Por: Carlos Guevara Mann

“Cara de Hacha” usurpó la presidencia en esta fecha, 66 años atrás. Semanas antes, había cruzado la frontera desde Honduras, al frente de una tropa de mercenarios y desertores, con el fin de derrocar al gobierno libremente elegido.

A mediados de 1954, el golpe de Castillo Armas (“Cara de Hacha”) puso fin al primer capítulo democrático en la historia de Guatemala, iniciado una década antes. Como en Panamá, tal cual lo vimos en una columna anterior (24 de junio), la ola democrática generada por el triunfo aliado sobre el nazifascismo repercutió en aquel país centroamericano.

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Guatemala había estado sometida desde el siglo anterior a tiranos como Estrada Cabrera—cuya dictadura (1898-1920) es el tema central de El señor presidente, novela del autor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias—y Jorge Ubico (1931-1944), quien suprimió las expresiones de pluralismo político durante su autocracia de 13 años. El país llegaba a la mitad del siglo XX sin experiencia democrática y con malas condiciones socioeconómicas para la mayoría.

Los excesos de Estrada Cabrera motivaron la obra de Asturias—premio Nobel de Literatura (1967) —así como el trágico fin del decenio democrático (1944-1954) sugirió al escritor peruano, Mario Vargas Llosa—premio Nobel de Literatura (2010)—el tema de su novela Tiempos recios.

Ese decenio comenzó con el derrocamiento de Ubico (julio de 1944) y la Revolución de Octubre, que puso en marcha una apertura sin precedentes. En diciembre se celebró la primera elección libre en Guatemala, en la cual triunfó el educador e intelectual Juan José Arévalo.

Muy vinculado a la intelectualidad panameña y el Frente Patriótico de la Juventud, Arévalo mantuvo una amistad entrañable con Octavio Méndez Pereira, César Quintero, Jorge Illueca y Carlos Iván Zúñiga.

El nuevo presidente promovió el sistema democrático para responder a las necesidades de las masas postradas y empobrecidas. Bajo su gobierno fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (1946), se adoptó el Código de Trabajo (1947) y se ejecutaron importantes obras sociales.

Pero dejó pendiente el problema agrario, en un país donde unos pocos propietarios acaparaban la mayoría de los terrenos fértiles, mientras el campesinado subsistía en la precariedad, sin mayor acceso a suelos cultivables. Su sucesor, Jacobo Árbenz, militar reformista de tendencia socialdemócrata—elegido en 1951 en votaciones libres y competitivas—se propuso emprender la necesaria reorganización de la propiedad rural.

A Árbenz lo incomodaba “que solo un puñado de sus compatriotas disfrutaba de los privilegios de la civilización” y entendía “que era preciso ir a la raíz del problema social para que aquella situación cambiara y los privilegios de la minoría se extendieran a todos los guatemaltecos”, escribe Vargas Llosa (pág. 93).

“La clave era la Reforma Agraria”, agrega el Nobel peruano. Pero, en ese empeño, Árbenz incurrió en el desagrado de la clase latifundista y, sobre todo, de la United Fruit Company, dueña de la mayoría de la tierra cultivable del país.

United Fruit respondió con una campaña de manipulación mediática en Estados Unidos que convirtió a Árbenz en un títere del comunismo moscovita y convenció a Washington de que era necesario ponerle fin a su gobierno, mediante una acción “encubierta” (aunque bastante evidente), liderada por la CIA.

Castillo Armas, el sublevado, entró en Guatemala el 18 de junio de 1954. Nueve días más tarde, temiendo un baño de sangre y en un vano intento por salvar la Revolución de Octubre, Árbenz renunció. Su sucesor duró pocos días en el poder: el 8 de julio, “Cara de Hacha” lo despojó del mando.

Tiempos recios es una lectura provechosa, sobre todo en momentos en que poderosos y corruptos usan las armas a su alcance para imponer un cerco a la libertad. Durante la Guerra Fría, cuando el “susto rojo” sumía en la paranoia al bloque occidental, apelaban a la CIA y los ejércitos de sus países, arguyendo que los reclamos populares de justicia, democracia y afirmación nacional no eran más que puntas de lanza del marxismo soviético.

Hoy, recurren a decretos ejecutivos inconstitucionales y a secuestros judiciales para cercenar la libertad de expresión y eliminar las posibilidades de que se conozcan sus abusos. Aunque los medios son distintos, los fines son los mismos: mantener subyugados a los pueblos para seguir sirviéndose de los recursos del Estado.

Carlos Guevara Mann es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

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