El efecto desestabilizador

El efecto desestabilizador como fundamento de la política criminal contra la criminalidad organizada.


Por: Sthefanny Gallo Herrera.

Desde nuestro punto de vista, es el efecto desestabilizador de la criminalidad organizada, lo que legitima una actuación especial como la que se viene realizando desde el plano normativo sustantivo y procesal penal. El efecto desestabilizador se refiere a las consecuencias dañinas que acarrea la operatividad de las organizaciones criminales para el Estado.

Con la Convención de Palermo, la criminalidad organizada adquiere reconocimiento internacional como una de las problemáticas más graves que afecta a diversas sociedades del actual milenio. Es a raíz de este evento oficial, que diversos países ratificantes trabajaron en adoptar medidas para combatir dicho fenómeno nocivo tal y como lo recomendó la Organización de las Naciones Unidas.

Si bien existe consenso en la doctrina, sobre la dificultad de elaborar una definición de la criminalidad organizada, son sus características operativas las que han permitido mantener la asunción de una definición tomando en cuenta sus rasgos identificativos, lo que ha permitido la adopción, a la vez, de todo tipo de medidas contra su incremento.


crimen cárcel esposas

CC0 Creative Commons. Pixabay.


Entre el aumento de penalidad, creación de nuevos tipos penales, ampliación de los plazos de duración de medidas coercitivas y eliminación de beneficios penitenciarios, encontramos la actual política criminal. Así se evidencia cómo la dureza del poder penal, conduce imperativamente al recordatorio de los límites o principios y garantías que toda intervención de esta naturaleza debe de atender, sobre todo en los modernos estados democráticos de derecho.

La política criminal contra el crimen organizado, reflejada a través de los diversos movimientos legislativos de los últimos años, demuestra –como complejo ideológico o moral- una flexibilización de algunos principios esenciales en un derecho penal y procesal penal garantista, que siempre tienen que ser observados y tenidos en cuenta en cualquier política penal dispuesta a adoptarse para combatir el delito y, consecuentemente, lograr soluciones acordes con los derechos humanos y el Estado Democrático de Derecho.

Si bien en el apartado siguiente se ha tratado de recopilar las medidas sustantivas y procesales que por política criminal se han adoptado para la lucha contra este fenómeno criminal, debemos señalar ahora, que es la Ley Contra el Crimen organizado la que permite advertir, en primer orden, a través de sus normas sustantivas y procedimentales el relajamiento hacia determinados principios, no solo del derecho penal, sino del mismo Estado de derecho.

En cuanto a los límites procesales, está el debido proceso; reconocido normativamente en instrumentos supranacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, se presenta como una invaluable garantía al exigir precisamente el respeto dentro del proceso, de otros tantos derechos y garantías, como el derecho de defensa, la igualdad de armas, presunción de inocencia.

En efecto, para el garantismo, las reglas de juego, es decir, los parámetros legales establecidos institucionalmente en forma de normas o valores axiológicos, no pueden dejarse de lado o sufrir flexibilización, ya que ello implica un atentado contra el mismo Estado de Derecho. El expansionismo, no tiene cabida en el garantismo, ya que el primero implica en nuestros tiempos, una profusa utilización de la ley penal con efectos simbólicos y un claro sometimiento a lo que Jakobs denomina el derecho penal del enemigo. Lo cual es incompatible con los fundamentos de la corriente garantista.

En este orden de ideas, el delito de organización criminal adquiere vigencia y coherencia político-criminal, ya que cumple con las características de un delito de organización, porque, en primer lugar, requiere de una pluralidad de intervinientes encaminados a una finalidad común; en segundo lugar, exige la acción de agrupación o integración, permanencia, los que están orientados a la lesión de bienes jurídicos colectivos, en este rubro se indica que los delitos de estatus, en su clasificación de delitos impropio de estatus, los que exigen integrar la organización criminal preexistente y orientarse a cometer delitos; y en tercer lugar, porque se sustenta en la peligrosidad al bien jurídico tranquilidad pública, al constituirse como se mencionó supra, en un delito de peligro abstracto.

Las medidas estatales actuales adoptadas usando el poder penal, serían rechazadas por los defensores del respeto absoluto por las garantías y derechos, ya que reflejarían una flexibilización de los mismos. Frente a ello debemos sostener lo siguiente: el respeto irrestricto por las garantías y derechos de los investigados e imputados de ciertos delitos no ha dejado de ser objetivos en el proceso penal seguidos por delitos considerados ordinarios ni muchos menos por delitos propios de la criminalidad organizada.

Además, flexibilización no es lo mismo que vulneración, si por política criminal se adoptan medidas de índole penal que de manera descarada permitan la vulneración de derechos y garantías, ello definitivamente debe ser intolerado y seguramente constituido en inconstitucional. Las herramientas con las que desde el plano procesal cuentan los titulares de la acción penal, están más bien para asegurar información fáctica clave para su posterior utilización en el proceso penal.

Precisamente, la Organización de las Naciones Unidas, es la que dio indicaciones sobre los instrumentos jurídicos penales y de investigación para luchar contra las mafias, la corrupción y los delitos trasnacionales, teniendo en cuenta su gravedad de sus efectos para las sociedades. En ese sentido, el efecto desestabilizador de la criminalidad organizada como mirada legitimante de la política criminal se constituye como razonable y objetiva a nivel internacional, y por supuesto, a nivel local, ello por la gravedad de este fenómeno criminógeno, que luego de más de una década de la Convención de Palermo, ha venido a ser considerada como una de las seis amenazas del mundo actual, debido a su cada vez más grande poder económico.

El efecto desestabilizador del crimen organizado, permite visualizar dichas medidas empleadas, como una opción político criminal, preocupada en dotar medidas idóneas para combatir la criminalidad organizada teniendo en cuenta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en nuestro país, donde cada vez más se ven involucrados personajes de función pública y política, es decir, toma en cuenta los graves efectos que aún podrían generarse en la institucionalidad del Estado, que en suma, trascienden en los cimientos más importante de una sociedad, como lo social, cultural, económico y político.

Las organizaciones criminales son agrupaciones institucionalizadas y que, por tener tal condición, crean peligro para la sociedad como sistema, alterando y quebrantando sus cimientos más básicos; el hecho de organizarse a fin de cometer delitos, constituye para la sociedad, expresión de sentido comunicativamente relevante, el que tendrá como consecuencia alterar a la sociedad, ya que estamos ante un fenómeno criminal dinámico.


Referencias

1. VIRGOLINI, Julio. “Crimen Organizado: Criminología, derecho y política”. En: Nada personal… Ensayos sobre delincuencia organizada y sistema de justicia. Depalma. Vrigolini & Slokar, Coordinadores, Buenos Aires, 2001, p. 60

2. SANCHEZ CORDOVA, Juan. Las excepciones a la regla de exclusión de la prueba prohibida como manifestación del Derecho Procesal Penal del Enemigo. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 87, Lima, Setiembre de 2016, p. 215 ; señala el autor que fue Jakobs quien puso de relieve esta discusión, separando dos tendencia en el Derecho Penal: i) la del ciudadano, en la que la reacción penal espera hasta que exteriorice su hecho delictivo (con el fin de conformar la estructura normativa de la sociedad) y ii) la del enemigo, que es interceptado muy pronto, en el estadio previo, y al que se le combate por su peligrosidad. En el seno del segundo caso se explican fenómenos actuales como el adelanto de las barreras de punibilidad, el uso de delitos de peligro, la agravación de las penas […].

3. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Trotta, Madrid, 2001, p. 830.

4. SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad Organizada Parte Especial, ob, cit., p. 39.


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