemente publicados por diversas agencias de desarrollo, instituciones de la ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG). La declaración de las OSC recalca que estos documentos desvían las Directrices sobre la Tenencia de su objetivo primordial: contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición a través de la mejora de la gobernanza de la tenencia de los recursos naturales en beneficio de las personas y comunidades marginadas. Sin embargo, lo que está sucediendo es que se está proponiendo un enfoque en el que los intereses lucrativos de las compañías e inversores privados se sitúan en el centro, legitimando así el acaparamiento de tierras y recursos.

En lugar de dar prioridad a las comunidades rurales y de pequeños productores desde un enfoque de derechos humanos, estas recientes publicaciones asumen que todas las partes implicadas – Estados, comunidades e individuos, compañías y OSC, entre otros – participan en igualdad de condiciones, por lo que hablan de generar “asociaciones” entre corporaciones y comunidades sin prestar atención a los desequilibrios de poder y a los conflictos de intereses existentes entre las diferentes partes. En lugar de posicionar a las comunidades en el centro de unas estrategias de implementación basadas en los derechos, las personas que integran estas comunidades son consideradas como la mano de obra barata sobre la que se sustentan las cadenas de valor empresarial y de abastecimiento controladas por las corporaciones.

Al mismo tiempo se está distorsionando el papel desempeñado por empresas y Estados, ya que las prerrogativas y los deberes de estos últimos están siendo transferidos a las compañías e inversores privados. Este panorama es particularmente preocupante a la hora de abordar asuntos complejos como, por ejemplo, los procesos de identificación y reconocimiento de la legitimidad de los derechos de tenencia, la evaluación de los impactos de los proyectos de inversión, la realización de consultas sobre la adquisición de terrenos por inversores privados y la resolución de conflictos por la tierra.

Las organizaciones firmantes de esta declaración rechazan la captura corporativa de las riquezas y recursos naturales, de los derechos humanos y de las políticas públicas, reafirmando su oposición ante cualquier intento de establecer una gobernanza de los recursos naturales, de la alimentación y la nutrición dirigida al beneficio económico de los mercados. Para poder fortalecer los derechos humanos dentro de un contexto de soberanía alimentaria y de los pueblos, esta declaración dirige unas exigencias muy claras para los Estados, agencias de la ONU, centros de investigación y ONG. El objetivo consiste en asegurar que las Directrices sobre la Tenencia sean implementadas de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos ya existentes, comenzando con los derechos y las necesidades de aquellas personas más necesitadas. FIAN

SOURCE: FIAN