Si el derecho al desarrollo fue originalmente afirmado en una época post colonial (sobre todo como un derecho de los Estados), y se asoció con una cierta vía de “desarrollo” que dependía fuertemente de la modernización y la industrialización, es importante afirmar que hoy en día existen varias concepciones e interpretaciones de qué implica el proceso de desarrollo, y que las y los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales deberían ser incluidos como participantes de pleno derecho en ese diálogo.

2. EL DERECHO A DISPONER DE LOS RECURSOS NATURALES

El derecho a disponer de los recursos naturales de los y las campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales puede definirse como su derecho a ejercer control sobre los recursos naturales cercanos de los que dependen sus medios de vida.

El derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos como un derecho de los pueblos. Se afirma tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (6).

El derecho a disponer de los recursos naturales —entendido como el derecho a participar en la explotación de los recursos naturales, y a beneficiarse de ella— está considerado un derecho colectivo. Es un aspecto central del derecho a la libre determinación, y está estrechamente relacionado con el derecho de un pueblo a no ser privado de sus propios medios de subsistencia (7).

La cuestión de cómo interactúa tal derecho de los pueblos con el principio jurídico internacional de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, que es un principio bien establecido en el derecho internacional público, ha sido desde hace tiempo fuente de controversias (8). Esta tensión entre los Estados y sus pueblos en torno a quién controla los recursos naturales ha sido especialmente perjudicial para los y las campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, cuya falta de acceso a la tierra (y a los recursos naturales que contiene) ha contribuido a su inseguridad alimentaria y vulnerabilidad (véase la nota sobre el derecho a la tierra), en algunos casos amenazando su derecho a la vida.

Se reconoce comúnmente que el derecho de los pueblos y naciones a una soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse “en interés de su desarrollo nacional y del bienestar de los pueblos del Estado en cuestión” (9). En otras palabras, hay una limitación a la soberanía del Estado porque este ha de asegurar que los recursos naturales se utilicen y exploten de manera beneficiosa para el pueblo. No obstante, ha sido difícil traducir en la práctica el alcance de esta limitación.

La Declaración podría ofrecer orientaciones muy útiles sobre este punto, integrando los avances recientes en el derecho internacional sobre el derecho a la alimentación y el emergente derecho a la tierra. De hecho, desde la adopción en 2004 de las Directrices voluntarias de la FAO sobre el derecho a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, el acceso a la tierra y a los recursos naturales ha sido reconocido (en la Directriz 8) como un componente clave del derecho humano a una alimentación adecuada. La mejora del acceso a la tierra y los recursos naturales para la población rural pobre se reconoce ahora como un componente fundamental de toda estrategia destinada a implementar el derecho a la alimentación. Asimismo, la importancia de reforzar la seguridad en la tenencia de la tierra y de proteger los “derechos legítimos de tenencia” ha sido rearmada en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional adoptadas en 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.