COVID-19 y educación: Regresaremos, pero ¿regresaremos todos?

La salida de la pandemia con su progresiva reapertura de las aulas tendrá efectos importantes en los sistemas educativos. El escenario actual afectará los logros de aprendizaje y amplificará el riesgo de deserción y desescolarización. Cálculos preliminares señalan un aumento del 17% en la exclusión educativa: 1 millón de estudiantes dejarán de asistir a las escuelas[1]. La crisis económica y social aumenta la probabilidad de abandono escolar. La educación remota de emergencia – la norma hoy en el continente – se enfrenta a barreras como el grado de preparación de los sistemas educativos para esta modalidad, la falta de conectividad y dispositivos en los hogares y la dificultad de mantener la motivación y compromiso de las familias y sus estudiantes.

Esto viene a agravar la situación en la región: la interrupción de las trayectorias educativas ha sido, desde antes de la pandemia, uno de los problemas más urgentes y vigentes de los sistemas escolares en América Latina. De acuerdo con la plataforma de datos CIMA [2], en promedio uno de cada cinco jóvenes entre los 15 y 17 años – una de las fases más críticas para la permanencia o abandono escolar – no asistía a un centro educativo en el año 2018. Además, si bien la tasa de terminación en secundaria es de 64%, se evidencia una marcada diferencia por nivel socioeconómico de hasta más de 50 puntos porcentuales entre estudiantes pobres (quintil 1) y ricos (quintil 5) (ver gráfico).

Uruguay presenta la brecha más amplia, con un 12% entre estudiantes del pobres y un 79% entre estudiantes ricos. Este tipo de exclusión aumenta las probabilidades de que más adelante esos niños y jóvenes excluidos caigan o permanezcan en la pobreza y disminuyendo sus oportunidades de integrarse a la vida social y laboral.

La exclusión educativa lesiona el derecho a la educación y debe ser atendida con la mayor prioridad y sentido de urgencia posible (UNICEF, 2018). Esto obliga a redoblar esfuerzos desde los distintos niveles de los sistemas educativos de América Latina para evitar y poder contener esta situación. Para ello se requieren respuestas sistémicas basadas en evidencia, integrando lo que sabemos sobre exclusión educativa en el continente y el mundo.

La evidencia disponible[3] indica que, si bien una parte del desafío reside y puede gestionarse desde las propias escuelas, la exclusión escolar e interrupción de las trayectorias educativas es un fenómeno multifactorial en el que influyen variables socioeconómicas, familiares y culturales, entre otras, que requiere políticas y prácticas altamente complejas.

Uno de los retos de América Latina y el Caribe es avanzar en la construcción de lo que nos atrevemos a definir como “Sistemas de Protección de las Trayectorias Escolares”. Países como Uruguay, por medio de su Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, que se implementa desde el 2016[4]; Chile, a través del crecimiento progresivo de su Sistema de Alerta Temprana y de la reciente identificación de un conjunto amplio de acciones de prevención de la exclusión[5]; o México, que por más de 15 años ha consolidado su iniciativa de mentoría Peraj[6]; han caminado en esa dirección, implementando políticas específicamente dirigidas a evitar la exclusión de los estudiantes.

Fuera de la región, algunas estrategias exitosas se basan en monitoreo efectivo combinado con intervenciones en los distintos niveles. En el caso de Finlandia cuentan con un enfoque multidisciplinario basado en intervenciones de intensificación para aquellos estudiantes que se van quedando atrás, con más tiempo de instrucción y enfoques alternativos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Un sistema de protección de trayectorias debiera considerar, particularmente en un contexto como el actual, al menos lo siguiente:

Una política de detección temprana de quiénes son los estudiantes que más apoyo requieren. Esto supone la existencia de sistemas de información que integren en tiempo real los datos relevantes sobre los estudiantes y sus familias, el despliegue de estrategias nacionales y locales de procesamiento de esta información (aprovechando el potencial que hoy ofrece la inteligencia artificial), y la implementación de modelos de alerta temprana que permitan a las escuelas identificar los casos con mayor riesgo de abandono escolar de acuerdo con ciertas variables clave y actuar a tiempo.
Un set de estrategias de apoyo socioeducativo que reduzca significativamente el riesgo de abandono. Estas estrategias pueden ser variadas (desde la adecuación del plan curricular hasta las visitas a los hogares para asegurar la asistencia), dependen del contexto particular y deben ser implementadas por los centros educativos con base en la evidencia que proveen los sistemas de información y a las orientaciones emanadas de los niveles nacionales y subnacionales. El sistema de protección de trayectorias debiera promover y sistematizar esta diversidad de estrategias para su conocimiento y aplicación.
Un conjunto de recursos y condiciones básicas para que las escuelas puedan enfrentar el desafío de la inclusión. El combate a la exclusión educativa requiere mejorar y optimizar los recursos que resultan clave para esta tarea. Los sistemas de protección de trayectoria debieran asegurar algunas condiciones mínimas, como la disponibilidad de equipos psicosociales que apoyen directamente a los estudiantes en situación de riesgo o la formación de docentes y directivos para que éstos puedan abordar de la mejor forma posible este desafío.
Una clara estrategia de reinserción de los estudiantes que están fuera del sistema escolar, como la creación o ampliación de escuelas de reingreso, el fortalecimiento de programas de recuperación y aceleración de aprendizajes y la flexibilización de la oferta educativa para adecuarla a las necesidades de poblaciones vulnerables como madres jóvenes, migrantes o jóvenes con retraso educativo significativo pero que después de algunos años fuera de la escuela desean completar su educación básica y obtener un título.

La pandemia puede afectar duramente el derecho a la educación de los estudiantes y estamos a tiempo de pensar cuáles son las mejores políticas para no permitir que la exclusión educativa crezca en nuestro continente.

[1] Acevedo, I.; Castro, E.; Fernández, R.; Flores, I.; Pérez-Alfaro, M., Szekely M.; and Zoido, P. (2020, fothcoming). Canales de transmisión del Covid-19 hacia la Educación.

[2] El Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) es una innovadora plataforma del BID que presenta 40 indicadores comparables a lo largo de 26 países de América Latina y el Caribe y promueve el diseño e implementación de políticas educativas efectivas y basadas en la evidencia a fin de mejorar la calidad de la educación.

[3] Respecto al análisis de los factores que inciden en la exclusión, ver por ejemplo: Wood, L., Kiperman, S., Esch, R. C., Leroux, A. J., & Truscott, S. D. (2017). Predicting dropout using student-and school-level factors: An ecological perspective. School Psychology Quarterly,32(1), 35–51, en https://psycnet.apa.org/record/2016-15743-001. Sobre las políticas e intervenciones, una buena síntesis de lietratura es la realizada en: Freeman, J., & Simonsen, B. (2015). Examining the impact of policy and practice interventions on high school dropout and school completion rates: A systematic review of the literature. Review of Educational Research, 85(2), 205-248; en https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654314554431

[4] https://www.ces.edu.uy/files/propuesta-para-un-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas.pdf

[5] https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/propuestas_desercionescolar.pdf

[6] https://www.peraj.org

Nota publicada en Los Blogs del BID reproducido en PCNPost con autorización.

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