Como se acaba de anunciar el acuerdo tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y  dar garantías de cumplimiento de este Acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de Derecho.

Toda negociación entre un Gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema: un acuerdo de paz es un acuerdo político. Requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo.

Esas medidas incluyen una refrendación popular, que aún no ha sido pactada en La Habana, y una serie de instrumentos jurídicos que permiten la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano del acuerdo de paz.

Se trata entonces de construir una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final que se basa en las instituciones de nuestra democracia y se apoya en diferentes instancias internacionales para darle mayor solidez. 

El Acuerdo Final, una vez que se firme y entre en vigor, tendrá la categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que tanto el Gobierno como las FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo. Lo que buscamos en La Habana es terminar la guerra. Terminar la guerra es el mejor modo de garantizar los Derechos Humanos de los colombianos. 

Un acuerdo Especial no es un tratado internacional y como señala el DIH no confiere ninguna estatus jurídico especial a las partes. Por tanto requiere de un procedimiento para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, mediante una ley del Congreso de la República que apruebe el Acuerdo Final, como Acuerdo Especial, en desarrollo del derecho a la paz que contiene nuestra Constitución. 

A la vez, como se trata de cumplir con el mandato constitucional sobre la garantía del derecho a la paz, el Acuerdo Final ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional: ingresará al llamado Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio. Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos. 

Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el Gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico, esto es, dándole al Acuerdo Final la relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra, la apertura de una etapa de consolidación de la paz, y proponiendo formalmente al Congreso, que desde su legitimidad dictamine mediante el Acto Legislativo que se está discutiendo en estos momentos, que se apruebe este acuerdo.

Y desde la perspectiva de las FARC, igualmente además de darle la bienvenida a estas ideas, aceptan que a ellas se les dé el trámite dispuesto en el ordenamiento constitucional colombiano.

De igual modo y para atender la idea de que las víctimas están en el centro de nuestra misión, el procedimiento legislativo especial que está siendo discutido en el Congreso, se aplicará para incorporar al ordenamiento constitucional expresamente el Acuerdo Final y en particular el punto de Víctimas, acordado el pasado 15 de diciembre de 2015.

Se trata, en consecuencia, de un Acuerdo equilibrado que brinda seguridad jurídica a lo acordado, algo que conviene a todos, a las FARC, al Gobierno, a las víctimas y a los responsables de delitos. Y, a la vez, se utilizan los mecanismos internos que impone el estado de derecho constitucional.

Finalmente, el Acuerdo Final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna como depositario de las Convenciones de Ginebra. Habrá también una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas citando la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de enero de 2016, para que ese organismo de la bienvenida a lo acordado y anexe a dicha Resolución del Acuerdo Final.

Este un Acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana. 

Por su parte, el Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El Jefe de la Delegación de las FARC hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular. Es un anuncio que registramos de manera positiva. Igualmente, la Corte Constitucional está estudiando la ley que puso en marcha un Plebiscito para la Paz. En todo caso, lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa decisión será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados.

Anunciamos además que seguimos trabajando intensamente en las fórmulas para convenir el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y para todo el pueblo colombiano. 

Queremos por último agradecer al Congreso de la República por el extraordinario trabajo que ha realizado en el desarrollo del Acto Legislativo que contiene el Procedimiento Legislativo Especial y que será el instrumento para materializar lo acordado. 

Confiamos en que pronto tengamos nuevas noticias positivas para la sociedad colombiana.