La guerra como negocio y los privilegios de la industria armamentista

Por: Sthefanny Gallo Herrera.

La guerra es un negocio rentable, más rentable que el narcotráfico y con una característica que la hace una actividad política/empresarial sofisticada y singular; en un mercado cautivo y exclusivo. Para darnos una idea de cómo muchas legislaciones toleran el pago de comisiones en las compras de equipos militares, oigamos las voces de Pierre Lascoumes, crudas y llenas de enfermiza realidad: “uno y otro demuestran que el pago de comisiones parece ser un lugar de paso obligado en todos los contratos de armamento.


gun armas


La legitimidad de esos sobornos es incierta y existe una clara contradicción entre el derecho penal que castiga la corrupción y el derecho fiscal Francés y Belga, para el que, “en caso de que la concesión de comisiones secretas para las empresas sea reconocido como práctica corriente, el Ministerio de Hacienda puede a petición del contribuyente, autorizar que sean consideradas como gastos generales las sumas así asignadas”.

Son legislaciones como la Francesa y como la Belga, no las leyes de Angola ni del Congo, las que, prevalidas de un tecnicismo le dan el nombre de gastos generales al soborno, a la coima y las que impulsan con esas atractivas y santificadas comisiones la venta de sus armas.

Quienes las compran y para que?,¿qué tanto conocimiento tiene la sociedad de las armas que adquiere el gobierno  de sus costos?,¿con cuáles firmas militares privadas ha suscrito convenios el gobierno y cuál ha sido el objeto de los mismos?; son interrogantes que flotan en un agujero negro del que se desprenden pequeñas gotas de libertades recortadas, que lentamente debilitan la moral de la democracia, le confiscan sus controles y le arrebatan su esencia, que no es otra que el culto a los derechos.

Hoy todo el andamiaje sobre el cual se ha levantado el Estado Constitucional se encuentra agrietado por muchas razones, una de las cuales, el terrorismo, es la más protuberante. Las demás, el mesianismo político, el uso desmedido de los mecanismos de participación o simplemente el incumplimiento de la ley, si no lastiman la rama más elevada del derecho, sí castigan la majestad de los derechos humanos y la médula de las libertades civiles.

Y en un estado de guerra como el que indeleblemente ha vivido la humanidad y en una sociedad que ama más a las armas que los libros, no es complejo concluir que los postulados y los principios que han animado el estudio y la aplicación del derecho constitucional, son apenas trozos de luz y de decoro en una época signada por la arrogancia de los fabricantes de armas, por la vesania de los mercenarios que incendian los conflictos, por la vigencia de las empresas militares privadas, por la intolerancia y por el combustible de la corrupción.

Principios como el de la seguridad, el de la soberanía popular, el de la libertad y la dignidad de las personas, tan caros a la felicidad de los pueblos y el robustecimiento de la democracia, como forma de vida, no de gobierno, se encuentran asediados por una realidad que no pueden habitar, por una realidad que les es inhóspita: la de las armas, la de la amenaza, la de las fuerzas del paramilitarismo, la de la sinrazón.

No puede la Constitución bloquear o impedir la carrera armamentista que febrilmente corren los amigos del conflicto, ni puede evitar tampoco que se privilegie más a los jóvenes armados que a los jóvenes educados, porque la cultura del conflicto así lo ha impuesto.


 

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