La peor condena en Colombia

Por: Sthefanny Gallo Herrera.

Como cada vez que Colombia es condenada por un tribunal internacional por violación de los Derechos Humanos, que como hemos podido evidenciar se han proferido varios fallos respecto de acontecimientos ocurridos en nuestro suelo; se oyen voces de quienes estiman injusto que, no siendo el Estado Colombiano el que cometió los crimenes, seamos los contribuyentes los que paguemos los costos de la reparación a las víctimas.

Quienes así razonan no tienen en cuenta varios motivos que deben ser considerados: “Colombia está comprometida por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Uno de ellos es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de Noviembre de 1969 , que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Covención dispuso que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que han configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Colombia debe responder tanto por la omisión en que puedan incurrir sus autoridades al permitir que los crímenes sean cometidos al no administrar justicia eficaz y oportuna en la investigación y sanción de los responsables como también por los crímenes que sean imputables a agentes estatales. Como consecuencia de todo ello, podemos concluir que las sentencias que, previo proceso, profiera la Corte Interamericana tienen plena validez en Colombia, y sobre todo tienen carácter vinculante.


Paz Farc palabras condena

Diciembre 12, 2016.Bogotá, Colombia. AFP PHOTO / Guillermo LEGARIA


No son meras opiniones, ni tampoco consejos que nuestras autoridades puedan atender o no. Cuando se trata de condenas, nuestro Estado queda obligado a cumplir todas las órdenes que se le impartan y a responder patrimonialmente, en su caso, por los daños causados a las víctimas.

Aún cuando nuestro estado se encuentra obligado, no se agota el papel de los órganos competentes en el cuidado de una persona amenazada sino que desde antes, es decir cuando esa persona principió a ejercer sus libertades de pensamiento, de opinión, de expresión, de asociación, esté o no de acuerdo con las orientaciones del Gobierno; sea o no miembro de la oposición; no importa a cuál partido pertenezca, el Estado tiene que responder por acción y omisión y de la misma manera hacer respetar el uso integral y tranquilo de esas libertades y de esos derechos.

En tal sentido es muy peligroso que el Estado, aun cumpliendo con la protección policial en cuanto a la seguridad de los dirigentes y líderes políticos, gradúe a sus opositores de enemigos públicos ya que las relaciones arbitarias con organizaciones delictivas también condenen públicamente sus actividades políticas – recordemos el caso de las famosas “chuzadas”, o que no se investigue a cabalidad acerca de los delitos contra los dirigentes, u obstaculice las investigaciones o los fallos.


 

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