Colombia: el espejo donde no nos queremos ver

Por: Francisco Manrique.

En el Post anterior, comencé a hacer una presentación de los análisis que han realizado María Teresa Ronderos y el Profesor de Harvard, James A Robinson sobre las causas raizales que han estado detrás de nuestra historia violenta, por tantas décadas.

La premisa en la cual coinciden los dos: nuestra democracia se ha montado en un sistema, en que las élites centrales han delegado en las élites regionales de la periferia, el manejo de sus regiones. Es un pacto mutuo de no agresión, que ha mantenido en un equilibrio inestable la gobernabilidad de nuestro país. Esto ha generado muchísimos problemas de muerte y desplazamiento, que ha significado teñir de sangre muchas zonas del país.

En cuanto al porqué las élites locales aceptan una sociedad tan caótica, cuando la estabilidad sería mejor para los negocios, la explicación puede estar en la alta rotación de estos grupos, que ven aparecer competidores emergentes, para disputarles el poder con el uso de la violencia y la intimidación. Hay casos emblemáticos como el de Emilce López, más conocida como “la Gata”, quien representó los intereses del narcotraficante Rodriguez Gacha y quien construyo un imperio político y económico, utilizando la violencia, y usando las empresas de apuestas, con el patrocinio de los gobiernos locales.

Hay otros casos igualmente emblemáticos como el del senador Álvaro Alfonso García Romero, quien hoy está pagando una pena de 60 años de prisión por su conexión con los grupos paramilitares, y por haber estado detrás de la masacre donde murieron 15 campesinos. Éste señor es un buen ejemplo de una familia de terratenientes, con propiedades muy extensas, que uso métodos ilegales y violentos para consolidar su poder local, apoyado por bandas criminales.

Ejemplos como los anteriores, nuestras como han surgido unas nueves élites gracias a su habilidad para manejar los beneficios que se ha generado, por el conflicto rural en Colombia. También, como familias tradicionales perdieron el norte y se aliaron con el diablo. Las nuevas élites que han surgido, lo han hecho destruyendo a las anteriores.

Como bien lo recuerda Robinson en el 2013, a pesar de que el sistema tiene una gran capacidad de absorber este tipo de personas, esto no significa que pueda generar unas buenas instituciones en las áreas rurales. Una alta rotación en las élites locales tienden a generar incentivos de violencia, así como promover el atropello por la tenencia de la tierra en esta zonas.Y como es evidente hoy en día, este tema está en el centro del conflicto armado, tanto guerrillero como paramilitar en Colombia. El resultado ha sido la adquisición a la fuerza de cientos de miles de hectáreas y el desplazamiento de millones de campesinos.

Lo impresionante de esta historia, como nos lo recuerda María Teresa Ronderos en su libro, es que personajes como Macuso, Jorge 40, Ramón Isaza, y otros de su calaña, hoy reciclados en otras bandas criminales, fueron y siguen siendo el Estado en bastas zonas del país. Durante muchas décadas han podido hacer lo que quieren con la complicidad, incapacidad e indiferencia de las élites centrales que han gobernado a Colombia durante este periodo violento de muchos años.

Ejemplos como los descritos han evolucionado a lo largo de décadas. En los 50, durante la época de la Violencia, un caso emblemático fue el del señor Dumar Aljure, quien perteneció a la guerrilla liberal, y por 15 años manejó una república independiente en el Departamento del Meta, hasta que fue dado de baja por el ejército en 1968.

Aljure , al igual que lo hicieron criminales como Jorge 40, Macuso y Ramón Isaza, décadas mas tarde en otras regiones, cobraban impuestos, regulaban el comercio y controlaban a las comunidades donde actuaban. Y al igual que sus sucesores, Aljure le ponía votos a los políticos locales en Villavicencio, a cambio de que lo dejaran solo y no lo molestaran. El error que cometió fue tratar de cambiar de bando en las elecciones de 1968 cuando respaldó al candidato que perdió. El oponente que ganó, movilizó al ejército para que lo persiguiera, hasta que lo dieron de baja ese mismo año.

Está cartelización política que se ha generado como consecuencia de estas dinámicas, es el resultado de un sistema que no exige responsabilidad, a quienes ejercen esta actividad. Como lo menciona Robinson, en su análisis histórico de Colombia, se ha creado un modelo de gobierno que genera unas ventajas comparativas que facilitan la criminalidad. Este es uno de los principales factores que han convertido a Colombia en el centro global del tráfico de drogas.

Como lo mencionaba en el Post anterior, la historia reciente de nuestro país, muestra que han habido cambios significativos. La pregunta es si estos representan a la nueva Colombia y si son sostenibles. La respuesta está en duda. En la medida en que no se aborde el problema de fondo planteado por Robinson y Ronderos, y compartido por otros analistas como Posada Carbó, las señales y la lógica de los argumentos de estas personas, demuestran que tenemos un gran reto en nuestras manos.

Hay muchas razones para pensar que el cambio no se va a dar, o que va a ser muy difícil. La razón más fundamental, es que a pesar de los avances logrados por los últimos dos presidentes, ninguna de las dos administraciones han podido romper con el sistema de gobierno que hemos tenido y que ha generado los problemas que vive el país.

Para la muestra, un botón. A pesar de los avances realizados por Uribe en términos de seguridad en su primer periodo, su comportamiento autoritario, especialmente después de su reelección, generó muchísimos escándalos relacionados con el abuso de poder. Demostró que gobernó utilizando los modelos mentales de un gamonal de pueblo. Esto se vio reflejado en casos como las chuzadas del DAS, los falsos positivos, etc. Lo increíble de este ejemplo, es que estos comportamientos son aceptados sin cuestionar por muchas personas educadas y privilegiadas de nuestra sociedad.

De alguna manera, el comportamiento de Uribe en ese período, fue el de un mafioso donde el fin justificaba los medios. Como resultado, hoy en día muchos de sus colaboradores más cercanos están entre rejas o huyendo fuera del país. Para el Centro Democrático, partido que representa la visión de Uribe, la explicación se debe a una persecución política y un montaje de sus enemigos. Ver para creer y después nos asombramos de lo que nos pasa.

Otros ejemplos de las dificultades para lograr los cambios necesarios en la sociedad colombiana, son el de la Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras. Ambas están en el corazón de la política para transformar la realidad colombiana por parte del Presidente Santos en medio de las negociaciones con las FARC. Estos instrumentos se perciben al interior del país como algo simbólico e imposible de implementar.

De hecho, como lo recuerda Robinson, cuando el ministro de Agricultura visitaba la municipalidad de Necoclí en septiembre 2010, al norte de Antioquía, mataron a uno de los cinco líderes, que habían estado a la cabeza de la campaña para conseguir justicia en esa región, el mismo día en que se firmaba el acuerdo. A otro de los líderes lo mataron poco después.

La verdad es que la historia muestra como es de difícil cambiar la realidad en la periferia de la Colombia rural. Carlos Lleras Restrepo, buscó desarrollar un ambicioso programa de reforma agraria. Sin embargo, quien ha sido considerado uno de los mejores presidentes del siglo XX, falló en lograrlo, porque no consiguió la cooperación de las elites locales, quienes se opusieron con patas y manos a sus ideas de repartir las tierras a los campesinos y acabar con los latifundios improductivos.

Hay una crítica muy grande que le hacen los analistas internacionales a las élites colombianas, particularmente a la gente de mayores recursos: su incapacidad y voluntad de pagar por los bienes públicos que se necesitan para sostener una sociedad en paz. Han estado dispuestos a pagar impuestos para sostener la guerra, especialmente durante la época de Uribe. Sin embargo, en la actualidad se muestran muy reacios y escépticos a apoyar el proceso de paz.

Cuando Uribe lanzó su Plan Nacional de Consolidación, en el año 2008, para establecer la presencia del Estado en las áreas donde habían estado las FARC, los fondos que se utilizaron tuvieron que venir de la agencia americana para el desarrollo internacional USAID. Las élites colombianas, acostumbradas a su política de gobierno indirecto en las áreas marginales, mostraron muy poco interés en financiar los esfuerzos para restablecer el orden, en esta zonas rurales del país.

Otro fenómeno analizado por Robinson y Ronderos por separado, es el de la violencia como parte de la vida cotidiana de Colombia. En el libro de Guerras Recicladas, es impresionante el nivel de destrucción y muerte al que se acostumbró el país por tantas décadas. Más recientemente, en las elecciones locales de octubre 2011, 41 candidatos fueron asesinados, lo cual simplemente fue la punta del iceberg de un proceso de intimidación general. De los 76 miembros de sindicatos asesinados en el mundo de ese año, 29 fueron ejecutados en Colombia.

A la luz de todo lo anterior, es evidente que si el proceso de paz con las FARC y el ELN se pudiera consolidar, los problemas del país estaría lejos de ser resueltos. La economía de la droga y la insurgencia guerrillera, son el resultado de un estilo que ha premiado el gobierno indirecto, que ha fomentado la violencia y la ilegalidad en la periferia.

Y si los argumentos planteados hasta este punto no son suficientes, veamos otra realidad. La desmovilización de los paramilitares, supuestamente terminada en el 2006 por Uribe, mutó en la proliferación de otros grupos ilegales como los Urabeños y los Rastrojos. En enero del 2012, este último demostró su capacidad de poder cuando logró un paro armado en varios departamentos de la costa del Caribe, ante los ojos estupefactos de la gente y la incapacidad del Gobierno de evitarlo.

Lograr que en Colombia se pueda escribir un nuevo capítulo en su historia, significa que se tenga la capacidad de enfrentar la manera como el país ha sido gobernado, desde su independencia en 1819. Si esto no se enfrenta, como lo proponen Robinson y Ronderos, políticas correctas como la de restitución de tierras y el reconocimiento a las víctimas del Presidente Santos, o como el Plan de Consolidación Nacional de Uribe en el 2008, no van a tener ningún impacto.

Las buenas iniciativas que surjan hacia adelante, en un eventual post conflicto, solamente van a funcionar si están enmarcados en el reconocimiento de los problemas del modelo de gobierno, que está detrás de la incapacidad del Estado colombiano para tener una posición fuerte y respetada en la periferia. Desafortunadamente, como lo predice Robinson, mientras esto no se haga, el proceso con las FARC va a conducir a que haya mucha euforia, pero muy pocos avances en términos de los problemas de fondo que afronta la sociedad colombiana.

Como en el cuento de Blanca Nieves y los 7 en enanitos, Robinson y Ronderos nos están forzando a ver la Bruja en el espejo que no hemos querido ver.


 

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