Sumas y restas de la salud en Colombia

Por: Sthefanny Gallo Herrera.

Este contenido sintetiza el análisis jurídico con base al Estado de Emergencia Social en el cual se expidieron una decena de decretos con el fin  de quitarle piso al actual funcionamientos del sistema de salud.

Por lo tanto la declaratoria de Emergencia económica, social, ecológica o grave calamidad pública, es ni mas ni menos que una figura jurídica de carácter excepcional y transitorio que concede al gobierno especiales poderes legislativos para conjurar una grave crisis en cualquiera de los ámbitos señalados e impedir mediante Decretos con fuerza de ley la extensión de sus efectos.

Por tratarse de un mecanismo político-jurídico que rompe con los parámetros de normalidad democrática el término de su ejecución es sumament breve, 30 días para cada caso, que además sumados en total no podrán exceder de 90 días en un año. No obstante, las normas jurídicas expedidas durant su vigencia pueden mantenerse como parte de la legislación permanente a menos que el Congreso las modifique o derogue.


salud hospitales

Imagen cortesía de Sira Anamwong en FreeDigitalPhotos.net


Ahora bien, una vez declarada la emergencia se activa un doble control, el primero de caráctar político en cabeza del Congreso de la República que de una parte juzga la conveniencia y oportunidad de las medidas tomadas y por otra valora las causas esgrimidas como motivación de su declaratoria. El segundo, es adelantado por la Corte Constitucional que realiza un juicio jurídico sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida y que gracias a la jurisprudencia también evalúa si la gravedad de las causas alegadas por el Gobierno se ajusta a las exigencias constitucionales a la vez que verifica la relación de causalidad entre la Declaratria de Emergencia y las desiciones tomadas para superar la crisis.

En la exposición de motivos del Decreto que declara la Emergencia el gobierno sostiene que dada las excesivas reclamaciones de servicios, tratamientos y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS  –  es decir por fuera de los aceptados como propios del plan general de atención – las Empresas Prestadoras de Salud – EPS-, personas jurídicas de carácter privado que se dedican al negocio de la salud, se encuentral a punto de quebrar. Así, para el gobierno el mercado de salud está en crisis porque si las cosas siguen como van, las EPS van a empezar a reducir sus beneficios, o tal vez su proyecto de inversiones, ahora en expansión en otro rentable sector económico: la educación superior.

Lo que el Decreto no dice es que el POS excluía tratamientos eficaces y oportunos para las enfermades ruinosas o calamitosas – ERC -, denominadas así por su gran capacidad degenerativa, exigencia de alta complejidad técnica, alto costo, y baja relación de costo- efectividad en su tratamiento. Dentro de esta infame categoría se ubican el cáncer, VIH, enfermedades genéticas o congénitas, insuficiencia renal crónica, entre otras. Realidad que ha sido sintetizada con la frase de que en Colombia ya no es temible ser leproso sino costoso.

Lo que ha venido ocurriendo es que ante las falencias de un sistema orientado hacia el negocio, en el que la obtención de lucro es la premisa principal, y la instauración de un Estado Social de Derecho que pregona la dignidad humana como principio-derecho, en el que la vida y la salud son derechos fundamentales y por tanto de imperiosa protección para el Estado, la Corte Constitucional –entre fuego cruzado- optó por cumplir con una de sus principales misiones; proteger los derechos fundamentales. De suerte que mediante su jurisprudencia ha venido jalonando a las EPS a prestar una mayor y mejor atención en salud y en especial ante las –ERC- condenándolas a prestar una atención integral para dichas dolencias.

Los reclamos judiciales solicitando la protección al derecho fundamental a la salud mediante acciones de tutela tuvieron un crecimiento exponencial en una década, pasando de un 3% del total de tutelas para el año 1997; a un 21% del total de tutelas para el año 2006, las que también aumentaron significativamente (293.885 personas le pidieron a los jueces proteger el derecho a la salud de un total de 1.404.932 tutelas. Fuente: Consejo Superior de la Judicatura), lo que además no ha dejado de parar, pues en el año 2008 se decidieron 326.960 procesos de esa naturaleza, de igual manera en los ultimos 3 años se han presentando mas de 614.520 representadas en mas de un 24%.

Cabe señalar que por lo general la condena a una EPS para la prestación de un servicio, procedimiento  o tratamiento no incluiuna do en el POS, fue acompañada con una orden de recobro al Fondo de Solidaridad y garantía – FOSYGA- cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social manejaba por encargo fiduciario que también se nutre, entre otros rubros, del descuento del 1.5% de la cotización de solidaridad que pagamos los trabajadores, y con cuyos rendimiento financieros se les devuelve a la EPS los costos invertidos en el cumplimiento de la Sentencia. Así las cosas, hasta el momento, las EPS han tenido plena financiación por los costos no pactados y en ocasiones hasta doble pago, por cuanto negando el servicio POS ya cubierto l por el trabajador, por tutela obtenían un segundo pago.

La contrareforma al Sistema de Salud plantea que su objetivo es dar prioridad a la atención general y básica, según unos estándares de atención fijos. Para que esto se conserve así, establece un paquete de correctivos cuyos pilares son dar una buena reprimenda a los médicos y a los pacientes que intenten descarriarse.

En pocas palabras, el mensaje del gobierno es que ya que los ciudadanos quisieron preservar su salud , los médicos ordenaron tratamientos para que ello fuera posible y los jueces ampararon su derecho, ahora todos tendremos que meternos la mano al bosillo, salvo las EPS, que tienen blindado el negocio.

Lo cierto es que el Sistema de Salud en Colombia está mal montado porque su diseño no encaja con los cimientos del Estado Social de Derecho, por lo que ante un problema estructural como este se necesita un debate nacional en el que participen todos los sectores implicados y en el que se pacte un nuevo acuerdo sobre el cuál es la Seguridad Social que quieren J8U7 y pueden tener los colombianos.


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