Pobreza, y la política pública para la energía y sostenibilidad

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Cálculos Propios

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Por: David García Torres.

No hay una definición de pobreza satisfactoria. El consenso para entender la pobreza nos lleva a conceptualizar como la carencia de medios materiales para un fin determinado. Eso lleva a comprender la pobreza como un problema multidimensional, el cual ha sido difícil de reducir en algunas regiones del mundo. Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se busca que los países logren cumplir metas mínimas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

El ODS número siete señala la necesidad de que la energía sea asequible y no contaminante, por lo cual se hace necesario que se desarrollen políticas públicas que garanticen los accesos y mejoren los niveles de bienestar de las personas relacionados con el uso de recursos energéticos. Según la Agencia Internacional de la Energía, aproximadamente 1300 millones de personas están privadas de accesos a bienes y servicios energéticos, como la baja electrificación, combustibles para procesar alimentos, y bienes durables de uso energético.

Esta carencia la podemos comprender como Pobreza Energética, la cual corresponde a la falta de alternativas suficientes para acceder a servicios energéticos adecuados, económicos, fiables, seguros y ambientalmente sostenibles que permitan ayudar el desarrollo económico y humano. Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales.

El enfoque de el ODS siete de sostenibilidad y sustentabilidad moderno requiere que se midan y cuantifiquen impactos económicos, sociales y ambientales del consumo de energía. Así mismo, se generen políticas públicas que no solo reduzcan las vulnerabilidades, sino mejoren la eficiencia energética para el uso y el disfrute de las personas.

No se pueden negar los avances de política pública asociados a los indicadores pobreza, los cuales señalan que en el último decenio cerca de cinco millones de personas disminuyeron sus vulnerabilidades, en accesos como la salud, educación y saneamiento básico. Sin restarle importancia los esfuerzos realizados por la reducción de la pobreza, aún existen deficiencias en calidad y accesos a bienes energéticos.  La política pública energética ha estado enfocada a la confiabilidad del sistema y el suministro, pero múltiples complejidades juegan en el aseguramiento mínimo de los servicios energéticos, principalmente en zonas dispersas.


Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Cálculos Propio


En primer lugar, la calidad del servicio eléctrico, es percibido como el principal problema energético del país. En las ciudades, cerca del 97% los hogares tienen acceso a la energía eléctrica y en áreas rurales, el 60% está conectado al servicio. Estas diferencias son más amplias en las regiones periféricas como la Caribe y Pacifica. Dadas las amplias diferencias geográficas, y la falta de infraestructura, ha sido difícil de solucionar en muchas regiones, principalmente en la Región Caribe donde el 67% de la población, según la Encuesta de Calidad de Vida, asegura presentar al menos un problema de calidad en el servicio energético como Cambios Bruscos de Voltaje, Bajo Voltaje, Suspensión por otro motivo.

Según la Súper Intendencia de Servicios Públicos, en un informe sobre la calidad del servicio eléctrico a través del SAIDI (System average Interruption Duration Index), señala que en la costa Caribe la situación es más crítica, mientras que el promedio de recortes para Colombia es de 39.7 de interrupciones, la costa Caribe tiene un promedio cuatro veces superior, el cual en promedio es de 54 a 190 horas en municipios y 239 horas de interrupciones en zonas rurales.

Hasta el momento en Colombia no hay un indicador oficial que muestre las dimensiones de pobreza o carencias de servicios energéticos. En una investigación en curso, estoy calculando el porcentaje de hogares por regiones en un umbral de privaciones de accesos a bienes energéticos, a través de un indicador multidimensional; teniendo en cuenta la definición de cuatro dimensiones como el combustible utilizado para cocinar, acceso a energía eléctrica, electrodomésticos y bienes de entretenimiento que usen energía, determinó el número de hogares en condición de pobreza energética.

Los resultados preliminares señalan que cerca del cerca del 45% de la población poseen una privación de servicios energéticos con altas diferencias entre la región central y las periféricas. La tasa de incidencia de la pobreza, comprendida como el porcentaje de personas con menos de cuatro privaciones, también se ha venido reduciendo desde 2010, pasando de 53% a 29%. Por regiones, el 41% de los hogares se encuentran privados de los bienes y servicios energéticos, con una amplia diferencia entre las áreas rurales y cabeceras.


Índice de Pobreza Energética Multidimensional

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Cálculos Propios


Otro de los componentes del indicador es el combustible para cocinar es el Gas Natural, que en los últimos diez años ganó importancia dado su costo y facilidad; sin embargo, el 64% de las personas en el país tienen acceso al recurso, mientras que a nivel rural el porcentaje de acceso es del 30%. El consenso general sobre los beneficios que tienen los individuos, asociadas a fuentes de energía y combustible mejoran los niveles de bienestar, y dependen de los diferentes niveles de consumo y de ingreso de los hogares.

Los combustibles más usados por hogares en situación de pobreza son la leña y el carbón. En algunas regiones prima la utilización de biomasa (leña) o minerales como el carbón para cocinar. Si bien en algunos casos, estos consumos obedecen a patrones culturales, Las zonas de mayor pobreza multidimensional del país, son las que presentan una tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias.


Combustibles utilizados para cocinar

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Cálculos Propios


En la salud el impacto del uso de combustibles ineficientes, tiene un efecto significativo sobre la salud. La contaminación del aire interior de los hogares se caracteriza por niveles de monóxido de carbono, compuestos aromáticos y partículas en suspensión más altos de lo aconsejable. El uso de estos combustibles, sumado en muchos casos a la poca ventilación de las viviendas, afecta principalmente a mujeres en edad fértil y menores de edad, sobre todo en áreas rurales de países pobres o en vías de desarrollo. Las partículas suspendidas tienden a comprender elementos de ceniza, hollín y metal, y tienden a ser extremadamente finas, (González-Equino, 2015).

En el mundo, cerca de tres mil millones de personas, dependen de combustibles contaminantes e insalubres para cocinar; se estima que cada año mueren en los países en vías de desarrollo cerca de dos millones de personas, principalmente mujeres y niños, por estar expuestos al humo que se produce por la quema de leña en la cocción de alimentos, situación que afecta principalmente a los países de ingresos medios y bajos según la Organización Mundial de la Salud (García & Graizbord, 2016).

El vínculo de las carencias no solo afecta a la salud, también repercute en el ambiente de estudio. Factores como el calor, la falta de luz y la privación de eficiencia energética desmejoran el desarrollo educativo. Por otro lado, el ingreso de las personas y de las empresas también se ve perjudicado, principalmente las actividades industriales. La inversión y la productividad laboral, y alta vulnerabilidad del ingreso asociado a los precios de los combustibles, pueden generar alto impacto sobre los costos de la producción.

Los avances en ingreso de los hogares en Colombia han permitido mayores accesos de electrodomésticos, lo que impacta de manera positiva en la reducción de vulnerabilidades y privaciones. También se evidencia que en Colombia se han presentado incrementos en las actitudes de los hogares que permiten tener mayor control sobre la gestión de la demanda de servicios energéticos. Aspectos como el incremento de uso de bombillas de bajo consumo, planchar la mayor cantidad de ropa y desconectar aparatos eléctricos son valorados de forma positiva por los hogares. Aún existe una baja tendencia a apagar las luces para incrementar el ahorro energético.


Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Cálculos Propios


Erradicar la pobreza extrema es complejo, teniendo en cuenta institucionalidades como lasnuestras. El enfoque de política pública aún es muy débil y varias discusiones no se han vinculado en la agenda, principalmente teniendo en cuenta las diferencias regionales y la rígida regulación hacia la generación. La necesidad de reorientar la estructura de la oferta energética a renovables no es solo cuestión de nuevos esquemas de distribución, también de flexibilidad en los precios, alternativas para el almacenamiento y autogestión de la demanda que tengan en cuenta las diferencias geográficas y la regulación son los retos fundamentales.

Colombia no es un país que aporte significativamente al impacto de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, aún falta tener claro una orientación hacia la sostenibilidad ambiental y un desarrollo económico sustentable que tenga en cuenta las alternativas de generación, combustibles con menor impacto ambiental y eficiencia productiva energética – [Ese último punto aún hace falta mucho por avanzar y generar mayores impactos de Programas de Uso Racional y Eficiente de Energía – PROURE -]. El enfoque actual de lucha contra la pobreza también requiere que se tengan en cuenta mejoras en electrificación en zonas aisladas, mejoras locativas para el uso de combustibles y fuentes de alimentación, y mejorar la conectividad a internet.

El plan de desarrollo del gobierno actual, tiene objetivos que van de acuerdo con estas necesidades, pero es bastante moderado en las siete metas para mejorar aspectos energéticos y deja por fuera algunos otros temas fundamentales para mejorar el acceso. Planea reducir durante los próximos cuatro años el número de interrupciones de servicio de 49 a 35 y reduciendo el promedio en tiempo de 38 a 27 horas; aspecto positivo, que se espera que tengan en cuenta las diferencias regionales, que no son claras en el diagnóstico.

Planea aumentar en cien mil los nuevos usuarios, partiendo de una línea de base de cero usuarios. En este último aspecto, no se evidencia la relación con el déficit cualitativo de vivienda. También plantea aumentar en un millón el número de usuarios conectados a la red, lo que significa un incremento del 10.3%, mientras que la UPME proyecta un crecimiento de la demanda energética superior cercano al 30%. Proyecta que cien mil usuarios serán beneficiarios de los programas de sustitución de leña, cincuenta mil de programas de eficiencia energética. La única meta ambiciosa, es el incremento del número de usuarios con equipos de medición inteligente, de 200.000 a 5.200.000.

Por otro lado, el PND no plantea programas de electrificación rural y plantea eliminar subsidios a la energía en estrato 3 y reducirlos en el 1 y el 2, basado en el aparente crecimiento del estrato 3 y el costo fiscal de estos subsidios. Sin embargo, esta reducción a subsidios no tiene en cuenta la vulnerabilidad en regiones como la pacífica y el caribe con amplias diferencias en los ingresos y calidad de acceso a la energía.

Gracias a la ley de fuentes no convencionales, se están presentando importantes proyectos de transición a fuentes renovables no convencionales. Pero aún son muy escasos los aportes planteados de los proyectos, y no se ha eliminado la rigidez de nuevos agentes en el sistema. Así mismo, no hay claridad en los incentivos y mecanismos para que el usuario final logre hacer gestión de la demanda o de almacenamiento de energía.

Varios son los retos energéticos en Colombia, principalmente asociados a la sostenibilidad y sustentabilidad. Esperemos que en los próximos cuatro años el enfoque de la Política Pública permita una reducción significativa y reduzca las brechas regionales de acceso a servicio, principalmente en una región como la Caribe con un alto potencial energético, pero con las mayores deficiencias energéticas nacionales.


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