Por: Steven Ambrus.

En 1851, dos años antes de la abolición oficial de la esclavitud en Nueva Granada (hoy día, Colombia), las autoridades del lugar hicieron un censo que se convertiría en la imagen más clara de la economía de la esclavitud en el Siglo XIX.

Fue una instantánea de plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, minas de oro y numerosos esclavos. Ese censo, en un testimonio de los prolongados efectos de la esclavitud, no solo presenta actualmente un mapa a grandes rasgos de la desigualdad en Colombia en el Siglo XXI, sino que además esclarece un acalorado debate sobre la relación entre desigualdad y delincuencia.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, y ocupa el 143^er lugar entre 154 países, según los Indicadores del Desarrollo Mundial de 2013. Es además uno de los países con más violencia del mundo, y ocupa el 180^mo lugar entre 190 países en términos del índice de homicidios, según un informe de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Parecería que hay una relación entre esas dos realidades.

Pero demostrar que la desigualdad causa delincuencia es sumamente difícil. La desigualdad, como demostró el académico Gary Becker, puede hacer aumentar los incentivos que pueden llevar a personas de bajos ingresos a robar a los más acomodados, especialmente donde impere la impunidad y sean relativamente escasas las probabilidades de ser atrapado. Como han observado otros académicos, la desigualdad también puede hacer aumentar el crimen violento, a medida que la “tensión social”‒el sentido de injusticia y el resentimiento entre los pobres‒ va desarticulando y debilitando los lazos que por lo demás contribuyen a mantener la paz.

Al mismo tiempo, ciertos factores sociales y políticos inciden tanto en la desigualdad como en la delincuencia. Instituciones gubernamentales débiles, poco meritocráticas, captadas y controladas por las elites, y corruptas, por ejemplo, tienden a perpetuar la desigualdad. Pero también dan lugar a cuerpos policiales poco eficaces y sistemas judiciales que facilitan aún más la comisión de delitos. Desenmarañar estos factores es vital para determinar si la desigualdad y la criminalidad simplemente coexisten o mantienen una relación de causalidad: es decir, si la desigualdad efectivamente causa la criminalidad.

Es en este punto donde entra el censo de 1851. En gran parte de la obra publicada sobre Economía, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se entiende que la esclavitud explica en parte las desigualdades que existen hoy día. Ellas se remontan a la relación más desigual de todas: la de amo y esclavo. Se perpetúan de generación en generación, cuando esclavos recién emancipados y sus descendientes luchan para adquirir tierra, formación y empleo. En Colombia, ese legado explica mucho: la concentración de tierras y la desigualdad son mayores en aquellos municipios del país donde hubo el mayor número de esclavos trabajando en las plantaciones o en las minas de oro en 1851.

El censo de 1851 actúa entonces como una especie de mapa de la desigualdad actual. Y es el motivo de que los investigadores Juan Vargas y Paolo Buonanno lo usen en un estudio para el BID en el que analizan cómo se correlacionan los registros de la esclavitud con el hurto de vehículos y el homicidio. Los autores revisaron las estadísticas oficiales de delincuencia durante el período 2005-2007. Hicieron los ajustes correspondientes por densidad poblacional, proporción de hombres jóvenes, nivel promedio de formación y otros varios factores, incluido el origen étnico, que se han usado para explicar la criminalidad.

En ese proceso descubrieron la existencia de una relación muy estrecha entre los municipios con altos niveles de tenencia de esclavos durante el Siglo XIX y la actividad delictiva. De hecho, los municipios con las mayores cantidades de esclavos en 1851 ‒y por lo tanto altos índices de desigualdad hoy día‒, registraron de ocho a 10 veces más homicidios y ocho veces más hurtos de vehículos que los municipios con los números más bajos de esclavos.

Últimamente los gobiernos se han venido esforzando por formular políticas capaces de combatir mejor la delincuencia. Han probado con una mayor presencia policial en zonas álgidas, donde la policía concentra recursos en zonas con altos índices delictivos; dándole una mayor participación a la comunidad en la labor de prevención, es decir, estrechando las relaciones entre la policía y las comunidades locales, y otras estrategias.

Pero si la desigualdad causa criminalidad, como sugiere el estudio de Vargas y Buonanno, quizás ninguna de esas iniciativas sirva si no se combate la desigualdad por la raíz. Claro que los programas para padres, una mejor formación y capacitación laboral, enfoques que se abordan en nuestra publicación insignia, Aprender mejor: Políticas públicas para desarrollar aptitudes, a ser publicado próximamente, son todos piezas de este rompecabezas. Otra pieza clave es una reforma de las instituciones gubernamentales que impida que las elites se apropien de la riqueza y las oportunidades.

Después de todo, la lucha contra la desigualdad es uno de los retos más complejos y esquivos del desarrollo. Sin ella, sugieren los autores, toda esperanza de mantener segura a la ciudadana también puede resultar efímera.

Steven Ambrus trabajó como corresponsal de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos y de Europa durante dos décadas en América Latina cubriendo política, educación, medio ambiente y otros temas.

Posts relacionados:

SOURCE: Los Blogs del BID