Menos carbón y más renovables

Por: Manuel Guzmán-Hennessey.

Colombia necesita pensar mejor su política energética teniendo en cuenta las vulnerabilidades climáticas globales. Mientras el mundo avanza hacia políticas de cero carbono, debido a que este es el combustible que en mayor medida contribuye con el calentamiento progresivo del planeta, aquí se registran como ‘buenas noticias de la economía’, la expansión de una central térmica.

También el mundo avanza hacia el impuesto al carbono, por eso no se entiende muy bien la noticia de que Codensa haya dado al servicio esta semana su ampliación de la subestación de Termozipa.

La pregunta que surge es por qué no se pudo planificar, así fuera un mínimo de renovables, para atender las demandas de los municipios de Sopó, Tocancipá y Gachancipá, teniendo en cuenta que la matriz energética de Termozipa es el carbón. La respuesta no compromete, evidentemente, a Codensa, ni al Grupo Enel ni a Emgesa, sino al sistema de planificación energética del país, que aún no asume la transición hacia las renovables como un problema de corto plazo y de urgente reglamentación.


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Trabajadores en una banda transportadora de carbón en Workers Datong, China, noviembre 20, 2015. AFP PHOTO / GREG BAKER / AFP / GREG BAKER


Quienes desean invertir en renovables, o facilitar procesos, públicos o privados, de ambiciosas transiciones energéticas, no encuentran los incentivos necesarios para hacer estas inversiones en el actual esquema colombiano.

La ya famosa entre los especialistas, Ley 1715 fue promulgada en 2014 para incentivar el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía dentro del sistema energético colombiano.

Se previeron incentivos tributarios a las empresas que ejecutaran proyectos de energías renovables, pero solo hasta este año salió el decreto reglamentario, que no obstante, no aclara todas las dudas ni facilita de manera expedita los caminos de estas inversiones. Si un inversionista toca la puerta DIAN para recibir los beneficios tributarios encontrará que aún le hacen falta los detalles de cómo podrá ejecutarlos y mediante qué mecanismos se accederán a  estos incentivos.

El inversionista debe ir primero a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), dependiente del Ministerio de Minas y Energía. Allí, luego de dos meses (en teoría) le dirán si se aprueba, modifica o rechaza el proyecto. Si la respuesta es positiva el cliente debe ir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde es muy probable que empiece un trámite de incalculables tiempos o inciertos desenlaces. Este Ministerio necesita más apoyo de coordinación y recursos financieros para poder atender la transición en escalas significativas y no simplemente como proyectos pilotos, que las más de las veces obedecen a la voluntad de la inversión privada comprometida con la transición.

El otro problema con que deberá lidiar el inversionista es el del tamaño de su proyecto, pues el sistema de generación favorece solo los proyectos grandes (más de 20 MW) debido al sistema de las subastas. En el mundo la tendencia es que haya pequeños proyectos de renovables y estos puedan competir de igual a igual con las grandes compañditos del carbono sino que son otros los incentivos globalesrenovables y estos puedan competir de igual a igual con las grandes ías y gocen de incentivos con respecto a los combustibles fósiles.

De hecho en Colombia hubo gran apertura de pequeñas centrales hidroeléctricas (más de 80 plantas en los últimos 20 años) usando el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los bonos de carbono. Pero hoy la realidad ya no favorece los créditos del carbono sino que son otros los incentivos globales que mueven las economías hacía las transiciones energéticas y los proyectos de pequeña escala.

Si no se pueden generar proyectos de pequeña escala, aún más pequeños que Sopó, Tocancipá y Gachancipá, necesariamente tendremos que acudir al uso del más contaminante de los combustibles fósiles, el carbón.

Las principales emisiones de las térmicas que usan al carbón como combustible son: dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y material particulado. El gas que produce calentamiento es el dióxido de carbono.

Las centrales de gas natural, un hidrocarburo de transición tanto en el transporte como en la generación, que usan el llamado ciclo combinado, producen menos carbono.

Colombia es un país con muchísimo potencial de aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable, afirma un petitorio público de la WWF. El 70% de nuestra electricidad se produce a partir fuentes hídricas, las cuales son muy vulnerables al cambio climático como se ha demostrado ya en los últimos fenómenos de Niño y Niña.

Cerca del 30% de la energía restante proviene de termoeléctricas que usan gas, carbón y diesel para generar electricidad. Pero solo el 0,13% proviene de fuentes de renovables. Muy poco.

Mary Lou Higgins escribe: “El país necesita un plan ambicioso, una hoja de ruta que trace un rumbo hacia un futuro energético sostenible, limpio y sin apagones. Hay que pedirle al gobierno que se ponga las pilas y le apueste a las renovables. Varios países de Latinoamérica han comenzado su camino hacia esta transición energética, y aunque reciente, ha obtenido resultados exitosos. En 2016 países como Chile y México ingresaron a la lista de los 10 países con mayores desarrollos en aprovechamiento solar y eólico en el mundo y otros países como Perú, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua han aumentado significativamente la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales. ¿Por qué en Colombia no?”.

Hace pocas semanas se llevó a cabo en Bogotá la conferencia ‘Colombia: Acelerando la transición energética’. Y lo que se demostró en ella es precisamente lo contrario: no estamos acelerando la transición sino que la estamos aplazando inexplicablemente como lo demuestra la expansión de Termozipa.

Estuvieron presentes los actores de esta temática: la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y agremiaciones e iniciativas privadas como la Asociación Colombiana de Energías Renovables (ACER) y la Alianza Colombiana de Energía Eléctrica Inteligente (Aceei).

¿Y qué dijo la UPME? Que se debe seguir produciendo la mayor cantidad de energía posible con recursos fósiles y obligar a la industria a bajar las emisiones de carbono mediante políticas de producción limpia. No suena muy coherente.

Los datos que proyectan nuestra generación hasta 2040 no son alentadores para las renovables: 59% de hidráulica, 16% de gas, 10% de carbón, 5% eólica, 2% solar y 8% otras fuentes”. Esto debe cambiar.

¿Cuáles son las alternativas? Estimular la generación distribuida. Proyectos de autogeneración de energía donde el pequeño usuario pueda producir y consumir su energía para después entregarle los excedentes, si los hay, a las redes públicas. Y en esto tenemos mucho que aprender de muchos países de Europa que han encontrado en esta fórmula la manera de estimular los pequeños proyectos de renovables, e incluso las eco-aldeas sostenibles unifamiliares.

Ojalá se acelere la reglamentación, actualmente en camino, para proyectos menores de 1 MW. Falta regular también la complementariedad de la red: saber cuánto se va a cobrar por tener el respaldo de la red eléctrica tradicional.

También se deben estimular las Smart grid o redes inteligentes, sistemas enfocados en atender directamente a los usuarios. Marino Cadavid, vicepresidente de la Alianza Colombiana de Energía Eléctrica Inteligente sostiene que “Si se tiene la generación al lado de su casa las pérdidas son menores y el usuario puede intercambiar esa generación con otros usuarios”.

¿Y en las extensas y abandonadas zonas del posconflicto qué? Aprovechar precisamente que allí nunca ha habido electricidad o la habido de mala calidad para pasar de las condiciones económicas y de suministro eléctrico tipo medievales a condiciones de sostenibilidad y renovables sin tener que pasar por el sistema de los combustibles fósiles.

Esa es la verdadera revolución energética que requiere este país, si quiere de verdad planificar un territorio desarrollado, sostenible y en paz.


 

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