La regla de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad

Por: Sthefanny Gallo Herrera.

Los crímenes de lesa humanidad, hoy recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; constituyen una de las formas más atroces de agresión a la dignidad y valor de la persona humana. Se trata, ciertamente, de un crimen internacional cuya estructura es, por decir lo menos, sumamente compleja: su aspecto externo está relacionado con la comisión dolosa (artículo 30 del Estatuto de Roma) de alguna de las once acciones contempladas en el inciso 1 del aludido artículo 7. Estos once escenarios, para ser contemplados como crímenes de lesa humanidad, deben regirse por un aspecto contextual que, para el caso, es que se lleven a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

Pues bien, en primer lugar, quien escribe estas líneas considera que las clásicas reglas del Derecho Penal deben ser interpretadas atendiendo a las particularidades de estos crímenes, puesto que se tratan de hechos que cuestionan a la humanidad como tal, en el sentido de poner en tela de juicio la desconsideración de un estándar mínimo de las reglas de la coexistencia humana. De ahí que, como ha referido el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima.

Ahora bien, en relación a este tipo de crímenes el Estado peruano mediante Decreto Supremo 082-2003-RE, publicado el 2 de julio de 2003, ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (adoptada y abierta a firma, ratificación y adhesión el 26 de noviembre de 1968 y en vigor desde el 11 de noviembre de 1970). Al respecto, la duda que suele surgir de inmediato es si la regla de imprescriptibilidad de estos delitos es obligatoria en el Perú desde que ocurrió su ratificación o, si es posible establecer la existencia de dicha regla con anterioridad a la misma.


Jacek Abramowicz. Licencia Pixabay.


Pues bien, como primer parámetro interpretativo tenemos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH ha señalado en el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile que “aun cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Es decir, para la Corte IDH, resulta irrelevante el momento de la ratificación de la aludida Convención para poder establecer la regla de la imprescriptibilidad, sino que, teoriza la existencia de dicha regla desde la lógica de ser esta una norma ius cogens, es decir, imperativa e inobjetable en el Derecho Internacional.

Ahora bien, resulta por lo menos curioso que la discusión en torno a este tópico se haya reavivado a propósito de un reciente auto emitido por el Tribunal Constitucional, con fecha 5 de abril de 2016, en la STC 01969-2011-PHC/TC, cuando ya en el 2011 el mismo Tribunal en la STC 0024-2010-PI/TC, siguiendo la tesis de la Corte IDH, se había plegado a la regla según la cual para la determinación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es irrelevante la fecha de ratificación de la Convención sobre la materia, señalando además que: “aunque la suscripción de tratados que prevean conductas penalmente ilícitas relacionadas con crímenes de lesa humanidad o la inclusión de tipos más agravados en el Derecho interno, no puedan suponer retroactivamente un agravamiento de la pena a imponerse, ello no enerva sostener, con el mismo énfasis, que todo acto que constituya una violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal o a la igualdad, y que cumpla con las condiciones de un crimen de lesa humanidad, con prescindencia de cuándo haya sido ejecutado, es penalmente perseguible en todo tiempo, es decir, es imprescriptible.”

En el sistema de protección del viejo continente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha perfilado una línea jurisprudencial en un sentido muy similar. Así, se tiene, por ejemplo, el caso Kolk y Kislyiy Vs. Estonia del año 2006. En este caso, dos personas habían sido condenadas por un tribunal estonio por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1949. Según los demandantes, se les debía aplicar el Código Criminal de la URSS de 1946 que no incluía crímenes de lesa humanidad, puesto que los hechos habían ocurridos cuando Estonia era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, el Tribunal estonio que los condenó aplicó el Código Penal de Estonia vigente en ese momento que si tipificada los crímenes de lesa humanidad y, de igual forma para fundamentar su decisión, invocó el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

Al resolver, el TEDH consideró que para la fecha en la cual los demandantes habían cometidos los hechos imputados, éstos constituían crímenes bajo el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Además, el TEDH recordó que, de conformidad con la Resolución 95(I), de 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU dejó establecido que el Estatuto y la Sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg habían sido reconocidos como principios generales del Derecho Internacional y que los Principios de Derecho Internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y sus sentencias, prescribían que “toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.” Es decir, El TEDH entendió que, independientemente de si estuvo tipificado o no, lo cierto es que al menos desde 1946 los crímenes de lesa humanidad ya eran perseguibles y, además, constató que al ser Estonia un Estado miembro de la ONU, conocía de dicha declaración (resolución).

Estos son tan solo algunas reflexiones breves de cómo el Derecho Internacional en general, y el Derecho Penal Internacional en particular, han ido perfilando una posición tuitiva para hacer frente a aquellos actos que desgarran el velo de la humanidad mínima. Es necesario, en este contexto, observar lo ejemplificado por tribunales de otras latitudes y mal se haría en decirse, por ejemplo, que lo señalado por el Tribunal Europeo no debe ser tomado en consideración por la judicatura nacional, cuando el mismo Tribunal Constitucional ha tenido que recurrir a la jurisprudencia de dicho tribunal para establecer los criterios del plazo razonable.

Tampoco sería saludable dirigir argumentos de irretroactividad de la ley penal, según la ley penal peruana, puesto que, como bien señala el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados los Estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para eludir disposiciones de Derecho Internacional a las que se ha adherido libremente.


 

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