Proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Oportunidad o pobreza?

Por: Rubén Darío Lizarralde.

El Gobierno y los negociadores del proceso de paz con las FARC dijeron en varias oportunidades que el modelo económico del país no se estaba negociando.

Lo que estamos viendo con este proyecto es que sí se negoció el modelo económico, y que a través de este proyecto -que de convertirse en ley- no sólo se impacta la estructura legal, sino también la agrícola, de infraestructura, la mineroenergética y la de las hidroeléctricas.

Al afectarse estos sectores que tanto han contribuido en forma importante en la formación del presupuesto y por supuesto de su ejecución, impactarán también sectores como el financiero y el de consumo. Este proyecto de ordenamiento social de la propiedad de la tierra es un proyecto el cual, no sólo tiene una intención jurídica, sino también económica y social de realizar una modificación de fondo del ‘modelo económico’ en nuestro país.

La economía funciona sistémicamente, y si un sector como el rural que continúa siendo fundamental para el desarrollo del país es impactado negativamente en su normatividad estructural y jurídica generando desconfianza e inseguridad en las inversiones, el crecimiento económico, el empleo, la inversión, la productividad y la competitividad terminarán siendo gravemente afectados. Una situación de debilidad y de desequilibrio económico, nos llevará también rápidamente y con seguridad a una desestabilización y anarquía en el sistema político.

Lo que es increíble en estos momentos es que estemos siendo sometidos a cambios estructurales de semejante trascendencia, y corporaciones de nuestra institucionalidad como el Congreso y la Corte Constitucional que muy pronto se verán afectados política y estructuralmente, estén avalando con absoluta ligereza lo que posteriormente los va a debilitar. Es como si estuviéramos permanentemente bajo los efectos de la escopolamina institucional, donde todo lo vemos pasar impávidamente creyendo que nada tocará y perturbará los intereses de la mayoría de colombianos en el futuro. Lo mismo está ocurriendo con la dirigencia empresarial y la gran mayoría de los medios de comunicación.

Las primeras lecciones de economía que recibimos nos enseñaban que la tierra, el trabajo y el capital eran los factores esenciales del desarrollo económico. Hoy se añade la innovación y el conocimiento, y dentro de estos dos nuevos factores, entramos a considerar una nueva economía, que por las limitantes que podría generar este proyecto de ley, el país se alejaría cada vez más de nuestro interés de alcanzar importantes niveles de desarrollo.


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Imagen Wikimedia Commons. Por: 4028mdk09, 2007. CC BY-SA 3.0


Pero toda acción, todo propósito por superior que este sea, todavía responde a una ley universal inmersa en la causa y el efecto. Ser la despensa del mundo en el 2050 nos consagra como una potencia en la producción y transformación de alimentos en el mundo.

Ser receptores de conocimiento de la naturaleza, ser re-creadores a través de esa misma naturaleza nos permitirá captar divisas muy importantes para nuestro crecimiento económico. Pero para ello, necesitamos energía, infraestructura vial y de comunicaciones, necesitamos recursos, necesitamos de la minería y del petróleo. Y podré seguir explayándome respecto de lo que impactará negativamente este proyecto de ley de llegar a concretarse.

Lo único claro, es que en este país de extrema riqueza natural, quienes están a cargo del desarrollo y consolidación del acuerdo de paz, con proyectos como éste, van a condenar a la mayoría de colombianos -principalmente campesinos- a vivir en la extrema pobreza.

Vamos de nuevo hacia una economía cerrada. A la inversión extranjera -que puede y necesitamos que nos ayude a desarrollar ese inmenso potencial que tenemos en la ruralidad colombiana- la estamos desestimulando y le estamos cerrando la puerta con leyes como las dos últimas reformas tributarias aprobadas en 2014 y 2016, y con proyectos de ley como éste. Y al capital nacional, mientras hay otros países que los invitan a regresar para que generen riqueza y oportunidades, como en Chile y Perú, nosotros con este proyecto le estamos diciendo a ese capital nacional que está en el exterior, que se quede allá donde está; que no venga, y que invierta esos recursos que son de colombianos en cualquier otro país, porque aquí las puertas están cerradas para generar ambientes y condiciones favorables para la inversión y el desarrollo.

Los escasos recursos del Estado más los apoyos ofrecidos por los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, más los que se discuten en el Congreso de los Estados Unidos, no garantizan el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con la guerrilla de las FARC.

Necesitamos dinamizar la economía y crecer; necesitamos disminuir el endeudamiento del Estado que ya llega a niveles críticos, y con proyectos como éste de reforma rural, se deben prender las alarmas en todas las instancias -económicas, sociales y políticas del país- ya que frena las posibilidades de desarrollo y crecimiento para estimular el empleo y el fortalecimiento de la actividad productiva de los más pobres, apoyados y orientados por el conocimiento técnico y el verdadero acceso a los mercados, a través de alianzas público privadas que involucren al capital con los pequeños propietarios y el Gobierno.

Este proyecto no debe ser negociable. Este proyecto consolida el proceso de des-institucionalización que se está implantando, estimulado por el acuerdo Gobierno-FARC y por el cual el país votó no.


 

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