La mayoría de los desplazados en Colombia por el conflicto armado de medio siglo quiere volver a sus tierras que debieron abandonar por la violencia, según la primera encuesta nacional sobre intención de retorno de estas víctimas, divulgada este martes.

A los campesinos a los cuales se les ha restituido judicialmente la tierra, en un 86% de los casos quieren un retorno pleno o un retorno para la explotación económica de sus predios. Hay una voluntad de retorno mayor de lo esperado: Luis Garay, investigador jefe del estudio realizado por la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)

El estudio, que consultó a 2.594 campesinos en diferentes regiones de Colombia, dividió a los afectados entre aquellos que ya cuentan con una sentencia de restitución por parte de un juez y aquellos que están en proceso de obtenerla.

Este sondeo se realizó en el marco de la ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que prevé la devolución y formalización de los predios a las víctimas del despojo y abandono forzoso a partir del 1 de enero de 1991 y con ocasión del conflicto armado interno en Colombia.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras funciona mediante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al ministerio de Agricultura, encargada de hacer un registro de tierras abandonadas o despojadas y llevar las solicitudes o demandas de restitución ante la justicia.

Hasta la fecha, más de 2.500 sentencias han ordenado la restitución material del predio, según la URT.

Sin embargo, en el departamento de Córdoba (oeste), fuertemente afectada por grupos paramilitares en los años 1990 y 2000, la situación actual “es muy complicada”.

La restitución avanza muy bien pero los que han perdido la tierra han intentado bloquear la entrega. El gran reto es que todo aquel que fue despojado recupere su tierra y que no la vuelva a vender, que el campesino se instale allí: Ricardo Sabogal, director general de la URT, al señalar denuncias penales contra víctimas y funcionarios para “torpedear” la restitución de dominios.

Agregó que próximamente se abrirán oficinas de la URT en los departamentos de Caquetá (suroeste) y Neiva (centro), zona de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), próximas a sellar un acuerdo de paz con el gobierno.

El conflicto interno colombiano, que en más de cinco décadas ha involucrado a las FARC y a otras guerrillas, así como a paramilitares y fuerzas del Estado, deja ya más de 7,5 millones de víctimas según cifras oficiales, de los cuales 6,6 millones son desplazados. AFP